A Coruña exime a los promotores de Ikea de compensaciones urbanísticas

La planificación que realizó el anterior gobierno local de A Coruña para la creación de una ciudad comercial y de ocio en una zona del polígono industrial de A Grela-Bens, gracias al impulso de un gran centro que va a instalar Ikea, incluye la exención a los promotores de las contrapartidas inherentes a una operación de reforma urbana. Contraprestaciones tales como la cesión sin cargas de terreno para viales, equipamientos y zonas verdes, así como el pago de las plusvalías generadas por el sustancial incremento del aprovechamiento urbanístico de la zona.

En el pleno del pasado 10 de diciembre en el que la corporación acordó calificar como zona de uso terciario la parcela donde se ubicará la gran superficie comercial y otras fincas colindantes, sancionó asimismo "el reajuste del límite entre los distintos suelos rústicos en la zona de As Rañas y la supresión del Área de Planeamiento Remitido (APR)".

Es decir, se pasó de considerar la planificación de la zona de la parcela del anterior estado de "pendiente de una futura especificación" (de la aprobación de un plan especial de infraestructuras), a definitiva. A la espera de esa futura normativa que no se producirá, el vigente Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) de 1998, concedía a la zona la calificación de suelo urbano consolidado. Ello a pesar de que incluye terrenos calificados como de uso agrícola y, salvo la carretera de Carballo que constituye su linde norte, el resto de los viales existentes son viejos caminos rurales y pistas, asfaltadas o no.

De hecho, según la concejala de Urbanismo, la socialista Mar Barcón, la propuesta municipal aprobada el pasado mes de diciembre que tiene que refrendar la Consellería de Política Territorial, "sólo pretende que todos los terrenos del futuro centro comercial tengan la misma consideración que los que están al lado", es decir, suelo urbano consolidado.

Pero una sentencia del Tribunal Superior de Galicia en 2003 desestimó la pretensión del propietario de unas naves industriales en la zona de que se incluyesen como suelo urbano, argumentando que, si bien uno de los frentes era la carretera de Carballo, "el otro lo tienen al Camino del Bosque, de trazado irregular y con notorios estrechamientos". Los terrenos no pueden ser considerados como urbanos consolidados, concluía la sentencia, porque "tienen que ser sometidos a una actuación de ejecución integral".

La calificación es importante. Porque los propietarios de terrenos urbanos no consolidados están obligados, no sólo a costear las conexiones viarias, sino también a ceder gratuitamente el suelo necesario para viales y servicios generales, así como zonas verdes y equipamientos, y a ceder también la plusvalía generada por el aprovechamiento urbanístico, alrededor del 10% del terreno.

El coste de los viales

De igual modo, la actual legislación estatal del suelo establece que en casos de actuaciones de transformación urbanística ("las que tengan por objeto reformar la urbanización de un ámbito de suelo urbanizado"), los promotores deberán costear los viales de conexión, entregar a la Administración suelo para servicios y zonas verdes y otro porcentaje (del 5% al 15% del terreno) de acuerdo con el incremento de edificabilidad.

Nada de esto está reflejado en el convenio que los propietarios de los terrenos y promotores de la nueva ciudad comercial coruñesa, Invest Cos, con el Ayuntamiento. Invest Cos (sociedad de los empresarios Manuel Jove, José Collazo y José Souto) firmó con el gobierno local comprometiéndose a costear el nuevo trazado de la tercera ronda (que antes atravesaba el solar) y de los viales necesarios para evitar un colapso de tráfico.