El Gobierno argentino considera zanjado el problema de los desaparecidos

El Gobierno argentino considera zanjado el tema de los miles de desaparecidos por motivos políticos en Argentina desde el advenimiento de la Junta Militar, en marzo de 1976. Del mismo modo, rechazó el miércoles, en Buenos Aires, los resultados del informe elaborado por la Comisión Interamericana de los Derechos del Hombre, que investigó minuciosamente en Argentina la violación de estos derechos.

Según Ricardo Balbín, dirigente de la Unión Cívica Radical, segunda fuerza política argentina, después del peronismo, en una entrevista que él mantuvo con el ministro del Interior, general A...

El Gobierno argentino considera zanjado el tema de los miles de desaparecidos por motivos políticos en Argentina desde el advenimiento de la Junta Militar, en marzo de 1976. Del mismo modo, rechazó el miércoles, en Buenos Aires, los resultados del informe elaborado por la Comisión Interamericana de los Derechos del Hombre, que investigó minuciosamente en Argentina la violación de estos derechos.

Según Ricardo Balbín, dirigente de la Unión Cívica Radical, segunda fuerza política argentina, después del peronismo, en una entrevista que él mantuvo con el ministro del Interior, general Albano Harguindeguy, éste, en nombre del Gobierno, considera definitivamente cerrado el expediente sobre los desaparecidos por razones políticas, subrayó también que el general afirmó que todo lo que debía decir al respecto ya habla sido formulado anteriormente por las autoridades militares. Balbín, que durante una reciente estancia en España había dicho que en Argentina no había desaparecidos, sino muertos, reveló que el Gobierno de Buenos Aires mantenía este mismo punto de vista.Las manifestaciones del dirigente radical previsiblemente van a agravar la inquietud existente en Argentina respecto a los miles de casos de desaparición indiscriminada de personas, relacionadas o no con actividades políticas, atribuidos a la policía o a organizaciones parapoliciales o piramilitares desde que la Junta Militar derrocó el régimen de María Estela Martínez de Perón, en marzo de 1976.

Simultáneamente a estas revelaciones, las autoridades militares rechazaron de modo categórico los resultados de la investigación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En un comunicado oficial de 170 páginas, el Gobierno argentino niega que en este país se hayan producido violaciones generalizadas de los derechos humanos por parte de las autoridades militares de Buenos Aires, mientras rechazaba enérgicamente las acusaciones en este sentido.

Según el texto oficial «hubo algunos abusos debidos a una situación excepcional, pero esto se produce en todos los países, aunque debe ser evitado». El comunicado expresa la decepción del Gobierno argentino «no por las criticas contenidas en el informe, sino por la falta de espíritu constructivo que deja translucir».

Más adelante, el texto afirma que el porcentaje de desapariciones en Argentina no difiere del de otros países, y subraya que en Francia, a la que pone como ejemplo, entre 1976 y 1979 se registraron 75.000 desapariciones.

El comunicado gubernamental llega a establecer que si bien el Ministerio del Interior argentino tiene registrados 3.447 disposiciones sobre desaparecidos, el informe de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos se refiere a 5.818, «lo cual revela», dice el texto, «la mala fe con la cual algunas organizaciones internacionales juegan con las cifras, anormalmente infladas».

En círculos políticos se destaca que estas actitudes del Gobierno argentino impiden una verdadera reconciliación nacional en Argentina, como puso de manifiesto un comunicado de la Conferencia Episcopal, emitido recientemente en Buenos Aires.