Los "faxes" de la discordia

"Condiciones" se ha convertido en un término clave en todo el entramado sobre la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Benicàssim. Condiciones sine qua non fueron las que pusieron los concejales del partido independiente Asociación de Residentes y Veraneantes (ARB) para otorgar su voto favorable a esta modificación, que implica la recalificación de unos terrenos del consejero de Sanidad, Joaquín Farnós. El portavoz de la ARB, Manuel Llorca, así lo manifestó la semana pasada en la comisión de Urbanismo y durante la celebración del mismo pleno en el que se trató el tema: Si se adjuntaba al expediente algún documento de compromiso de las administraciones implicadas para la futura ejecución de los proyectos previstos para la zona, los dos votos con los que cuenta el colectivo serían favorables a la propuesta del PP. De hecho, en la comisión del 22 de junio, en la que no se contaba con ningún documento, la ARB se abstuvo a la hora de manifestar su voto, mientras que, con la llegada de los escritos, los dos ediles votaron a la favor de la modificación. "Nuestras condiciones se han cumplido", manifestó Llorca. "A nadie se le pasa que uno de los propietarios de estos terrenos es político y se le favorece", añadió, después de decir que "entendemos que los escritos garantizan el poder llevar adelante los proyectos". De las palabras de Llorca se deduce que los dos votos de su agrupación, indispensables para la aprobación de la modificación, fueron positivos porque tanto la Generalitat Valenciana como los Ministerios de Fomento y Medio Ambiente, a su entender, prometían inversiones si la recalificación se llevaba a cabo a través de los escritos enviados por el consejero de Economía, José Luis Olivas, y el subdelegado del Gobierno, Vicente Sánchez Peral. Y de las mismas cabría decir que, en el caso de que esos escritos no se hubieran enviado, la modificación del PGOU no hubiera salido adelante. Las promesas en cuestión se centran en el estudio para la construcción de un aulario para convenciones y congresos, incluido en el Proyecto Cultural de Castellón, la adecuación de una carretera, la prolongación del paseo marítimo y la creación de un aparcamiento subterráneo. El escrito que el consejero de Economía y presidente del Proyecto Cultural de Castellón, José Luis Olivas, envió a la misma hora que vencía la convocatoria del pleno, tal como se puede leer en el papel, también incluye una condición. El fax, con membrete del propio consejero, señala que el Consejo de Administración del Proyecto Cultural de Castellón tratará la inclusión de esta obra "siempre que la calificación de los terrenos liberados así lo permita". Ésta es la primera vez que la calificación de unos terrenos condiciona la inclusión de un proyecto en las obras a ejecutar por la sociedad mixta Castelló Cultural, SA. De hecho, dos de las actuaciones del llamado Proyecto Cultural de Castellón se encontraban muy lejos de esta condición en el momento de su inclusión. Así, ha sido después, y no antes, de dar a conocer que el auditorio para la capital de La Plana era uno de los proyectos elegidos cuando se ha iniciado el proceso para adecuar los terrenos a la calificación necesaria. En este caso, ha sido precisa la modificación de una ordenanza municipal para permitir una construcción de estas características, cultural, en una zona verde. Por su parte, el palacio de congresos de Peñíscola, en el momento de su inclusión, ni siquiera tenía determinados los terrenos sobre la que había de levantarse. Distinto, aunque no por ello menos destacable, es el caso del Teatro Principal de Castellón. En este proyecto no es la correcta calificación de los terrenos la causa de la polémica, sino la titularidad del edificio, ya que la Generalitat Valenciana está invirtiendo casi 900 millones de pesetas en un inmueble que es privado. En cualquier caso, los proyectos de Benicàssim dependen de la ejecución del desvío del ferrocarril, que en este momento, está paralizada. Es más, existen dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia valenciano que obligan a repetir el procedimiento expropiatorio de los terrenos para llevar a cabo este proyecto, que se inició hace más de tres años. A este periodo cabría añadir los otros tres años que las vías del tren de velocidad alta y las ahora existentes deben convivir, según lo estipulado. Así, las promesas podrían empezar a cumplirse dentro de seis años, aunque la modificación del PGOU de Benicàssim fue aprobada en un pleno extraordinario y su urgencia no mereció la consideración de dejar el punto sobre la mesa.