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El TSJ sopesa si deja que el juez de Madrid siga investigando a Camps

El tribunal valenciano, a punto de decidir sobre su papel frente a la corrupción.- Los socialistas están convencidos de que el caso se resolverá en Valencia

Tres meses después de que cuatro diputados socialistas presentaran una querella contra el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, seis altos cargos, cinco supuestos miembros de la trama de corrupción que afecta al PP y cinco conocidos empresarios, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) está a punto de decidir si acepta a trámite la querella por financiación irregular del PP valenciano o deja que el juez del TSJ de Madrid Antonio Pedreira, que instruye el conjunto del caso Gürtel, siga investigando al jefe del Consell.

Tras intentar sin éxito que Pedreira le comunicara el estado de las investigaciones, en su mayor parte bajo secreto de sumario, la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV, que preside Juan Luis de la Rúa, tiene varias opciones: aceptar a trámite la querella y, si es necesario, plantear ante el Tribunal Supremo un conflicto de competencias; declararse temporalmente incompetente; archivar provisionalmente la querella a la espera de que Pedreira levante el secreto del sumario, o archivar sin más.

Cinco empresarios figuran entre los 17 implicados en la querella

Consultada por el tribunal, la fiscalía se ha pronunciado a favor de que se declare temporalmente incompetente mientras Pedreira culmina su investigación y levanta el secreto del caso. Los diputados socialistas, en cambio, han recordado al TSJCV que el informe de la Brigada Policial contra el Blanqueo de Capitales en el que se basa la querella contiene suficientes elementos de prueba como para emprender la investigación.

Tras archivar en agosto pasado, contra la opinión del juez instructor, José Flors, la imputación por cohecho a Camps en el caso de los trajes regalados por la trama, el TSJ valenciano puede ahora quedarse al margen del resto de la investigación.El portavoz parlamentario de los socialistas, Ángel Luna, que firma la querella con los diputados Joaquim Puig, Carmen Ninet y Cristina Moreno, ha explicado que, tarde o temprano, el caso, dado que afecta a cargos aforados, tendrá que resolverse en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. "Por eso lo hemos presentado aquí", añadió. El secretario general del PSPV-PSOE, Jorge Alarte, a su vez, afirmó hace unos días que, se investigue donde se investigue, lo importante es que se llegue al fondo del asunto.

La querella va dirigida contra Francisco Camps, presidente de la Generalitat; Ricardo Costa, diputado y ex secretario general del PP valenciano; Vicente Rambla, vicepresidente del Consell; David Serra y Yolanda García, ambos diputados autonómicos, el primero vicesecretario general y la segunda tesorera del PP regional; Dora Ibars, directora general de Promoción Institucional de la Generalitat y responsable de la Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunidad Valenciana, y Pedro García, ex director general de Ràdio televisió Valenciana. También apunta a Francisco Correa, jefe de la trama corrupta actualmente en prisión, Álvaro Pérez, el hombre en Valencia de la trama y presidente de Orange Market; Cándido Herrero, de esta misma empresa; Pablo Crespo y José Luis Izquierdo, el hombre de confianza y el contable de la trama, respectivamente, según la investigación policial. Finalmente, la querella implica a los empresarios Enrique Gimeno, presidente de Facsa; Enrique Ortiz, de Ortiz e Hijos; Antonio Pons, presidente de Piaf; Vicente Cotino, sobrino del vicepresidente del Consell Juan Cotino y administrador del grupo Sedesa, y Luis Batalla, del grupo Lubasa.

El informe de la Brigada Policial de Blanqueo señala que estos últimos empresarios habrían pagado, a través de Orange Market, facturas correspondientes al PP valenciano. Por otra parte, los socialistas se apoyan en otro informe policial del caso Gürtel, que revela que la trama de corrupción cobró más de un millón de euros en comisiones ilegales por la sonorización y la instalación de pantallas para la visita del Papa a Valencia en 2006, gracias a un contrato adjudicado por RTVV. Los socialistas consideran que hay indicios de "delito continuado de falsedad, financiación ilegal de partido político, malversación, prevaricación, cohecho y delito fiscal".

La opinión de la Fiscalía Anticorrupcción, en el sentido de que el TSJCV debe declararse "por el momento incompeteente" para no incurrir en "una duplicidad de procedimiento" confirma indirectamente que estos mismos hechos están siendo investigados por el juez del TSJ de Madrid Antonio Pedreira. La fiscalía tiene acceso a las actuaciones que desarrolla el juez.

La parte valenciana del 'caso Gürtel'

- Agosto de 2009. La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana archiva la investigación por cohecho a Francisco Camps, Ricardo Costa, Víctor Campos y Rafael Betoret, que recibieron trajes regalados por la trama de corrupción, pese a que el instructor, José Flors, era partidario de seguir. Paralelamente, rechaza hacerse cargo de la investigación del informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales que le envía el juez Pedreira, instructor del 'caso Gürtel' en el TSJ de Madrid.

- Noviembre de 2009. Cuatro diputados socialistas presentan una querella ante el TSJCV contra Camps y otras 16 personas, basada en los informes de la Brigada Policial de Blanqueo.

- La sala de lo Civil y Penal, tras recibir la negativa de Pedreira de revelar sus investigaciones, se dispone a tomar una decisión. La fiscalía pide que se declare incompetente "de momento". Los socialistas alegan que hay pruebas para investigar a Camps

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 15 de febrero de 2010

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