El Gobierno argentino posee una lista con mil nombres más de 'desaparecidos' sin contabilizar de forma oficial

El Gobierno argentino, coincidiendo con el 19º aniversario del último golpe militar y una fuerte polémica sobre las listas de desaparecidos durante la dictadura, confirmó ayer que dispone de una relación de 1.000 nombres no incluidos en el informe de la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (Conadep). El aniversario se repudió en Buenos Aires con una concentración ante el edificio de la Escuela de Mecánica de la Armada (Esma), que fue utilizada como centro de interrogatorio y tortura. El día anterior, otra manifestación fue disuelta expeditivamente por la policía.

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El Gobierno argentino, coincidiendo con el 19º aniversario del último golpe militar y una fuerte polémica sobre las listas de desaparecidos durante la dictadura, confirmó ayer que dispone de una relación de 1.000 nombres no incluidos en el informe de la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (Conadep). El aniversario se repudió en Buenos Aires con una concentración ante el edificio de la Escuela de Mecánica de la Armada (Esma), que fue utilizada como centro de interrogatorio y tortura. El día anterior, otra manifestación fue disuelta expeditivamente por la policía.

Organizaciones de derechos humanos y las Madres de Plaza de Mayo protestaron la violencia de esas cargas policiales contra los manifestantes que el jueves reclamaron ante la propia Esma la difusión de las listas de víctimas y verdugos. El Ministerio del Interior prometió que publicará la nueva relación de nombres, resultado de denuncias posteriores a la publicación del informe de la Conadep, cuando sus identidades sean cotejadas con las familias.Alicia Pierini, subsecretaria de Derechos Humanos de esa cartera, informó que la nomina de la Comisión, 9.000 muertos-desaparecidos, se redactó "con legajos que eran abiertos con la denuncia; para armar este listado, en cambio, exigimos al menos copia del habeas corpus presentado tras la desaparición". El número de personas desaparecidas aceptado oficialmente por Buenos Aires supera ahora los 10.000 mientras que organizaciones de derechos humanos no gubernamentales la cifran en 30.000.

Por otra parte, el Gobierno dispuso otorgar carácter público a un decreto secreto promulgado en 1983 por el Ejecutivo del general Reynaldo Bignone que ordenaba la destrucción de toda la documentación comprometedora.