La crisis más grave de la Europa comunitaria

El Consejo Europeo —la cumbre de los jefes de Estado o de Gobierno—-debe decidir ahora qué salida ofrece a la más impresionante crisis institucional registrada en toda la historia de la Europa comunitaria. Se enfrenta a dos grandes opciones: o bien nombrar una Comisión enteramente nueva, o bien mantener en funciones a la dimitida. En ambas opciones su mandato duraría el mismo tiempo previsto para la Comisión Santer: hasta enero del 2000. En todo caso, deberá contar con la anuencia de la cámara, aunque no necesita su total complicidad, puesto todavía no está en vigor el Tratado de A...

El Consejo Europeo —la cumbre de los jefes de Estado o de Gobierno—-debe decidir ahora qué salida ofrece a la más impresionante crisis institucional registrada en toda la historia de la Europa comunitaria. Se enfrenta a dos grandes opciones: o bien nombrar una Comisión enteramente nueva, o bien mantener en funciones a la dimitida. En ambas opciones su mandato duraría el mismo tiempo previsto para la Comisión Santer: hasta enero del 2000. En todo caso, deberá contar con la anuencia de la cámara, aunque no necesita su total complicidad, puesto todavía no está en vigor el Tratado de Amsterdam.

La dimisión de todos los miembros de la Comisión carece de precedentes históricos. Lo más parecido fue la renuncia del presidente italiano Franco Maria Malfatti, que fue inmediatamente sustituido por el holandés Sicco Mansholt. Pero de ello no sólo hace decenios, sino que las causas son muy diferentes. Ni vino por una crisis —Malfatti renunció voluntariamente para reintegrarse en la política interna italiana— ni la Comisión era en sus inicios una institución tan determinante como ahora.

El colapso del Ejecutivo llega ahora en un momento pésimo para él futuro de la Europa comunitaria, a menos de dos semanas de que se celebre en Berlín la trascendental cumbre que debe acordarla Agenda 2000, el paquete presupuestario para el próximo septenio del próximo siglo. Esta tormenta política sin precedentes se produce casualmente sólo tres días después de otro acontecimiento sorprendente que también provocó una gran icertidumbre en Europa: la dimisión del ministro de Finanzas de Alemania, Oskar Lafontaine.

Quizá en Berlín esté ya clara la alternativa a la crisis abierta ayer, pero en todo caso la Comisión dimitida apenas podrá ejercer su tradicional función de árbitro y buen componedor, para disgusto del Gobierno español, que se había comprometido mucho en su defensa.

Tanto por intereses tácticos —la Comisión es su principal aliado en esa batalla— como estratégicos, por mor de mantener la idea de un Ejecutivo fuerte, capaz de mantener el equilibrio institucional con un Parlamento Europeo crecido en competencias desde que se aprobara el Tratado de Amsterdam. Este no está aún en vigor, pues falta la ratificación de Francia, pendiente del trámite de aprobación por el Senado.

También es un mal momento porque el Parlamento Europeo está en liquidación. Las elecciones europeas se celebran el próximo mes de junio. Y la coyuntura de precampaña electoral es poco propicia a la calma que requiere la situación. Porque ¿exigirá la cámara el completo guillotinamiento público de Santer y los suyos? ¿O bien se conformará con que los jefes de Gobierno la mantengan, aunque sea en precario? Los miembros del Consejo Europeo tienen desde luego un arma teórica, si optan por esta última solución. A saber, la confección de las listas electorales, de manera que cualquier atisbo de indisciplina se castigue con la eliminación de las candidaturas. Pero ya contaban con ella durante la moción de censura, y ello no impidió el espectáculo de fracturas y deserciones en todos los grupos parlamentarios.

El Tratado estipula que si el presidente de la Comisión dimite, debe ser obligatoriamente reemplazado, lo que no ocurre necesariamente cuando renuncia un comisario de base. Este es el caso, porque ha cesado todo el colegio, con Jacques Santer al frente.

La cumbre debe elegir pues un nuevo presidente de Comisión, y éste, junto con los Gobiernos, elegir un colegio (el presidente gozará de más margen de maniobra para elegir a sus colegas cuando rija, desde junio, el Tratado de Amsterdam). Aunque se carezca de precedentes y de normas, el Consejo Europeo podría innovar, confirmando a los dimisionarios para que ejerzan sus cargos en funciones hasta el nombramiento del nuevo colegio. Podría encabezar el colegio el propio Jacques Santer, o en el supuesto de que renuncie, el vicepresidente que semestralmente ocupa el segundo puesto, en este caso el británico Leon Brittan.

Esta opción de mínimos se tomaría si se quisiera evitar tanto mezclar el proceso con los comicios europeos, como tomar decisiones precipitadas. Parece lógico, en efecto, que los líderes no elijan a un nuevo presidente sólo por nueve meses, sino que éste, tras culminar lo que resta de mandato, fuese el candidato para el nuevo mandato que empieza el año próximo.

Las candidaturas para el puesto están muy poco maduras. Una, oficial, es la del antiguo presidente del Consejo de ministros italiano, Romano Prodi. Nació con empuje pero actualmente se ha deshinchado levemente, desde que Prodi decidió crear un nuevo partido para competir en los comicios de junio, rompiendo así el consenso interno que se supone debe respaldar una candidatura para la Comisión con posibilidades de éxito.

El otro nombre no ha sido todavía oficializado, pero acarrea un creciente impulso. Se trata del español Javier Solana, actual secretario general de la OTAN, cuyo mandato termina precisamente el próximo diciembre. Cuenta entre sus principales bazas con sus excelentes relaciones políticas y personales con los principales dirigentes de Moscú y Washington; el apoyo que le otorgan los candidatos de la Europa oriental a la ampliación (el gran reto de la UE para el próximo decenio); y el de haberse consagrado como una figura a medio camino del empuje de Jacques Delors y la tímida discreción de otros presidentes históricos de la Comisión.

En contra de Solana juega el hecho de que la OTAN, cuando está a punto de cumplir el 50 aniversario, atraviesa por un momento especialmente delicado en su trayectoria, un momento poco oportuno para sustituir al secretario general.

El cese colectivo de la Comisión pone ahora a prueba, pues, a las otras dos grandes instituciones de la UE, el Consejo y el Parlamento. El primero porque debe actuar rápidamente y demostrar el liderazgo de su presidente, el canciller alemán Gerhard Schröder, mermado coyunturalmente por la crisis desencadenada en su Gobierno tras la renuncia del poderoso Oskar Lafontaine. El segundo, porque en caso de mantenimiento en funciones de la vieja Comisión, deberá tolerar la continuidad de algunos personajes a los que ha criticado. En algunos casos, hasta muy cerca del linchamiento moral.