Los ilegales

LA LEGALIZACIÓN DEL PARTIDO COMUNISTA de España, autorizada por una resolución del 9 de abril de 1977 del Ministerio de la Gobernación, fue el arranque de hecho de la normalización política previa a las primeras elecciones legislativas de junio de aquel año. Era sábado santo y la resolución, publicada en el BOE, se limitaba a reseñar que no había "ilicitud penal" en las actividades del PCE, y, por tanto, el Gobierno debía cumplir una sentencia del Tribunal Supremo que días antes se había lavado las manos para que esa decisión quedara en manos de los políticos. Santiago Carrillo calificó la decisión como "un acto que da credibilidad y fortaleza al proceso de marcha hacia la democracia" y negó que Adolfo Suárez fuera "un amigo de los comunistas".

En aquellas fechas, las declaraciones más explosivas contra la legalización del PCE corrieron a cargo de Manuel Fraga, entonces secretario general de Alianza Popular (AP). Fraga llegó a calificar aquello de "golpe de Estado, grave error político, farsa jurídica y quiebra de la legalidad y la legitimidad". Legalizar al PCE no fue una decisión fácil, hasta el punto de que una semana después el Ministerio del Ejército difundió una nota que decía, por ejemplo: "La legalización del Partido Comunista ha producido una repulsa general en todas las unidades del Ejército". La cosa no fue a más, y en las elecciones del 15 de junio el PCE obtuvo el 9,37% de los votos y 20 escaños.

Aquello se superó sin problemas. Pero poco después de aprobarse la Constitución arrancó la gran polémica de ilegalización de estos 25 años: la que afecta al conglomerado de Herri Batasuna, finalmente ilegalizada en marzo por el Tribunal Supremo en aplicación de la Ley de Partidos Políticos de junio del pasado año. Pero la conexión de HB con ETA no fue suficiente para lograr esa ilegalidad, pese a los reiterados intentos de todos los Gobiernos desde 1980. En abril de ese año, HB entregó sus estatutos en el Registro de Asociaciones Políticas. La Ley de Partidos de 1978 había eliminado el control previo de la Administración de quienes podían ser o no inscritos, y, por tanto, lo fue automáticamente. El fiscal presentó una demanda de ilicitud penal con el argumento de que HB no declaraba su acatamiento de la Constitución de 1978. El juez lo desestimó. Tres años después, en marzo de 1983, HB solicitó su inscripción, pero ya como partido político. La Fiscalía fue chocando contra todas las instancias judiciales hasta que, en junio de 1986, el Supremo falló a favor de la coalición abertzale y su inscripción como partido irrumpió en plena campaña para las segundas elecciones que ganó el PSOE.

La batalla final arrancó con la nueva Ley de Partidos y el acuerdo del Pleno del Congreso para instar al Gobierno a presentar una demanda de ilegalización ante el Supremo. HB y sus marcas adyacentes fueron ilegalizadas en marzo, no pudo presentarse a las elecciones de mayo, pero sus parlamentarios y su grupo siguen siendo claves y decisivos en el Parlamento vasco.