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Arcos de la Frontera, una localidad gaditana de unos 30.000 habitantes, es un caso ilustrativo de la gran concentración de proyectos industriales relacionados con la generación de electricidad a partir del gas natural. De los 13 proyectos solicitados para Andalucía por diferentes empresas, tres se radicarían en la población de la comarca de la sierra de Cádiz. Un pueblo blanco que llegaría a concentrar 2.400 megavatios de potencia si prosperan los tres proyectos que están en marcha. El más avanzado, de la multinacional norteamericana Enron, sólo está pendiente de la autorización de vertidos por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, aunque algunos organismos estudian la presentación de recursos contra la concesión de 12,24 hectómetros cúbicos anuales de agua. La instalación de centrales en Arcos de la Frontera ha generado un movimiento de rechazo, canalizado a través de una plataforma creada a finales de 2000, a semejanza del desatado en Tarragona, donde la oposición social obligó a la Generalitat y a la multinacional a renunciar a instalar la factoría junto al río Ebro. El Gobierno andaluz, partidario de la tecnología utilizada en las centrales de ciclo combinado al ser menos contaminantes que las térmicas convencionales, pretende equilibrar la implantación territorial de las industrias energéticas, que han ignorado las provincias de Jaén, Almería, Granada y Córdoba. La predilección por Cádiz obedece a la confluencia de infraestructuras que hacen más rentables las inversiones.