De las mociones de censura a las 58 derrotas parlamentarias del Ejecutivo

La marcha de EH del Parlamento vasco hizo cambiar la situación 180 grados. Populares y socialistas, con la ayuda de UA, pusieron en marcha una ofensiva política en la Cámara para dejar en evidencia la debilidad del Gobierno de Juan José Ibarretxe.

Tras el debate de política general, el Parlamento de Vitoria vivió las primeras mociones de censura contra un presidente en los veinte años de su existencia. El 6 de octubre de 2000 el debate de estas mociones, tramitadas por PP y PSE-EE, se convirtió en el de más presión contra su figura. Ibarretxe, tal y como se sabía de antemano, salvó las mociones, al no conseguir la oposición una mayoría cualificada, pero lograron visualizar el apoyo minoritario que tenía en el Parlamento, y le mandaron un mensaje de que a partir de ese momento la batalla iba a ser sin cuartel.

Desde entonces y hasta ayer, los partidos que sustentan al Gobierno han acumulado un total de 58 derrotas parlamentarias en temas tan sensibles para el nacionalismo como el euskera, las banderas o la política antiterrorista.

La convocatoria de elecciones corta precisamente esa sangría y concretamente deja sin efecto las que más daño práctico iban a causar entre las filas nacionalistas. Varias proposiciones de ley que, en caso de haber continuado su tramitación, hubieran permitido por ejemplo la elección de un director general de la televisión autonómica no nacionalista, rebajar los perfiles lingüísticos de los funcionarios o declarar festivo el 25 de octubre, aniversario del Estatuto.

La lista de derrotas parlamentarias abarca todo tipo de materias y va desde la petición de mayor eficacia en la lucha contra la violencia callejera y la celebración de un homenaje a las víctimas del terrorismo, hasta la solicitud de colocar en el Palacio de Ajuria Enea la bandera española junto a la ikurriña y proponer la modificación de la Oferta Pública de Empleo.

PP, PSE-EE y UA han conseguido también aprobar que el lehendakari 'asuma plenamente su responsabilidad como garante de la libertad de los ciudadanos', reclamar un programa educativo que fomente un movimiento de repulsa al terrorismo, exigir medidas que garanticen las horas lectivas en castellano o pedir a la Real Academia de la Historia un informe sobre los libros de texto.

Todo ello en medio de la crispación creciente, de las acusaciones cada vez más duras, y de una venganza del PSE, PP y UA, que tumbaron en comisión el trabajo de dos años de los nacionalistas e IU con las víctimas de la violencia. El informe presentado por Iñigo Urkullu no mereció ni ser debatido para los constitucionalistas, al haber 'abandonado' a las víctimas del terrorismo.