Un barrio sin casas

El conocido como Barrio del Arroz, en Algeciras, era hace 30 meses, un conjunto de bloques que el Instituto Social de la Marina concedió en 1966 en régimen de compra a bajo precio, a los pescadores de bajura de la cofradía de la ciudad. Ahora es un solar descampado, después de que el gobierno municipal que formaban hasta las pasadas elecciones el PA y el PP decidiese demoler las viviendas para construir unas nuevas.

Ayer, un centenar de familias, propietarias de viviendas en esta zona de Algeciras, se manifestaron desde el lugar que debían ocupar hace tiempo sus casas hasta la el ayuntamiento de la ciudad, para reclamar la construcción de las mismas.

La situación que padecen 136 familias del barrio del arroz en Algeciras se inició hace 30 meses cuando el gobierno municipal del andalucista, Patricio González propuso a los propietarios de las mencionadas viviendas la demolición de las mismas, ya que cuatro de ellas se habían visto dañadas por las obras que a su lado se realizaron para la construcción de un centro comercial de El Corte Inglés, en los terrenos que hasta ese momento había ocupado el estadio municipal de fútbol de la ciudad.

El proyecto inicial contemplaba la reconstrucción de las casas demolidas y la ampliación del volumen de edificabilidad, algo a lo que no sólo se opuso la Junta de Andalucía sino también los propios vecinos. "Queremos que se construyan las mismas viviendas que existían, ni más casas, ni locales comerciales", señalaba uno de los vecinos del barrio mientras sostenía en la manifestación de ayer una pancarta en la que se podía leer: "políticos mentirosos, queremos nuestras casas".

Tras las últimas elecciones municipales y la llegada a la alcaldía del socialista, Juan Antonio Palacios, el gobierno municipal decide -a pesar de que los andalucistas, con José Ortega al frente, mantienen el control de la delegación de Urbanismo- adecuar el proyecto a la normativa urbanística. Se realizaron los estudios geotécnicos correspondientes, el proyecto de ejecución e incluso se consiguió la implicación de la Empresa Pública del Suelo de Andalucía (EPSA) en el proyecto, pero todo ello ha retrasado el inicio de las obras causando el malestar entre los vecinos que aseguran haber perdido la paciencia.

A pesar de que los realojos de los vecinos se están abonando por parte del ayuntamiento, éstos quieren sus casas, por lo que ayer consiguieron tras la manifestación convocada, arrancar un compromiso del alcalde por el que "el día 30 de este mes, se entregará por escrito a los vecinos el plazo exacto de ejecución de las viviendas".

El nuevo proyecto contempla la construcción de 153 pisos en cuatro bloques, lo que supone menos ocupación de suelo y más coeficiente de espacio libre, y la inversión ronda los 15 millones de euros. A esto hay que sumar, los gastos generados por los realojos y las indemnizaciones entregadas a quienes abandonaron sus casas a cambio de 142.000 pesetas de las antiguas por cada metro cuadrado de vivienda.

Los sucesivos retrasos en el inicio de la obra, hacen dudar a los afectados de la palabra de los políticos locales. Miguel Lloret, un jubilado de 84 años, que vivía en el barrio junto a su esposa desde que se entregaron las primeras casas, afirma que "nunca deberían haber tirado las viviendas porque aquí vivimos gente humilde que no vamos a poder pagar lo que ahora se nos viene encima". Y es que este vecino ponía como ejemplo que "antes del derribo, yo hice entrega como presidente de la comunidad de mi bloque de más de un millón de las antiguas pesetas a los vecinos, a pesar de que pagábamos mil pesetas de recibo". "Ahora con al ascensor, la basura y otras cosas, tendremos que pagar 10.000; lo que me dejará sin gran parte de mi pensión".