Una juez imputa a la ex alcaldesa de Estepona por corrupción

Poco a poco, los juzgados tratan de desentrañar la forma en la que el endeudado Ayuntamiento de Estepona (Málaga), centro de uno de tantos casos de corrupción municipal en 2008, se ha quedado sin dinero ni propiedades. La penúltima causa estudia la venta de parcelas municipales, por la que el ayuntamiento andaluz habría dejado de ingresar 6,4 millones. La cifra podría aumentar conforme avance la instrucción, ya que la juez Isabel Conejo, titular del Juzgado número 5 de Estepona, ha recibido informes de otras operaciones urbanísticas que elevarían las pérdidas a 17,3 millones.

Las primeras diligencias han acarreado la citación para declarar como imputados del ex tesorero municipal Félix Domínguez Pimienta, la edil Rosa Díaz, miembro del actual equipo de gobierno de David Valadez (PSOE), y el abogado Francisco González Valdés.

Junto a Rosa Díaz han sido imputados el ex tesorero y un abogado

Las ventas investigadas se hicieron a través de la sociedad municipal Servicios Estepona XXI, S. L., de la que eran liquidadores el antiguo tesorero, hoy jubilado, y el abogado; Rosa Díaz era alcaldesa del municipio con el Partido Popular en 2002, año en el que se cerraron las operaciones.

La imputación de Díaz supone un nuevo sobresalto y motivo de desequilibrio en el ya inestable equipo de gobierno municipal, formado por una coalición de varios partidos en minoría y presidida por el socialista David Valadez. La concejal, de vacaciones estos días en Marruecos, asegura que todavía no ha recibido citación alguna, pero que está "tranquila", según fuentes municipales.

El antiguo tesorero, Félix Domínguez Pimienta, mostró ayer la "alegría" de que "por fin se aclare el tema en los juzgados". Atribuyó la denuncia a su enemistad con el ex alcalde socialista Antonio Barrientos, imputado en el caso Astapa de corrupción municipal, y con Juan Manuel de Hoyos, el liquidador municipal que lo sustituyó. "Nosotros [Francisco González Valdés y Feliz Domínguez Pimienta] no tenemos nada que ver con las valoraciones de los terrenos", explicó.

El ex regidor Antonio Barrientos y Juan Manuel de Hoyos, que declaró como testigo hace unos meses, llevaron las operaciones a la Fiscalía en noviembre de 2006. Fuentes cercanas al caso aseguran que la investigación judicial no se reactivó hasta 2009, después de que Guillermo Álvarez Rato, abogado que trabaja con De Hoyos, se reuniera con la Fiscalía Anticorrupción y volviera a poner esas operaciones sobre la mesa. De Hoyos niega tener nada que ver. "Fue la Fiscalía quien lo rescató y lo llevó al juzgado", dijo ayer.

Las operaciones se detallan en un informe que De Hoyos presentó el 21 de enero de 2004 a la sociedad municipal afectada. El documento recoge la venta de cinco parcelas urbanizables -que suman 27.508 metros cuadrados- a través de Servicios Estepona XXI, S. L., en proceso de liquidación, y que fueron transferidas por el Ayuntamiento esteponero antes de ofertarlas.

Los solares se publicitaron el 9 de agosto de 2002 en un periódico deportivo; se interesaron por ellos tres empresas en las que se repetía el administrador. Finalmente, las parcelas, situadas en el Camino de la Resinera, fueron adquiridas por 4,1 millones. Según la valoración del arquitecto Germán José García Zumaquero, encargada por el liquidador, su precio de mercado aquel año era de 10,5 millones, es decir, más del doble.

Durante su declaración ante la juez, De Hoyos se ratificó en sus informes y le facilitó la documentación de tres casos más. En total, las operaciones por terrenos acarrearon una pérdida de nueve millones, y aquellas en la que lo que se vendía eran aprovechamientos urbanísticos, de 8,3 millones. Estas grandes diferencias hicieron que De Hoyos, que en el momento de la venta no ejercía como liquidador de las sociedades, solicitara un informe jurídico al abogado Guillermo Álvarez Rato en el que se destaca que las transacciones "no se ajustan a derecho".

El letrado aconsejó ejercer acciones penales contra los anteriores liquidadores y los compradores, que se declararan nulas las ventas y reclamar los daños y perjuicios causados. El actual equipo de gobierno recibió los informes a finales de 2008 y se comprometió a estudiarlos. El asunto no ha prescrito, según De Hoyos, por lo que el dinero podría volver a las maltrechas arcas esteponeras. La deuda municipal total está estimada en 160 millones de euros.