El 'caso Tous' sigue abierto a los 18 años de la rotura de la presa
Las heridas económicas causadas por la rotura de la presa de Tous, hace hoy 18 años, no han suturado todavía y el conflicto sigue pendiente ante la "discriminación" que a juicio de la mayoría de los afectados provocó la sentencia del Tribunal Supremo al conceder en su sentencia el pago de los intereses, los daños morales y el lucro cesante -en el caso de empresas y negocios- únicamente para los 5.200 damnificados que optaron por la vía judicial. Los restantes 28.000 aceptaron las ofertas económicas realizadas por el Gobierno central a través de los decretos leyes aprobados en los años 1993 y 1995 y que sumaron unas compensaciones cifradas en 25.000 millones de pesetas. La pantanada de Tous, como se conoce en la Ribera a la catástrofe que provocaron las graves inundaciones sufridas en 1982, se cobró ocho víctimas y causó daños materiales superiores a los 50.000 millones de pesetas.El presidente de Afiva, la más importante de las asociaciones de damnificados, Xavier Sierra, dijo ayer que el caso Tous "no se ha terminado" y que la "administración ha engañado a los damnificacos". En similares términos se expresó el alcalde de Antella, el socialista Leonardo Giménez, quien lo calificó como un "fracaso de la Justicia y de la Administración".
El conflicto de Tous ha llegado incluso a los tribunales internacionales, recientemente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos radicado en Estrasburgo admitió a trámite la demanda presentada contra el Gobierno español por 28 damnificados por sentirse discriminados ya que aceptaron los convenios transaccionales ofrecidos por no hallarse "en situación de igualdad para discutir con el Estado". Las directivas de las organizaciones Afiva y Apemeda que agrupan a unos 2.000 asociados pretenden entrevistarse con la delegada del Gobierno, Carmen Mas, para reclamarle "la equiparación" con el colectivo beneficiado por la sentencia del Supremo, así como una moratoria en la devolución de los préstamos.
Estas asociaciones han tramitado a lo largo de este año 9.500 expedientes para equiparar las indemnizaciones del primer decreto con las estipuladas en el segundo que fueron superiores.
