Educación reaviva la polémica al cerrar un colegio en Cervo

Intereses urbanísticos o revanchismo político. Esos son los únicos argumentos que encuentran los padres del colegio público Rivera Casás, ubicado en la localidad de San Ciprián dentro municipio lucense de Cervo, para que la Consellería de Educación haya adoptado la decisión de cerrarlo y escolarizar a sus 68 alumnos en otro centro.

Los padres anuncian batalla y un inicio de curso escolar con polémica. De entrada, recurrirán a la vía judicial y para el 7 de agosto han programado una jornada reivindicativa en la que se incluye un abrazo humano al centro en el que participarán abuelos, padres, alumnos y ex alumnos.

El interés de la consellería y el Ayuntamiento cervense de cerrar el colegio se remonta al año 2005, cuando Educación ya había decretado la inactividad de este centro. El cambio de gobierno, con la entrada del bipartito en la Xunta y la persistencia de la Asociación de Madres y Padres (Ampa), impidieron que se consumara el cierre.

Según los padres, la intención de la consellería de Celso Currás (PP) era facilitar el interés del Ayuntamiento por desafectar el inmueble para proceder luego a su demolición y construir una plaza-balcón sobre el mar. De todas formas, el Ampa también sospecha de la posible existencia de un interés urbanístico. Por aquel entonces se estaba levantando un edificio en las inmediaciones del colegio que se vería beneficiado, dando la posibilidad de dar más alturas a los edificios al desaparecer el criterio de dotación que tenía la infraestructura educativa.

Pese a la decisión de Educación de mantener abierto el Rivera Casás, el inicio de curso de ese año no estuvo exento de polémica, ya que el Ayuntamiento, como propietario del inmueble, había cambiado las cerraduras y fue imposible dar clase en la jornada inaugural. Al día siguiente tuvo que acudir un cerrajero, escoltado por la Política Autonómica, para realizar otro cambio de cerraduras y que las clases pudieran continuar con normalidad. Posteriormente se produjeron dos sentencias del juzgado de lo contencioso-administrativo de Lugo en contra de los criterios exhibidos por la entidad municipal.

Una vez recuperado el gobierno de la Xunta por el Partido Popular, la nueva Consellería de Educación retomó la idea de cerrar el Rivera Casás, pese a tratarse de un colegio que en este tiempo duplicó su matrícula, pasando de los 30 alumnos de 2005 a los 68 que tiene en la actualidad.

Sí había otras opciones

Aunque hay varios solares que también se podrían beneficiar en altura de la desaparición dotacional, los padres creen, tras el receso en la construcción, que el cierre obedece únicamente a un revanchismo político por lo ocurrido en 2005.

De hecho, el director general de Centros, José Manuel Pinal, justificó la decisión en la existencia de un informe que, supuestamente, aconsejaba que los niños fueran a otro colegio en mejores condiciones, ubicado en las afueras del núcleo de San Ciprián.

El informe se emitió el 27 de mayo y los padres acudieron a la inspección para interesarse por su contenido. Fue allí donde se encontraron con la sorpresa de que únicamente se valora si las dos comunidades educativas pueden ser acogidas en el centro de Galdín, pero no se analiza la posibilidad de que pueda suceder lo mismo en el Rivera Casás.

"Esto confirma que la decisión no responde a motivos técnicos, puesto que no se tiene en cuenta la comparación entre ambos centros", concluyó Beatriz Vázquez, una de las portavoces de la Ampa. Pero, además, en el mismo informe elaborado por la Jefatura de Inspección se indica que, la fusión de los centros y la escolarización en el CEIP de Galdín, "dada su situación fuera del núcleo urbano y la peligrosidad de las vías de acceso", exigiría el transporte de todo el alumnado, algo que no sucede en la actualidad.

En cuanto al servicio de comedor, el informe también pone reparos a la posibilidad de fusión y advierte de que los 93,17 metros cuadrados del comedor de Galdín serían "insuficientes" para dar servicio a todos los alumnos, lo que haría necesario el establecimiento de turnos para comer.

Informes al margen, la Ampa también apela a las normativas autonómicas, estatales y europeas que defienden que los servicios dotacionales o públicos estén cerca de los ciudadanos. Aluden, asimismo, a la propia Constitución Española que, advierten, "preserva por encima de todo la integridad de los menores, y no es de recibo que de una forma tan descarada quieran obligar a una comunidad educativa a exponer a sus hijos de forma innecesaria a riesgos importantes".

De todas formas, la Ampa luchará "por todos los medios" para evitar el cierre del colegio. De momento ya han solicitado la mediación del Valedor do Pobo y una entrevista con el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, al que quieren explicar que en este asunto se actuó "con gran oscurantismo" y recordarle que una de sus promesas electorales fue que no iba a adoptar ninguna decisión que afectase a una comunidad educativa sin consultarla previamente. "Pues aquí, de momento, no se nos ha tenido en cuenta para nada", concluyó Beatriz.