Los condenados por cohecho o fraude ya no podrán contratar con el Estado
Los condenados por cohecho, malversación de fondos públicos o fraude no podrán firmar ningún contrato con la Administración. La medida parece obvia, pero la legislación española no contemplaba esa exclusión. El Consejo de Ministros aprobó ayer un proyecto de ley de Contratos de las Administraciones Públicas en el que se deja clara tal prohibición. Cumple así el Ejecutivo una de las tres propuestas anticorrupción que el jefe del Gobierno, Fellpe González, planteó el pasado marzo ante el Parlamento. Las otras dos, aún no puestas en marcha, son la limitación de los gastos en campañas electorales y la modernización legal de la financiación de los partidos políticos. La ministra portavoz, Rosa Conde, calificó ayer la nueva ley de "políticamente básica" para clarificar la vida pública y para alejar dudas sobre comportamientos que en los últimos meses han concluido en escándalos de corrupción.
La futura ley amplía la prohibición de contratar con las administraciones públicas a los condenados por delitos contra la propiedad, falsedad, cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias (será tipificado en el próximo Código Penal), negociaciones prohibidas a los funcionarios, revelación de secretos, uso de información privilegiada y delitos contra la Hacienda.
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