La cuarta edad

A sus 87 años, viuda desde los 50, a Concha López se le va la pensión de apenas 400 euros en el alquiler de un pequeño piso de renta antigua del barrio madrileño de Tetuán donde vive sola, en el abono parcial de la factura del centro de día de Sageco (fundación de la Cruz Roja para la tercera edad) convertido desde hace 17 años en su segundo hogar, en su contribución al pago de una mínima ayuda domiciliaria, en el abono de recibos y en la cesta de la compra.

Afortunadamente, goza de buena salud. Sólo algún resfriado de vez en cuando. Si no fuera por esa maldita rodilla que le dolía hasta el grito, que la condujo a un quirófano en el que le implantaron una prótesis y que la hace depender de una muleta y de la ayuda ajena...

Dos millones de mayores de 65 años, el 25% de ese grupo de edad, tienen problemas de dependencia y necesitan ayuda para efectuar actividades básicas de la vida diaria

Se creará un fondo estatal dotado con 1.000 millones de euros para ocho años y que permitirá ampliar la red de servicios para las personas dependientes

El Gobierno pretende que, en el plazo de un año, esté listo un libro blanco sobre la dependencia, a partir del cual se elabore una ley básica estatal

Amparo Valcarce, secretaria de Estado: "El modelo que garantiza la sostenibilidad del sistema y financiación suficiente es el seguro público de dependencia"

En todo el país hay 18.600 plazas en centros de día, 240.000 en residencias, 197.000 beneficiarios de ayuda domiciliaria y 104.300 de teleasistencia

De no ser por esa maldita rodilla, que convierte en un martirio subir o bajar un par de escalones, Concha no formaría parte del colectivo, cercano a los dos millones de españoles mayores de 65 años (el 26% de ese grupo, el 4,5% de la población total) que encajan en la definición que el Consejo de Europa hizo en 1998 de la dependencia: "Estado en el que se encuentran las personas que por razones de autonomía física, psíquica o intelectual, tienen necesidad de asistencia y/o ayuda importante para realizar las actividades de la vida cotidiana".

Son los integrantes de la cuarta edad, que unen a los achaques propios de los años los problemas de la dependencia, carga que también afecta a menores de 65 años, ya que el total de españoles con discapacidad, física o psíquica, supera los tres millones y medio. Todo un reto reflejado en el consenso político sobre la necesidad de crear un sistema integrado de atención a la dependencia recogido en la revisión del Pacto de Toledo.

La carencia de recursos resulta escandalosa. Con gobiernos de uno y otro signo, el tiempo ha ido pasando sin que se hayan puesto poco más que parches. Consuelo Valcarce, secretaria de Estado de Servicios Sociales, Discapacidad y Familia, asegura que esta vez la cosa va en serio: "El compromiso político de que ningún mayor o discapacitado quede sin atención es muy fuerte. Lo adquirieron el presidente del Gobierno en el debate de investidura y el ministro de Trabajo en su primera comparecencia en el Congreso. En el ánimo de todos nosotros, y en primer lugar del presidente, está que su mandato sea recordado sobre todo porque puso en marcha el Sistema Nacional de Dependencia, el cuarto pilar del Estado de bienestar, al mismo nivel que los otros tres, educación, sanidad y pensiones, y con la consideración de un derecho de ciudadanía. Es decir, los poderes públicos deben asegurar su ejercicio efectivo y regularlo por ley, junto con un catálogo de prestaciones".

¿Cómo lograrlo? Mediante el consenso. Con patronal, sindicatos, organizaciones sociales y partidos. Y con un gran acuerdo parlamentario. En el plazo de un año, añade, se elaborará un Libro Blanco sobre la Dependencia, a partir del cual se promulgará una ley básica que desarrollarán las comunidades autónomas.

La España de las autonomías refleja una tremenda disparidad en la atención a los dependientes. Residir en una u otra comunidad es vital para disfrutar de mejor o peor asistencia por parte de los poderes públicos. Las políticas y los medios concretos configuran un mapa de lacerantes desigualdades, sin que constituya una garantía la existencia de una ley específica. Como la de Cantabria, con fecha 20 de noviembre de 2001, pero que, como admite Julio Soto, director general de Políticas Sociales del Gobierno regional, "no reconoce el derecho subjetivo a la atención a los dependientes, derecho que no se contempla como objetivo ni a medio ni a largo plazo". En el año y medio transcurrido desde su aprobación hasta las elecciones regionales de 2003, cuando se produjo un relevo en el Gobierno regional, "no ha experimentado ningún desarrollo normativo". Tampoco con el nuevo equipo, "porque el marco legislativo que establece la ley no permite abordar la atención a las necesidades sociales que genera la dependencia bajo el prisma del reconocimiento de un nuevo derecho a la ciudadanía".

Derecho subjetivo

Juan Manuel Martínez Gómez, director general de servicios sociosanitarios del grupo Eulen, líder en la atención a las personas mayores, cree que "es el momento de coger el toro por los cuernos, con decisión política y mediante un pacto de Estado entre las administraciones central, autonómica y local". El propósito es "implantar un derecho subjetivo para todos los españoles dependientes, sea cual sea la comunidad en la que residan, aplicando el principio de solidaridad interterritorial". "Tal vez", añade este geriatra, que formó parte del equipo de trabajo nombrado por el Gobierno del PP en octubre de 2003 para estudiar el problema, "no sea posible atender toda la dependencia, pero habrá que fijar prioridades, que el Estado se comprometa, al menos, a atender la más grave y severa".

La implantación de ese derecho subjetivo es clave en la "hoja de ruta" de la que habla Valcarce. Un camino que quedaría en nada sin financiación suficiente. De momento, el Gobierno ha prometido crear un fondo estatal al que se dotará inicialmente con 1.000 millones de euros para dos legislaturas, una gota de agua en el mar (las necesidades anuales para una atención global suficiente superarían los 9.000 millones de euros), para ampliar la red de teleasistencia, ayuda a domicilio, centros de día y residencias para mayores, discapacitados y enfermos mentales.

Valcarce opina, y es difícil hallar voces discrepantes, que "el modelo que garantiza financiación pública suficiente y sostenibilidad es el seguro público de dependencia", pero los detalles quedan para discutirlos con los agentes sociales en el marco de la comisión del Pacto de Toledo. Podría ser el modelo alemán, con una cotización similar a las que se efectúan a la Seguridad Social, aunque está en crisis porque no cuadran las cuentas.

Lo que está excluido, subraya la secretaria de Estado, "es subir los impuestos para financiar las prestaciones". La fórmula que establece y reconoce un derecho universal a recibir ayudas facilitadas por servicios sociales descentralizados y pagado con la imposición general es la predominante en los países escandinavos y Holanda. El modelo español, consistente en prestaciones vinculadas a estados de necesidad económica, excluye a la mayoría de la población y, por añadidura, está desbordado. Algo está claro: que la generalidad de los beneficiarios participará, de una u otra manera, en el pago de la asistencia. "Derecho de acceso a los servicios, sí", señala Valcarce, "pero no gratuito, porque resultaría insostenible". Y, una vez atendidos los casos de las personas sin recursos, habrá que garantizar que no quedan fuera del sistema a las clases medias "como ocurre en Francia".

Los efectos de la entrada en funcionamiento de ese seguro público serían además muy positivos, dice Valcarce, "para descongestionar y aliviar el sistema sanitario y para generar empleo, ya que en ocho años se podrían generar 600.000 puestos de trabajo, muchos de ellos flexibles y en zonas rurales, que permitirían la incorporación al mercado laboral de segmentos de población de baja cualificación laboral y mujeres mayores de 45 años".

Hay voces, como la de Guillem López-Casasnovas, profesor de la universidad barcelonesa Pompeu i Fabra y miembro del equipo de trabajo creado por el Gobierno del PP, que hacen notar que, aunque hay personas muy pobres entre los mayores de 65 años, también hay muchos con patrimonios sustanciales, viviendas propias, pensiones y otros activos, por lo que considera que la fórmula de "rentas vitalicias e hipotecas inversas deben acompañar privadamente al esfuerzo público para afrontar los costes de la dependencia". Y ofrece otra propuesta innovadora: "Utilizar el impuesto de sucesiones, propio de las comunidades autónomas, para financiar, en todo o en parte, el coste de los cuidados de larga duración". El sistema público podría complementarse además con seguros privados de dependencia, como los actuales fondos de pensiones, a los que habría que dotar de un régimen fiscal específico.

La respuesta al desafío no se puede demorar más, a la vista de la evolución de la pirámide demográfica, con un progresivo envejecimiento de la población que plantea implicaciones sociales y económicas descomunales. La esperanza de vida al nacer alcanza ya en España los 76 años para los hombres y los 83 para las mujeres.

Queda mucho camino por recorrer para alcanzar la meta de un Sistema Nacional de Dependencia que consagre el derecho subjetivo a una atención adecuada, que pueda exigirse a los poderes públicos. Tal vez demasiado para Concha, cuyas necesidades se resumen en que alguien le haga cada día la cama, le preste su brazo para salir de vez en cuando a la calle y la ayude a bajar y subir las escaleras tres de los cinco días que cada semana va al centro de día en un autobús de Sageco. Los otros dos, aquellos en que se ducha (en su piso sólo hay un servicio), una chica la recoge y la devuelve a casa, además de llevarle la bolsa con el albornoz, la toalla y el frasco de gel.

El drama de los cuidadores

También lo tiene difícil Consuelo Siu, de 85 años, viuda desde hace 20, con una pensión de unos 500 euros y que vive con su hijo, su nuera y tres nietos. La operaron de la rodilla y está "muy mal" de las piernas. Al igual que Concha, se ducha en el centro de día, con ayuda, porque ella sola no puede dar un paso sin un andador.

Estela Moreno, coordinadora del centro de día, explica que se pretende "mantener en su medio a los mayores, porque es mejor para ellos y más rentable para la sociedad". También, "cuidar, apoyar, orientar y formar a los cuidadores", tan víctimas como los propios dependientes.

El problema, en muchos casos con tintes trágicos, resulta especialmente visible en el caso de los afectados de alzheimer y otras demencias similares que sufren más de medio millón de españoles, y cuya aparición trastoca hasta la desarticulación a muchas familias. Estos enfermos, en los que el deterioro mental se acompaña del físico y suele ser irreversible, exigen atención constante. Es el ejemplo más extremo de dependencia y de los efectos demoledores sobre los cuidadores, mujeres casi siempre.

Como Rosa Fernández, soltera, de 54 años, profesora de instituto. A su padre, Luciano, de 83, le han diagnosticado una demencia "tipo alzheimer". Su madre, Josefa, que cumple 84 el 27 de agosto, ha sufrido cinco operaciones en otros tantos años, padece de osteoporosis, pasa largos periodos en reposo absoluto, precisa de una atención constante y, pese a que siempre tuvo una memoria privilegiada ("yo la llamaba mi agenda", comenta Rosa), sufre un alarmante y progresivo deterioro cognitivo. Ambos van ahora al centro de día para enfermos de alzheimer de la Cruz Roja en la calle madrileña de la Infanta Mercedes. Un autobús les recoge de casa de su hija a las 10.30 y los devuelve a las 19.30. Ambas plazas están subvencionadas por el Ayuntamiento. Sólo pagan una fracción (no llega a 200 euros) de la pensión de Luciano, de poco más de 400 euros.

Rosa no se queja. Asegura que su hermana (que vive en Jerez y tiene cinco hijos) y su hermano (en Puente del Arzobispo, Toledo, tres hijos) se preocupan y ayudan todo lo que pueden, pero que las circunstancias, el hecho de que la atención que sus padres necesitan se localice en Madrid, ha hecho que éstos vivan en su casa y que la mayor parte de la carga caiga sobre sus espaldas. Gracias a la ayuda adicional que recibe -financiada por el Ayuntamiento y prestada por Asispa, una asociación de atención a los mayores- y a la comprensión de la dirección de su colegio puede seguir dando clase, aunque ya no sabe lo que es visitar una exposición o salir una noche al teatro o a cenar con los amigos. También ha tenido que suspender sus actividades como voluntaria de Cáritas y los viajes culturales con los Amigos del Arte y de la Historia. Ha llegado a estar cinco meses casi sin dormir.

Los fines de semana, una auxiliar le ayuda dos horas los sábados a bañar a sus padres, y otra se queda en casa una hora los domingos para que pueda ir a misa. Entre semana, Rosa sale de casa a las 8.30. A esa hora llega una chica, para que sus padres no se queden solos. Otra acude una hora más tarde. Entre las dos ayudan a Rosa y Luciano a coger el autobús, superando los cinco escalones que hay tras salir del ascensor. Por la tarde, cuando llega el autobús, ya con Rosa en casa, otra chica le ayuda a subir a sus padres. Sola no podría.

No muchos cuidadores cuentan con una ayuda similar que, cuando menos, palía los efectos del problema. En muchos casos, un familiar, casi siempre mujer (hija, esposa, hermana...), tiene que dedicar cada instante de su vida a atender a la persona dependiente, incluso dejando de trabajar. La falta de acceso a las ayudas públicas se produce a veces por la falta de información. Otras, porque no se reúnen las condiciones económicas para optar a ellas. Una pensión aceptable y un piso en propiedad hacen caer hasta la cola de la lista de espera muchas peticiones. Pero lo peor de todo es la alarmante falta de recursos.

Un centro de día no es un club de tercera edad, aunque haya actividades de ocio y tiempo libre. Ni una guardería. Su objetivo, explica Estela Moreno, de Sageco, es más ambicioso. Incluye terapia ocupacional y cognitiva (memoria, cálculo, orientación...), gimnasia de mantenimiento, entrenamiento sobre actividades básicas de la vida diaria (poner y quitar la mesa, potenciar la musculación de brazos y piernas, vestirse, bañarse...), control de medicación y de constantes como el colesterol o la tensión arterial, curas médicas, fisioterapia y tratamientos específicos para crónicos. En definitiva, se trata de retrasar el deterioro físico y mental y de mantener la mayor calidad de vida posible durante el máximo tiempo posible.

En el centro de día de Cruz Roja para afectados de alzheimer, los usuarios, todos ellos dependientes, reciben una atención más compleja y especializada que la de los ancianos válidos. Los enfermos privados, afirma la coordinadora, Cristina Maroto, pagan 871 euros mensuales, incluyendo la manutención y el transporte, pero son una minoría. Lo que abonan quienes llegan a través de los servicios sociales de la Comunidad o del Ayuntamiento de Madrid depende de un baremo social, económico y familiar. En ocasiones, el pago apenas supera los 60 euros.

Tal y como explica Maroto, una de las funciones del centro es asesorar y formar a los cuidadores sobre cómo atender a los enfermos en casa, prestarles apoyo psicológico y organizar grupos de autoayuda en los que intercambiar experiencias y explorar soluciones a problemas concretos.

La generalización de los centros de día sería clave para paliar los problemas que causa la dependencia, pero son la excepción, no la regla. Casi una rareza. En todo el país hay unas 18.600 plazas, lo que cubre tan sólo al 0,26% de la población mayor de 65 años, y a menos del 1% de los dependientes de esa franja de edad.

Los usuarios privados del centro de Sageco son tan sólo 6 de 59, y eso porque el Ayuntamiento de Madrid no amplía presupuesto para que la totalidad de las plazas estén subvencionadas. Los centros de día son caros. Éste cuesta, sin ayudas públicas, entre 721 euros al mes, por cinco días a la semana con transporte, y 228, por dos días sin transporte. En ambos casos se incluye la manutención. Dada la escasez de recursos, el lógico criterio de atender primero a los más necesitados deja fuera a amplios sectores de la clase media, en los que la existencia de un pariente con discapacidad severa altera gravemente la vida cotidiana y quebranta la economía familiar.

Escasez de recursos

Igualmente raquítica es la extensión de la teleasistencia (104.300 beneficiarios), las residencias (240.000 plazas) y la asistencia domiciliaria (a 197.000 personas). Tan sólo el 7,81% de los mayores de 65 tiene acceso a alguno de estos servicios, según el informe de 2003 del Imserso. Menos extendidos aún son programas como el de acogimiento familiar. En Madrid, 75 casos. Lo sufraga la Comunidad Autónoma (los beneficiarios pagan el 70% de su pensión) y lo gestiona la Cruz Roja.

Se trata de una realidad que, como recuerda el geriatra Juan Manuel Martínez Gómez, está muy lejos de los objetivos que se fijaban en el plan gerontológico nacional de 1992. Dos botones de muestra: el plan preveía que la teleasistencia llegase al 12% de los mayores de 65 años que viviesen solos, al 8% con la ayuda a domicilio y al 0,50% en centros de día. La situación actual es que estos porcentajes son, respectivamente, del 1,45%, 2,75% y 0,26%. "Lo que más ha crecido", señala, "son las plazas residenciales. Se ha producido un boom. Las constructoras creen que es un negocio del oro y el moro. En dos años podrían sobrar plazas en residencias privadas, mientras seguirían escaseando dramáticamente las públicas".

Es hora de negociar, pactar, idear y arbitrar recursos. Un proceso a la altura del que tal vez sea el mayor desafío al que se enfrenta el Estado de bienestar.