Los vecinos del Carmel que no han perdido su casa reclaman 30.000 euros por daños morales

Las entidades que representan a los vecinos del Carmel que conservan sus casas, un millar de personas, reclaman al menos 30.000 euros como indemnización por daños morales. La Asociación de Vecinos del Carmel exigirá al Gobierno catalán que suba los 6.000 euros que ofrece a cada afectado hasta 30.000. También la portavoz y abogada de la Asociación de Afectados Línea 5 del Carmel, Mari Carmen Pérez-Pozo, afirmó que pedirá que las indemnizaciones para el resto de desalojados sean, como mínimo, las mismas que recibirán los que han perdido su casa.

Los 30.000 euros para compensar daños morales que fija el preacuerdo al que los abogados de las 34 familias que perderán su vivienda por derribos llegaron ayer con el Gobierno catalán, será el punto de partida para las asociaciones que representan al resto de los desalojados, que rondan el millar de personas. Así lo interpretaban ayer todas las entidades y también los vecinos que no podrán regresar a sus domicilios. "Lo que consigan ellos dependerá de lo que hemos logrado nosotros", aseguró Laura Alcampel, vecina del inmueble número 6 de la calle de Conca de Tremp.

El secretario de la Asociación de Vecinos del Carmel, Constantino Enguídanos, consideró que los 6.000 euros que ofrece el Gobierno catalán para compensar los daños morales son "insuficientes" y aseguró que los representantes de la entidad se reunirán con el consejero de Política Territorial, Joaquim Nadal, para exigirle que esta cantidad suba hasta 30.000 euros. "Pediremos que todo el mundo reciba el mismo dinero", afirmó.

En términos mucho más duros se expresaron los portavoces de las otras dos plataformas de afectados. Tomás García, portavoz de la Asociación de Damnificados, dijo que los 6.000 euros que propuso el Gobierno catalán son "un insulto a la inteligencia humana" y aseguró que presionarán a las administraciones para que les paguen más dinero.

Pérez-Pozo, que también representó a familias que se han quedado sin vivienda, aseguró que los vecinos que podrán volver a casa deben ser compensados al menos con 30.000 euros. "El daño moral de los vecinos que están pendientes de volver a casa es igual o peor, porque la incertidumbre y la angustia que supone que nadie garantice que no se moverá el suelo es superior. Por lo menos, tenemos el mismo daño moral", terció Pérez-Pozo.

Comienzo de revisiones

Después de haber plasmado ya los primeros acuerdos en un documento, el segundo intento de inspeccionar las viviendas de los desalojados no deberían tardar. En una entrevista en RNE Nadal pronosticó que entre ayer y hoy debían empezar las revisiones para que unas 500 personas puedan volver a sus casas. Sin embargo, fuentes de Política Territorial aseguraron por la tarde que las inspecciones no podrían empezar todavía, puesto que ayer aún se preparaban los grupos de trabajo y, además, los vecinos condicionaban las revisiones a la entrega de numerosos informes que garantizaran la seguridad de los pisos y el subsuelo.

El mismo departamento informó de que varias familias han solicitado que se inspeccionen sus viviendas, entre las cuales hay numerosos tenderos. El presidente de la Asociación de Comerciantes Carmel-Centre, Josep Maria Mas, aseguró que ha recibido peticiones de varios asociados de las calles más alejadas de la zona del socavón que quieren abrir sus negocios para recuperar la normalidad del barrio.

La tranquilidad se recupera de forma lenta pero progresiva en el barrio. El sábado se abrirá al tráfico la calle de Llobregós. La Generalitat ha decidido normalizar la circulación de esta calle una vez finalizados los trabajos de sellado del túnel de maniobras, que suponen una disminución de paso de camiones y maquinaria pesada.

La Asociación de Vecinos del Carmel difundió ayer en un coche con megafonía la convocatoria de la manifestación de mañana. Han confirmado su presencia afectados por grietas de Tarragona y Sallent, la Federación de Asociación de Vecinos de Barcelona, el sindicato Comisiones Obreras y las entidades de afectados del barrio.