¿Es necesaria la huelga general?

La huelga general es una protesta en forma de cese de la actividad laboral a la que se convoca a todos los trabajadores, por razones que tienen que ver con condiciones de trabajo y de vida. Es una acción de gran envergadura por dos motivos. Por el económico, por cuanto dicho cese de actividad va a tener consecuencias económicas de relieve para empresas, administraciones y huelguistas. También por el político, porque un paro general tiene una repercusión política necesaria, dado que justamente se hace cuando fallan las otras vías. En el caso que nos ocupa su objetivo es lograr la anulación de un decreto.

Por las características que tiene una huelga general, quienes propiamente están convocados son los trabajadores, no los ciudadanos en general ni los políticos. Los primeros pueden adherirse por diversos motivos muy legítimos y de diversas formas. Los últimos un día de huelga general deberían estar en sus puestos para garantizar la salvaguarda de los derechos de los huelguistas.

Puesto que las razones de una huelga general no son políticas, sino sociales y económicas, tienen derecho a convocarla aquellas organizaciones que representan a quienes supuestamente están sufriendo la injusticia que se denuncia. Estos convocantes pueden acertar en su diagnóstico y medicina -será así si son muchos los que hacen la huelga-, en cuyo caso el Gobierno debe tomar buena nota. A la gente no le gusta que la traten injustamente, y menos aún que después de haber protestado se pase de ella. Pero pueden equivocarse y que no sea algo tan sentido, lo que también se verificará el día de la protesta. Pueden acertar o equivocarse y también ésto tendrá consecuencias para ellos. Pero no se les puede acusar de irresponsables por ejercer un último recurso que la Constitución les garantiza. Ni se les puede achacar el 'hacer daño a la imagen de España'.

El deber del Gobierno ante una huelga general es preservar el derecho a hacer la huelga que tienen quienes opten por ello, y garantizar unos mínimos en los servicios esenciales. Nada más. Porque si se pone el acento en 'garantizar el derecho de quienes quieren trabajar a hacerlo' se puede entrar en un terreno muy resbaladizo que podría conducir a obligar a trabajar a casi todos aquellos que son indispensables para que otros trabajen, que en un sistema económico tan complejo son muchos. Con lo cual se estaría despreciando el derecho a la huelga que la Constitución garantiza.

Respecto a la segunda cuestión, hay que decir que una huelga general necesita razones muy serias. Hay quienes dicen que más razones que el 20-J, los sindicatos las han tenido en diversas ocasiones estos últimos años y que, sin embargo, han negociado y pactado. Hasta hay quien justamente por eso deslegitima esta convocatoria tildando a los sindicatos de oportunistas. Por ejemplo, podrían haber convocado una huelga general contra la precariedad del empleo muchas veces, en vez de corregir dicha precariedad a través de diversos pactos y acuerdos, sea cual fuere -que ahora no viene al caso- el efecto de los mismos. Pero creo que en esta ocasión ha habido dos factores que han cambiado el panorama.

El primero es que el Gobierno ha roto el mecanismo de negociación de otras ocasiones que consistía en identificar los problemas primero y discutirlos luego con tiempo, con el objetivo de llegar a acuerdos. Esta vez se presentó con el texto casi cerrado, dispuesto a discutir sólo detalles y con gran celeridad. ¿Por qué? La razón no hay que buscarla en la economía sino en la política. Tras el fracaso de la cumbre de Barcelona, el Gobierno español tenía que presentarse a la reunión de Sevilla como un Gobierno que sabe resolver los problemas expeditivamente y con autoridad. Como un Gobierno al que no le tiembla el pulso ante quienes no quieren someterse a la ley de la oferta y la demanda.

Se podrían haber discutido fórmulas para corregir supuestas disfunciones. Pero eso se habría prolongado más allá de la reunión de Sevilla, que era la última oportunidad para que alguien se presentase en la cena íntima de jefes de Estado y de Gobierno como un candidato a la Presidencia de la UE, que es el primero de la clase en presentar los deberes.

El segundo factor es que la reforma se ha ensañado contra los más indefensos y los más pobres.

Así, los camareros que trabajan sólo los meses de verano y que gracias a que el resto del año cobran una prestación pueden esperar, y los hosteleros, tener plantillas estables y profesionales. Ya veremos lo que pasa ahora. También a los jornaleros agrícolas que cobran 126 euros de subsidio y gracias a eso pueden esperar hasta la campaña siguiente, se les niega esa miseria, cuando de nuestros bolsillos se pagan miles de millones a los grandes agricultores y a los terratenientes en concepto de subvenciones a diversos cultivos. Y cuando la UE se está planteando convertir a los trabajadores del campo en 'trabajadores ecológicos' sólo para que alguien cuide el medio natural. Lo mismo los despedidos improcedentemente que, con frecuencia, son trabajadores temporales y como compensación al injusto despido tenían los salarios de tramitación. No percibiéndolos ahora hasta puede que se queden también sin prestación de desempleo, al no cumplir con el tiempo requerido. Igualmente se ataca a los parados no sólo por la dureza e irracionalidad de la 'oferta adecuada' prevista, lo que puede llevar a la pérdida parcial o total de la prestación, sino sobre todo, porque el supuesto fraude generalizado de los parados no es cierto, sino que la inmensa mayoría no consumen toda la prestación a la que tienen derecho, lo que demuestra que están más interesados en buscar una nueva ocupación que en permanecer parados. Todo ello sin olvidar que casi la mitad de los parados no cobran subsidio, de modo que a éstos no hay mucho que quitarles. Y cuando quizá lo que hay que revisar es la eficacia, principalmente los medios, no las personas, del propio sistema público de búsqueda de empleo, y más cuando el Inem sigue teniendo superávit.

En resumen, que, aunque tarde, los sindicatos tienen muchas razones para dar la voz de alarma ante una forma de gobernar que poco a poco no sólo va recortando políticas sociales y derechos laborales.

Así, los camareros que trabajan sólo los meses de verano y que gracias a que el resto del año cobran una prestación pueden esperar, y los hosteleros, tener plantillas estables y profesionales. Ya veremos lo que pasa ahora. También a los jornaleros agrícolas que cobran 126 euros de subsidio y gracias a eso pueden esperar hasta la campaña siguiente, se les niega esa miseria, cuando de nuestros bolsillos se pagan miles de millones a los grandes agricultores y a los terratenientes en concepto de subvenciones a diversos cultivos. Y cuando la UE se está planteando convertir a los trabajadores del campo en 'trabajadores ecológicos' sólo para que alguien cuide el medio natural. Lo mismo los despedidos improcedentemente que, con frecuencia, son trabajadores temporales y como compensación al injusto despido tenían los salarios de tramitación. No percibiéndolos ahora hasta puede que se queden también sin prestación de desempleo, al no cumplir con el tiempo requerido. Igualmente se ataca a los parados no sólo por la dureza e irracionalidad de la 'oferta adecuada' prevista, lo que puede llevar a la pérdida parcial o total de la prestación, sino sobre todo, porque el supuesto fraude generalizado de los parados no es cierto, sino que la inmensa mayoría no consumen toda la prestación a la que tienen derecho, lo que demuestra que están más interesados en buscar una nueva ocupación que en permanecer parados. Todo ello sin olvidar que casi la mitad de los parados no cobran subsidio, de modo que a éstos no hay mucho que quitarles. Y cuando quizá lo que hay que revisar es la eficacia, principalmente los medios, no las personas, del propio sistema público de búsqueda de empleo, y más cuando el Inem sigue teniendo superávit.

En resumen, que, aunque tarde, los sindicatos tienen muchas razones para dar la voz de alarma ante una forma de gobernar que poco a poco no sólo va recortando políticas sociales y derechos laborales.

Fausto Miguélez, decano de la Facultad de Políticas y Sociología de la UAB.