El Consell destina otros 105 millones a la deuda de la Ciudad de las Artes

El Gobierno valenciano aprobó ayer una nueva ampliación de capital de 105 millones en el capital de la empresa pública Ciudad de las Artes y las Ciencias (CACSA) para hacer frente a las deudas multimillonarias de la sociedad. El desembolso, que se realiza anualmente, elevará el capital suscrito por la Generalitat desde la constitución de la sociedad a 310 millones de euros. Cifra necesaria para afrontar las pérdidas de 2005, estimadas en 48 millones, y hacer frente a los 210 millones de deuda a corto plazo y 452 a largo plazo. La autorización del Consell coincide con el lanzamiento de una operación inmobiliaria de venta de suelo y las discrepancias sobre los posibles candidatos que pueden cubrir la vacante de director general del complejo.

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Los convenios suscritos en 1999 y 2001 -con Eduardo Zaplana de presidente de la Generalitat y José Luis Olivas de consejero de Economía- por importe de 608 millones de euros a pagar en plazos que oscilaban entre los 8 y los 24 años siguen pesando como una losa sobre la Ciudad de las Artes y las Ciencias, que sigue generando pérdidas cada año.

El Consell de Francisco Camps aprobó ayer una nueva ampliación de capital por importe de 105 millones de euros -106 aparecen consignados en el presupuesto-, de los que ayer se desembolsaron 30. El resto del dinero se hará efectivo en julio (35 millones) y octubre (40).

La decisión se adoptó ayer, un día antes de que el propio Camps y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, relancen el proyecto de construcción de cinco grandes edificaciones -cuatro rascacielos- diseñadas por el arquitecto Santiago Calatrava y previstos en una parcela, la M3, que se aportó también en septiembre de 2002 como desembolso no dinerario de parte de una ampliación del capital social de 102 millones de euros.

La parcela M-3, junto con la M-1 (que perderá su condición de edificable después del acuerdo entre Camps y Barberá para trasladar toda su edificabilidad a la M-3), y una tercera denominada M-2 fueron aportadas por la Generalitat como desembolso no dinerario de la ampliación de capital de 2002.

Las parcelas M-2 y M-3 fueron evaluadas en 52,1 millones de euros. El informe de la Sindicatura de Comptes advirtió sin embargo en 2002 que las valoraciones que figuraban en las escrituras de las parcelas M-1 y M-3 eran entre un 6% y un 9% inferiores a las realizadas por los técnicos. El consejero de Economía, Gerardo Camps, espera ahora obtener, como mínimo, unos ingresos de 280 millones de euros por la venta de la parcela M-3 y el masterplan -el diseño de los rascacielos diseñados por Calatrava sobre láminas de agua- con los que aligerar la deuda que arrastra CACSA.

Toda esta compleja operación financiera diseñada a partir de la suscripción del crédito sindicado en 1999 obliga al Consell a resolver la "situación jurídica de incertidumbre" sobre la propiedad del suelo. Una cuestión sobre la cual, la Sindicatura de Comptes ha alertado en sus auditorías, donde recuerda que el suelo de la Ciudad de las Ciencias es patrimonio de la Generalitat y no de la empresa pública, pese a que el Consell sea su junta de accionistas. En la última auditoría, correspondiente a 2003, la Sindicatura indica que, pese a las gestiones que se han realizado, "nos encontramos ante la existencia de un simple estado posesivo que por sí mismo no atribuye a CACSA el derecho de edificar sobre los terrenos, ni la propiedad sobre lo que se edifique".

La ambiciosa operación urbanística coincide también con las discrepancias sobre la persona que debe ocupar el puesto de director general de la empresa pública Ciudad de las Artes y las Ciencias SA después de la marcha el pasado mes de enero de José Manuel Aguilar, un técnico con fama de eficiente que, según fuentes de la empresa, ha sabido introducir elementos de racionalización en la gestión del importante complejo cultural.

Fuentes del Consell apuestan por una persona de perfil más técnico que político, que podría proceder de fuera de la Comunidad Valenciana. Sin embargo, otras fuentes del PP no descartan, aunque lo creen bastante improbable, que pudiesen ocupar el puesto Pilar García Argüelles o Miguel Navarro. Ambos ya ocuparon el puesto de director general y son personas que han estado estrechamente ligadas a José Luis Olivas, ahora presidente de Bancaixa y buen conocedor de un proyecto que modificó sustancialmente tras la victoria del PP en 1995.