Los 37 inmigrantes irregulares que la Guardia Civil descubrió el martes en Mijas (Málaga), hacinados en el interior de una furgoneta y en condiciones infrahumanas, fueron expulsados pocas horas después a Marruecos, sin que se les facilitara la asistencia de un abogado ni llegasen a prestar declaración contra los responsables de traficar con ellos poniendo en peligro su vida. Partidos políticos, como el PSOE, organizaciones de apoyo a los inmigrantes, como la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) y Andalucía Acoge, y asociaciones judiciales, como Jueces para la Democracia, coindicen en que el Gobierno ha vulnerado en este caso la vigente Ley de Extranjería.
Los vecinos del barrio La Cruz de Galindo, en Almoradí (Alicante), la mayoría gitanos, pasaron la noche del martes en los campos de naranjos tras huir de sus casas asaltadas por cientos de manifestantes en protesta por un crimen. Dos viviendas quedaron calcinadas y al menos ocho sufrieron destrozos. Luego se dirigieron a un inmueble contiguo al barrio donde viven nueve marroquíes: hirieron a tres y apedreadron sus seis coches. Pese a que había en la zona dos patrullas de la policía local y otras dos de la Guardia Civil, según los vecinos, no hubo ningún detenido y los bomberos tuvieron dificultades para llegar a las viviendas incendiadas, según reconoció el general jefe de ese cuerpo de seguridad en Valencia, Dámaso Alonso.
El presidente del Tribunal Constitucional, Pedro Cruz Villalón, advirtió ayer de que si no hay un cambio en la legislación italiana se mantendrá el criterio de anular las extradiciones de mafiosos condenados por Italia en rebeldía. Clemente Auger, presidente de la Audiencia Nacional, jurisdicción que ha visto revocadas por el Constitucional varias entregas de mafiosos ya acordadas, sugirió que Italia flexibilice su postura y acepte revisar las condenas dictadas en ausencia.
