Castellón aprueba la ZAS para las calles que concentran las tascas

El PP aprobó ayer en solitario y con el voto de calidad del alcalde de Castellón, Alberto Fabra -debido a que la ausencia, por enfermedad, de Carlos Fabra se traduce en un empate a votos entre gobierno y oposición en el pleno-, la declaración como Zona Acústicamente Saturada (ZAS) de las calles en las que se ubican las tascas y sus alrededores. El grupo de gobierno, en boca del concejal de Sostenibilidad, Gonzalo Romero, fue quien abrió el debate sobre esta medida alegando, en un primer momento, que se trataba del cumplimiento de una sentencia, cargando contra el colectivo que, supuestamente, había formalizado la denuncia y posicionándose al lado de los empresarios de los locales. Sin embargo, la sentencia se refiere a otra zona de Castellón, tal como demostró ayer el portavoz del Bloc, Enric Nomdedéu, que acusó al popular de "mentir", de ser responsable de una "perversión grave" y de haber acusado al colectivo de "exigir el cumplimiento de la ley", tal como señaló Romero hace unos días.

El Ayuntamiento asegura que cumple la ley "por obligación"

Ayer, en el pleno, el edil del PP se mostró más cauto, pero no dejó de afirmar que cumplen la ley "por obligación", en referencia a la Ley de Protección contra la Contaminación Acústica aprobada por la Generalitat en 2002.

El hecho es que, desde que se aprobó la norma, el Ayuntamiento, al margen de singularizar las tascas para legalizar el consumo de alcohol en dos calles, sólo se aprobó un plan de acción zonal que exigía, entre otras cosas, la realización de unas mediciones. Castelló Sense Soroll recurrió a los jueces aportando sus propias mediciones y exigiendo que se realizaran también por parte del consistorio, pero no en las tascas, sino en otra zona de Castellón, en las calles colindantes con Lagasca, que reúnen una importante cantidad de establecimientos de ocio. Los tribunales condenaron al Ayuntamiento porque las mediciones reflejan que el ruido en Lagasca sobrepasa los límites legales y, ante este fallo, el colectivo comenzó a realizar mediciones también en las tascas, que indican que ambas calles superan, a partir de las 22 horas, los 65 decibelios permitidos por la ley, llegando incluso a superar los 90.

En cualquier caso, antes de que el colectivo llegara a los tribunales con esas mediciones, el PP ha optado por la declaración de ZAS, lo que ha desatado la polémica entre los cientos de usuarios que estos establecimientos tienen en Castellón. A juicio del concejal socialista Juli Domingo, la decisión del PP se ha adoptado por el "miedo" a que se reproduzca la sentencia que condenó al alcalde de Vila-real, Manuel Vilanova, por prevaricación, al no hacer caso de las denuncias de ruido presentadas por vecinos.