La respuesta a la crisis comunitaria no admite demoras

El 25 de marzo de 1957, los seis países firmantes del tratado que dio origen a la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA) fundaron el EURATOM y la Comunidad Económica Europea (CEE). En la evolución de la CEE se pueden apreciar -según la autora- tres fases históricas: una primera etapa de crecimiento sostenido durante los años sesenta, una segunda etapa de crisis manifestada en la década de los setenta y la actual situación de encrucijada, ante la cual cabe esperar o un relanzamiento o un desmembramiento. No obstante, los actuales condicionamientos, tanto internos como externos, están f...

El 25 de marzo de 1957, los seis países firmantes del tratado que dio origen a la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA) fundaron el EURATOM y la Comunidad Económica Europea (CEE). En la evolución de la CEE se pueden apreciar -según la autora- tres fases históricas: una primera etapa de crecimiento sostenido durante los años sesenta, una segunda etapa de crisis manifestada en la década de los setenta y la actual situación de encrucijada, ante la cual cabe esperar o un relanzamiento o un desmembramiento. No obstante, los actuales condicionamientos, tanto internos como externos, están forzando una respuesta ante la crisis, que no permite demasiadas demoras.

A la hora de abordar el proceso de creación de la Comunidad Económica Europea (CEE) no se debe olvidar el contexto económico y político en el que surge la experiencia comunitaria, así como las razones de todo tipo que promovieron el fenómeno de la unificación de algunos Estados europeos. Por ello, haciendo un breve repaso histórico de las experiencias europeas previas a la firma del Tratado de Roma, nos encontramos con unos proyectos parciales de integración, como son, en 1943, el Benelux (Unión Económica entre Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo), y, en 1951, la CECA (Comunidad Europea del Carbón y del Acero entre los tres países del Benelux, Alemania, Francia e Italia).Entre las razones de tipo económico y político que determinaron básicamente la constitución de las comunidades europeas pueden destacarse las siguientes: a) El deseo de sepultar la histórica rivalidad franco- alemana; b) La ayuda americana a la reconstrucción de Europa a través del Plan Marshall, que impuso como requisito la creación de un Mercado Común, eliminando las; restricciones al libre comercio; c) Consolidación de un sistema económico y político en Europa occidental como muro de contención frente a la expansión del modelo de planificación centralizada de la Europa del Este; d) El rápido proceso descoloniza dor de las antiguas colonias europeas, que implicaba una redefinición de las relaciones exteriores de los países europeos con vistas a seguir asegurándose el aprovisionamiento de materias primas; e) La necesidad de crear un gran espacio económico como mercado ampliado, para que las grandes empresas europeas pudieran competir con las norteamericanas.

En este contexto, e impulsado por el ideario europeísta de los llamados "padres fundadores de Europa" (Monnet, Schuman, Spaack... ), que se centraba, entre otros argumentos, en la salvaguardia de la paz y la libertad, en la mejora de las condiciones de vida de sus pueblos y en el desarrollo armonioso de los mismos, reduciendo las diferencias intrarregionales, se llegó a la firma de los tratados de Roma, cuyo 25 aniversario se conmemora en estas fechas.

Los logros

Al efectuar un balance de lo que ha constituido la CEE en estos cinco lustros se puede decir que la principal realización ha sido la creación de un Mercado Común, con la implantación de una Unión Aduanera entre los Estados miembros y la correspondiente supresión de aranceles y contingentes en el comercio intracomunitario, así como la adopción de una tarifa exterior común frente al exterior. La libertad de circulación de los factores productivos, trabajo y capital, y la libertad de prestación de servicios de los ciudadanos de los Estados miembros dentro del territorio comunitario.

Dentro del campo de la coordinación de las políticas económicas nacionales pueden apuntarse también la adopción de una "política agrícola común" y una "política comercial exterior común". Para el cumplimiento de lo anterior se ha precisado de unas instituciones comunes -Consejo, Comisión, Parlamento y Tribunal de Justicia- con las correspondientes facultades ejecutivas, legislativas y judiciales. Frente a los desequilibrios sociales y regionales se ha ido elaborando una "política social" y una "política regional", con la creación de unos fondos financieros específicos: El FSE (Fondo Social Europeo, en 1972) y el FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional, en 1975). La poca operatividad de estos fondos se debe, en primer lugar, a los escasos recursos presupuestarios de la CEE y, sobre todo, a que un 70% de éstos se ha venido destinando a financiar la política agrícola común.

Finalmente, y dentro del marco de la necesaria armonización fiscal, se implantó el impuesto sobre el valor añadido (IVA) en el con junto de la CEE y se modificaron las fuentes de financiación de presupuesto comunitario.

Los problemas

Junto a estas realizaciones ha ido apareciendo una serie de problemas ante los cuales se hacía necesaria una respuesta comunitaria, no siempre fácil de alcanzar, y muy influenciada por el actual contexto de crisis económica internacional. La problemática actual, en materia económica, de la CEE podría sintetizarse, en aras a la concisión, en cinco aspectos:

- Necesidad de revisión de la política agrícola común (PAC), puesto que se ha centrado en la fljación de un sistema de precios garantizados, sin límite alguno, en las cantidades producidas. Los resultados han sido la acumulación de excedentes estructurales, el elevado coste del mantenimiento de este mecanismo, la no unidad de precios -y, por consiguiente, la fragmentación del mercado común agrario- y la falta de una verdadera política de estructuras.

- Potenciacion de la política social y de la política regional, ya que la crisis económica ha producido un incremento alarmante del paro y ha acentuado las disparidades regionales. Para enfrentarse a estos problemas, estrechamente relacionados entre sí, parece conveniente coordinar una política global a través de los respectivos instrumentos financieros. Además, la ampliación ya efectuada a Grecia, y la futura adhesión de España y Portugal, van a requerir una actuación en esta línea.

- La crisis económica actual ha forzado la reestructuración de múltiples subsectores industriales para restablecer su competitividad frente a los países competidores y la necesidad de potenciar ciertos sectores punta.

- La crisis monetaria internacional ha supuesto para la CEE la necesidad de constituir un Sistema Monetario Europeo (SME), que tiene la peculiaridad de no ser obligatorio para todos los Estados miembros. El funcionamiento del SME no ha cumplido en su totalidad los objetivos previstos, siendo necesario el dar respuesta a algunas lagunas actualmente planteadas: el papel del ECU, la creación del Fondo Monetario Eeuropeo y la convergencia de las políticas económicas nacionales, con el fin de llegar a una verdadera unión económica y monetaria.

- La reforma del presupuesto comunitario es absolutamente imprescindible, tanto por el lado de los ingresos como por el de los gastos. Respecto a los primeros, habrá que superar el techo actual de los recursos propios para poder atender a las crecientes necesidades de la Europa comunitaria.

Por el lado de los gastos hay que reequilibrarlos, reduciendo el peso excesivo del FEOGA y dotando de mayores recursos al resto de las políticas sectoriales comunitarias.

Reformas necesarias

Para hacer frente a este panorama de reformas pendientes se deberá abordar, al mismo tiempo, una revisión del funcionamiento del aparato institucional El Parlamento Europeo, elegido en la actualidad por sufragio universal directo de los ciudadanos europeos, debe detentar un mayor poder de iniciativa y de atribuciones, ya que las actuales se limitan a cuestiones presupuestarias y a recomendaciones de política exterior. También habrá que delimitar mejor las funciones del Consejo de Ministros y de la Comisión, sin olvidar que esta última debería pasar a constituir un ejecutivo supranacional, variando quizá también la regla de la unanimidad en la toma de decisiones, principalmente en la,6ptica de una Comunidad ampliada de doce miembros.

La reacción de las instituciones comunitarias ante la situación de la CEE se plasmó en el famoso mandato del 30 de mayo de 1980, del Consejo a la Comisión, encargándola el estudio de las reformas.

La Comisión remitió al Consejo, en junio de 1981, un informe y unas comunicaciones posteriores, haciendo un análisis de fondo del funcionamiento de la CEE y apuntando las líneas directrices que deberían ser aprobadas por el Consejo para alcanzar lo que ya se conoce como la "Europa de la segunda generación".

Tampoco hay que olvidar que la próxima ampliación de la CEE a España y Portugal está condicionada a la resolución de los problemas interiores de la actual Comunidad Europea, pero que aquéllos, como países directamente interesados en el tema, deberían también ser tenidos en cuenta en sus intereses específicos.