El Gipuzkoarena recibe el rechazo de vecinos, comerciantes y particulares

El proyecto Gipuzkoarena impulsado por la Real Sociedad para ampliar el estadio de Anoeta ha recibido el rechazo de la asociación de vecinos de Amara, de un centro comercial del entorno y de varios particulares, entre ellos el abogado y ex concejal donostiarra Javier Olaverri. Las alegaciones presentadas al futuro campo de fútbol advierten del riesgo financiero de la operación y de las afecciones al comercio, al tráfico y al urbanismo.

El macroproyecto Gipuzkoarena que lidera la Real Sociedad para ampliar en 10.000 localidades el actual aforo del estadio de Anoeta (32.000 asientos) supone construir un nuevo campo con cuatro torres de usos terciarios y comerciales que servirían para financiar el coste de la obra, estimado en 102 millones de euros.

Los responsables del centro comercial Arcco dudan de la viabilidad económica y social de los 68.000 metros cuadrados para usos terciarios previstos en el proyecto, de los cuales 9.000 correspondería a un hotel. Consideran que esto supondría crear "un macrocentro de servicios en pleno centro" de San Sebastián, donde existe un "alto índice de locales comeciales sin uso". Por ello, reclaman un "análisis del impacto económico que implicaría la sobredotación terciaria en Amara". También solicitan un estudio económico-financiero de la operación y una definición "más precisa" del programa de usos que la Real pretende generar en el estadio.

El abogado Javier Olaverri considera que, con esta operación, "San Sebastián debe pagar un precio, de carácter urbanístico o fiscal, por destruir parcialmente el actual estadio y sus instalaciones o por regalar el nuevo edificio a la Real". El ex concejal de Euskadiko Ezkerra expone que la ampliación sería a costa de eliminar 12.440 metros cuadrados de uso comunitario y, además, que incumple la ley del Suelo porque "se reducen los espacios libres, ya que el nuevo campo de fútbol es más grande que el actual y se come las aceras existentes".

La alegación de Olaverri está fundamentada en un posible incumplimiento del Plan General, que no contempla usos residenciales en este área: "Como el redactor del proyecto", dice en su escrito, "tiene dudas sobre la viabilidad financiera de vender en San Sebastián un parque de oficinas, ha buscado una solución alternativa de construir 165 viviendas que, ésas sí, tienen una fácil salida en el mercado". Por último, expone que "el riesgo financiero" que supone promover de golpe un edificio con 102 millones de coste basándose en que alguien va a comprar rápidamente las oficinas al precio suficiente para financiar la operación. "El Ayuntamiento debería aclarar si ese riesgo lo va a asumir la Real o el propio Ayuntamiento", apunta.

Izquierda Unida, por su parte, solicita que se archive la propuesta, al considerar que la ampliación sólo interesa a "una entidad privada que pretende lucrarse gracias a decisiones administrativas que se traducen en beneficios económicos".

La asociación de ciclistas urbanos Kalapié también pide que se paralice la tramitación del proyecto porque acarrearía "graves repercusiones en el tráfico, en los grandes equipamientos deportivos, en la oferta comercial y en la ordenación global de la ciudad.