Los medios artísticos reciben con satisfacción y cautela la nueva ley de Defensa del Patrimonio Histórico
Preocupan los términos jurídicos de la legislación que sustituye a la de 1933
La opinión más generalizada entre artistas, galeristas y críticos sobre la nueva ley de defensa del Patrimonio Histórico Español es que ésta ha recogido las más importantes reivindicaciones por las que se ha luchado durante años. Preocupan los matices jurídicos, capaces de invertir los términos de la ley, y se entienden como mejoras del proyecto aprobado por el Consejo de Ministros la reducción del impuesto de lujo, la calificación de bienes de interés cultural y la inclusión del 1% cultural
El texto definitivo del proyecto de ley aprobado no se hará público hasta que éste no aparezca e...
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La opinión más generalizada entre artistas, galeristas y críticos sobre la nueva ley de defensa del Patrimonio Histórico Español es que ésta ha recogido las más importantes reivindicaciones por las que se ha luchado durante años. Preocupan los matices jurídicos, capaces de invertir los términos de la ley, y se entienden como mejoras del proyecto aprobado por el Consejo de Ministros la reducción del impuesto de lujo, la calificación de bienes de interés cultural y la inclusión del 1% cultural
El texto definitivo del proyecto de ley aprobado no se hará público hasta que éste no aparezca en el Boletín Oficial del Estado. De ahí que algunas de las personas consultadas se vean en la dificultad de esgrimir argumentos definitivos sobre el mismo. "En principio parece una ley muy positiva; en especial respecto a la reducción del impuesto de lujo y a la calificación de bienes de interés cultural, pero hay temas conflictivos que no me atrevo a juzgar todavía, hasta que no haya leído con detenimiento toda la letra de la ley y pueda sopesar si el funcionamiento práctico obliga a hacerse en condiciones injustas e impracticables", dice Edmund Peel, director de Sotheby's en España.Los temas conflictivos a los que se refiere Peel son, fundamentalmente, la forma de declarar esos bienes culturales y de hacer los inventarios y, sobre todo, los mecanismos de tanteo y retracto. "Yo me refiero a los aspectos técnicos de la ley", agrega Peel, "que me parecen, por otro lado, muy importantes. Si la redacción de la ley es correcta, entonces será fenomenal. En general creo que es una ley muy lograda".
"Sólo sé lo que ha publicado la Prensa y lo que ha dicho el ministro de Cultura, Javier Solana, con respecto a esta nueva ley", dice Alfredo Pérez de Armiñán, ex director general de Bellas Artes y miembro de la comisión jurídica de Hispania Nostra, entidad que ha colaborado con su asesoramiento a la realización de los diversos borradores hechos por el ministerio. "El tema del Patrimonio es demasiado complejo para poder opinar con pocos elementos de juicio y tampoco es oportuna mi opinión, ya que soy letrado de las Cortes y estudiaré la ley cuando nos la envíe el Gobierno. En estos casos, los matices suelen ser decisivos".
El proyecto de Ley del Patrimonio Histórico Español, que sustituye a, la hasta ahora vigente ley de 119.13, también realizada como ahora por un ministro socialista, Fernando de los Ríos, rebaja el impuesto de lujo en la adquisión de obras de arte del 26,6% al 5,6%. "Yo creo que la Administración está haciendo una labor muy positiva para promover las artes plásticas y creo que aprobar esta ley es rematar su labor", opina el pintor Darío Villalba. "Yo hubiera suprimido totalmente el impuesto de lujo, pero dejarlo en el 5,6% me parece ya una concesión muy importante. Porque se beneficiarán el Estado y el artista. Este tipo de cosas son tan evidentes que parece mentira que otros gobiernos las hayan ignorado. Reducir los impuestos fomenta la venta al artista, la exposición al galerista y la adquisición al coleccionista de obras de arte".
La nueva ley prevé el fomento del coleccionismo mediante la exención de impuestos y los pintores Juan Genovés y Lucio Muñoz tienen opinión similar a la de Villalba en este aspecto. "Hay que dejar de considerar el arte como artículo de lujo porque es un artículo cultural", dice Genovés. "El problema de este país en el terreno artístico está precisamente en que no hay coleccionismo".
Una de las peticiones reclamadas en medios artísticos y que ha sido recogida por el proyecto de ley es la obligatoriedad de dedicar el 1% de los presupuestos de inversión de las administraciones públicas a atenciones culturales. Inclusión que se ha recibido en estos medios con entusiasmo, al igual que la posibilidad de pagar con obras al Estado. Esto significa la posibilidad de extinguir la deuda tributaria por derechos de sucesión o la del impuesto del patrimonio donando obras de arte a la Administración. "En casos de herencia me parece bien", comenta María Corral, directora artística de la Fundación de la Caixa. "Sin embargo, me parece una injusticia que un artista pueda pagar con su obra; entonces, también podría hacerlo el artesano; o pagar sus impuestos el sastre con sus trajes. Me parece tremendamente injusto y, si se aprueba, habrá que ponerse a pintar inmediatamente".
Los bienes de la Iglesia
Los bienes inmuebles de patrimonio cultural de la Iglesia no podrán ser enajenados, según el proyecto de ley, a particulares, sino únicamente a las administraciones públicas. "Todo puede armonizarse. La Iglesia alienta el diálogo y está abierta a la cooperación", dice monseñor Damián Iguacén, obispo de Teruel y presidente de la Comisión Episcopal del Patrimonio Cultural de la Iglesia. "Hemos protestado por anteriores borradores, pero no tenemos objeciones importantes que hacer al proyecto ahora aprobado, aunque próximamente lo estudiaremos con detenimiento. Habrá que ver, en todo caso, si un particular no puede vender a otro particular. Porque parece que se tiene interés en que la Iglesia esté considerada como una entidad privada"."La Iglesia es una colección de situaciones jurídicas distintas", dice Alfredo Pérez de Armiñán, "pero disfruta, indudablemente de un estatuto jurídico especial, nunca asimilable al de una entidad particular. La Iglesia se ha beneficiado de exenciones tributarias y posee un régimen especial; de ahí los acuerdos con la Santa Sede de 1979".
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