Tresserras afirma que Cataluña será "un precedente positivo" para las 'majors'
"Nuestro objetivo no es perjudicar al sector, sino ayudarle a dar el salto de modelo que necesita", insistía ayer el consejero de Cultura de la Generalitat, Joan Manel Tresserras. Está convencido de que el precedente catalán que tanto temen las multinacionales estadounidenses de la distribución cinematográfica puede ser "positivo", porque "con los cambios que supone la digitalización se encontrarán dentro de poco que en otras partes les harán las mismas demandas". Cataluña puede ser para las majors, asegura, "un perfecto lugar para experimentar este cambio de modelo".
En este sen...
"Nuestro objetivo no es perjudicar al sector, sino ayudarle a dar el salto de modelo que necesita", insistía ayer el consejero de Cultura de la Generalitat, Joan Manel Tresserras. Está convencido de que el precedente catalán que tanto temen las multinacionales estadounidenses de la distribución cinematográfica puede ser "positivo", porque "con los cambios que supone la digitalización se encontrarán dentro de poco que en otras partes les harán las mismas demandas". Cataluña puede ser para las majors, asegura, "un perfecto lugar para experimentar este cambio de modelo".
En este sentido, el consejero afirmó que paralelamente a la Ley del cine han previsto un fondo de ayudas extraordinario para ayudar a exhibidores y distribuidores en todos los campos, desde facilitar el propio doblaje a equipar digitalmente los cines o realizar campañas de promoción para animar la asistencia a las salas. Este fondo, afirmó Tresserras, estaría dotado con entre seis y nueve millones de euros anuales hasta 2011 y entre nueve a doce millones también anuales a partir del final del proceso de despliegue de la ley, que se implantará de manera progresiva a lo largo de los próximos cinco años desde que se apruebe. La ley, de todas maneras, no se aplicará de forma inmediata una vez que se apruebe, previsiblemente en julio, en el Parlament catalán ya que habrá un plazo de seis meses para desplegar los reglamentos necesarios para hacerla efectiva. Estas ayudas serían independientes a las previstas para ayudar a la producción.
Estas cantidades son muy superiores a las pérdidas que en principio había calculado el estudio encargado por distribuidores y exhibidores para calcular las consecuencias económicas de la aplicación de la ley. El estudio del economista Oriol Amat cifraba, por ejemplo, en 5,20 millones de euros, como máximo, las posibles perdidas de recaudación que podrían tener los exhibidores en el caso de los espectadores rechazaran las versiones catalanas de las películas. El coste del doblaje lo cifraba en unos 7,3 millones de euros.