La Diputación de Vizcaya suspende el acuerdo fiscal con el Gobierno
La guerra fiscal entre Madrid y Vizcaya está abierta. El Consejo de Gobierno de la Dìputación de Vizcaya decidió ayer suspender el acuerdo fiscal con el Ejecutivo central. Durante el último mes la Diputación Foral de este territorio y el Gobierno central han mantenido una polémica sobre cuál de los dos era el que incumplía el pacto fiscal firmado el pasado enero entre las administraciones central y las vascas. Vizcaya acusaba a Madrid de no retirar los recursos en plazo y la Hacienda del Estado aseguraba que este territorio había concediendo créditos fiscales del 45% para inversiones de más de 2.500 millones de pesetas a distintas empresas durante la negociación.
La Hacienda del Estado asegura que durante todo el proceso se concedieron créditos fiscales a 19 empresas que iban a invertir por valor de 360.000 millones de pesetas. Vizcaya dice que los incentivos estaban en vigor cuando se presentaron las solicitudes.
Así, el cruce de cartas y de acusaciones terminó ayer con la decisión del Consejo de Gobierno de la Diputación de Vizcaya de dar por suspenso el acuerdo fiscal. La primera consecuencia es que este territorio no retirará los polémicos incentivos fiscales (vacaciones fiscales y crédito del 45%) y que deja la puerta abierta a que nuevas empresas, mientras estén en vigor, se acojan a los mismos. El Gobierno vasco y las diputaciones de Álava y Guipúzcoa se desmarcaron ayer de la de Vizcaya.
Desacuerdo con Álava
La nueva brecha abierta entre Vizcaya y la Administración central no afecta a los otros dos territorios. Tanto Álava como Guipúzcoa se han desmarcado con la posición vizcaína y en consonancia con lo afirmado ayer por el consejero de Industria y portavoz del Gobierno, Josu Jon Imaz, consideran que los acuerdos deben estar para cumplirlos.
El Ejecutivo vasco, y las diputaciones alavesa y guipuzcoana temen que la actual crisis en Vizcaya pueda afectar a la situación del Concierto Económico ante las autoridades europeas.
En todo caso, Vizcaya ha suspendido la llamada paz fiscal después de que el principal obstáculo en Europa, la cuestión prejudicial (consulta del Tribunal Superior de Justicia ante el tribunal de la Comunidades Europeas sobre las vacaciones fiscales y su acomodo en las normas de competencia de la Unión Europea) fuera retirada, cuando el Gobierno central desistió del recurso que la generó.
El diputado de Hacienda de Vizcaya, Javier Urizarbarrena, insistió ayer en que si la Administración central cumple sus compromisos Vizcaya está dispuesta a retirar las normas acordadas en el pacto fiscal.
A su entender, la Diputación "ha cumplido íntegramente con todos sus compromisos", mientras que la Administración central no, por lo que no han tenido "más remedio" que retirar el citado proyecto de norma.
