OCM DEL ACEITE Las "rogativas" de la ministra

La entrada en vigor de la nueva OCM del aceite de oliva, supone el disparo de salida para corregir, antes del año 2001, los errores estratégicos del Gobierno del Partido Popular y la incapacidad y prepotencia de la ministra de Agricultura, Loyola de Palacio. A lo largo de estos años, tendremos que atemperar el impacto que supone esta reforma sobre la garantía de rentas de los olivareros, por la supresión del mecanismo de intervención pública; la pérdida de competitividad de nuestro aceite, frente al de italianos y griegos, que recibirán entre 40 y 80 pesetas más por kilo, y la amenaza que se c...

La entrada en vigor de la nueva OCM del aceite de oliva, supone el disparo de salida para corregir, antes del año 2001, los errores estratégicos del Gobierno del Partido Popular y la incapacidad y prepotencia de la ministra de Agricultura, Loyola de Palacio. A lo largo de estos años, tendremos que atemperar el impacto que supone esta reforma sobre la garantía de rentas de los olivareros, por la supresión del mecanismo de intervención pública; la pérdida de competitividad de nuestro aceite, frente al de italianos y griegos, que recibirán entre 40 y 80 pesetas más por kilo, y la amenaza que se cierne sobre los consumidores, al no prohibir las mezclas y suprimir la ayuda al consumo. Los próximos tres años serán decisivos para aclarar, ante la Comisión Europea, el error de los datos y demostrar que nuestra capacidad de producción real gira en torno al millón de toneladas de aceite. Tendremos que conseguir un sistema de reparto y modulación de ayudas que corrija la situación actual, porque, mientras que más de 100.000 olivareros tienen una ayuda media de menos de 100.000 pesetas, sólo 69 productores se reparten alrededor de 4.000 millones de pesetas. El sector considera como elemento irrenunciable para la futura negociación recuperar el sistema de intervención pública, cuya supresión, aceptada con torpeza y frívola autocomplacencia por la ministra de Agricultura, amenaza la viabilidad económica de miles de pequeñas y medianas explotaciones olivareras. A la vez, nuestro país debe hacer una apuesta decidida por la mejora de calidad del aceite e incidir y potenciar las vías de comercialización y distribución. Para la defensa de los intereses del olivar español ante la Unión Europea, es conveniente mantener plataformas integradoras del propio sector, como la extinta Mesa Nacional del Aceite; aunque la experiencia obliga a cambiar su composición y régimen de funcionamiento para evitar que vuelva a convertirse en el escudo protector de la estrategia errática del Gobierno y de la incapacidad de la ministra. Es preocupante que el Gobierno de Aznar no haya aprendido del desastre de la negociación de la reforma de la OCM del aceite de oliva y no reconozca sus errores, que amenazan la vida social y económica de más de 300 municipios andaluces. Prueba de ello es su disposición a continuar con la estrategia compulsiva y errática. El anuncio de la posible prohibición de nuevas plantaciones de olivar es una muestra, porque supone una autolimitación para las potencialidades de nuestro sector oleícola, si la prohibición no se extiende al conjunto de los países productores de la Unión Europea. Este planteamiento resulta miope para el futuro de nuestro aceite, lo mismo que resultan patéticas las prédicas y "rogativas" de la ministra Loyola de Palacio para que se reduzcan las previsiones de producción de esta campaña y disfrazar así los efectos negativos de la aplicación de la nueva OCM del aceite de oliva. El patetismo de la ministra se reproduce en su soledad en los Consejos de Ministros de Agricultura y recuerda su amenaza de referéndum en el Colegio de Comisarios Europeos.PEDRO RODRÍGUEZ CANTERO