El largo otoño de las inmobiliarias

Se acumulan las noticias, la mayoría no precisamente buenas, en la vuelta al curso, pero una de las más llamativas es el hundimiento del sector inmobiliario. El mes de agosto ha pasado como si fuera una tregua. Pero sólo era un espejismo, porque las empresas no han tenido vacaciones. No han dejado de renegociar sus deudas y de hacer cábalas para evitar que continúe creciendo la cadena de concursos de acreedores (suspensiones de pagos) que inició Martinsa Fadesa y han alargado las pequeñas inmobiliarias o promotoras de ámbito local.

El denominado G-14, lobby en el que se agrupan las compañías más representativas del sector (Reyal, Colonial, Metrovacesa, Vallehermoso, Chamartín, Rayet, Recesa, Realia, Renta Corporación, Parquesol, Martinsa, Restaura, Nozar y Asprima), tiene previsto reunirse a mediados de septiembre. La reunión tiene como objetivo poner sobre la mesa unos problemas que ya se conocen, unas realidades que también y unas posibles soluciones para las que reclamarán el apoyo del Ejecutivo, además de la banca. La asociación que dirige el ex secretario de Estado Pedro Pérez, creada con el propósito de funcionar como grupo de estudios y presión, prevé que en los próximos meses se extreme la gravedad y se extiendan las dificultades a otros segmentos del sector como los centros comerciales y las oficinas.

La venta de activos se ha convertido en una de las soluciones más factibles a corto plazo, y a ella han recurrido la mayor parte de las empresas con capacidad para hacerlo después de haber engordado de forma significativa en la etapa de vacas gordas. Pero eso sólo lo pueden hacer las grandes del sector, que por otra parte se están viendo obligadas a depreciar esos activos para ajustar su patrimonio (sólo Reyal y Colonial suman un descenso de 2.500 millones en ese concepto). Pero es que, además, apenas les ha servido para reducir una deuda que asciende a 26.000 millones y cuyos intereses absorben una tercera parte de los ingresos en lo que va de año.

Las peticiones no van a resultar nuevas para el Gobierno: facilidad de acceso a terrenos, medidas fiscales, ayudas al comprador, dotar de liquidez al sector financiero, entre otras. El Ejecutivo, que ha centrado en este sector gran parte de su paquete de medidas por razones obvias, ha concebido muchas esperanzas en las viviendas de protección oficial (VPO). Sin embargo, no parece ser la solución perfecta. Se han encontrado con que la banca no está muy dispuesta a conceder alegremente créditos para la compra de este tipo de vivienda por la sencilla razón de que los potenciales compradores, normalmente con menos recursos, presentan potenciales dificultades de pago. En fin, un círculo vicioso ante el que las empresas reclaman más compromisos por parte del Gobierno.

Mientras tanto, los rumores de suspensión se han centrado de nuevo en Reyal Urbis y en Colonial, cuyas deudas han rebasado los ratios máximos permitidos y no han tenido más remedio que buscar el auxilio de la banca. Reyal cuenta con el respaldo del grupo Santander para el aplazamiento de una deuda de 3.000 millones de euros (la sociedad presidida por Rafael Santamaría adquirió Urbis a Banesto y de aquellos polvos...). Colonial, empresa que preside Juan José Bruguera, ha logrado un aplazamiento de año y medio in extremis a cambio de emitir bonos convertibles por valor de 1.400 millones de vender activos tan importantes como Riofisa, el 15% de FCC y el 33% de la filial francesa SFL. Pero no son sólo éstas. Metrovacesa arrastra un endeudamiento de 14.000 millones, Aisa también renegocia su deuda y vende activos, otras buscan negocios en países del este.

Pero es que el sector no son sólo las empresas del G-14, ni mucho menos. En España hay en torno a 4.000 inmobiliarias, según fuentes del sector, que no cuentan con activos para vender y de las que se conocen poco más allá de su radio de acción local. Representan el 95% de las viviendas y las entidades financieras no tienen con ellas la consideración que tienen con las grandes. No pueden hacer frente a las deudas y están cayendo por goteo. En el mercado hay 1,6 millones de viviendas vacías, según una fuente autorizada. "Es difícil colocar un producto que no está hecho para una crisis; son viviendas caras y ésas no se compran cuando las cosas van mal", explica.