El pulso perdido del patrimonio de Castilla y León contra la despoblación

La torre de la iglesia de Villaturiel (León), del siglo XVI, y la iglesia románica de La Barbolla (Soria) son dos de los últimos bienes patrimoniales de Castilla y León que se han derrumbado en los últimos meses de un día para otro. Nadie, durante años, había atendido las quejas sobre su estado. Las grietas se extendieron sobre ambos elementos patrimoniales sin despertar la acción pública o privada para arreglarlas o...

La torre de la iglesia de Villaturiel (León), del siglo XVI, y la iglesia románica de La Barbolla (Soria) son dos de los últimos bienes patrimoniales de Castilla y León que se han derrumbado en los últimos meses de un día para otro. Nadie, durante años, había atendido las quejas sobre su estado. Las grietas se extendieron sobre ambos elementos patrimoniales sin despertar la acción pública o privada para arreglarlas o intentar combatirlas. La escena se repite por las nueve provincias de la comunidad, tan rica en herencia cultural y arquitectónica como pobre en habitantes y músculo financiero sobre sus recursos artísticos.

Los colectivos especializados denuncian este deterioro y reprochan la inacción de la Junta, que aplica una estrategia de “dar valor económico” para “sacar máximo partido” a este legado, centrándose en los Bienes de Interés Cultural (BIC). Los críticos denuncian que esta táctica condena al olvido, y al derrumbe, a los inmuebles menos populares o ubicados en zonas despobladas. Además, reclaman que la Iglesia se implique más en el cuidado de posesiones centenarias y que ahora no puede sostener.

El análisis arroja una primera gran culpable según todos los agentes en este desafío: la despoblación. La Consejería de Cultura, las asociaciones en defensa del patrimonio, colectivos de micromecenazgo para recuperar recursos culturales en riesgo o expertos en estos bienes coinciden en que la pérdida demográfica en entornos rurales propicia el abandono de esas iglesias, retablos, palacios o ermitas desperdigadas por la comunidad. Óscar Carranza, portavoz de la Federación por el Patrimonio de Castilla y León, lo diagnostica así: “Cuando un bien patrimonial pierde utilidad, como las iglesias en municipios casi vacíos como San Bartolomé de la Barbolla, hay un deterioro. El propietario, que suelen ser las diócesis, pierde el hilo del mantenimiento y la Junta, al no ser BIC, no da pie a trabajo preventivo”.

Carranza reclama que la Consejería defienda el patrimonio con “planes de educación para que la gente valore lo que tiene, el patrimonio es parte de su identidad”. El experto censura también intervenciones como la de la iglesia de la Vera Cruz en Valladolid, con la cúpula derrumbada por negligencias en las obras de restauración: “Llegará el día en que se hunda una iglesia, nos llevemos las manos a la cabeza, y a los dos días a esperar a la siguiente. Falta coser una identidad territorial conjunta haciendo copartícipe a la población”. Los Arzobispados, lamenta, no quieren reconocer más iglesias o templos por no poder asumir sus cuidados y a su vez obstaculizan a plataformas vecinales que intentan cuidarlos. Así ha ocurrido en Sarnago (Soria), recalca el soriano José María Carrascosa, donde las trabas eclesiásticas propiciaron que la agrupación social se centrara en obtener financiación para crear un coworking al no obtener permisos para centrarse en la deteriorada iglesia.

El director general de Patrimonio Cultural de la Junta, Juan Carlos Prieto, admite la complejidad de operar bajo tal crisis demográfica: “Es un desafío enorme en una comunidad gigante y de patrimonio extraordinario. Hay más de 271.000 bienes patrimoniales en Castilla y León, con 2.600 BIC que podrían ser más”. La Consejería trabaja para “poner a funcionar” tal cantidad de elementos importantes para sacar “máximo partido”: “No es tema de cantidad sino de qué hacemos con ellos, tienen que ser hitos para atraer visitantes y convertirlos en empleo y valor económico”. Prieto cita casos como Santa María la Real (León) o Atapuerca (Burgos) como ejemplo de esa relevancia cultural y, preguntado por los elementos de menor calado pero también reseñables históricamente, reconoce que “todo el patrimonio cultural corre peligros, se ha ido haciendo y renovando desde la historia y no se conservan todos los monumentos desde el Megalítico, es muy difícil que de vez en cuando no haya problemas”.

Prieto incide en la tecnología y la monitorización para controlar la evolución de los conjuntos, “empezando por los más importantes”. Pese a centrarse en los BIC, en lugares como Molacillos (Zamora) reclaman que su iglesia, con tal catalogación y la protección intrínseca, sea arreglada. El templo permanece cerrado con carteles a la puerta que rezan “Hasta en ruinas sigue siendo un hermoso monumento” o “¡Hay que actuar ya!”. La Junta ha anunciado recientemente 2,9 millones de euros para “la ejecución, por parte de las entidades gestoras, de proyectos de gestión activa sobre el patrimonio cultural y el fomento de la actividad y la profesionalización de dichas entidades gestoras”.

Este guion molesta en colectivos pequeños y gran conciencia patrimonial, que se afanan en cuidar o recuperar sus emblemas. Javier Maisterre, de una asociación local de Fuenteodra (Burgos, siete habitantes), que a base de movilización ha conseguido dinero para restaurar su iglesia tardogótica, afea esa política: “Solo quieren invertir en lugares con oportunidad de negocio y desarrollo rural, parece mentira que no sepan la realidad de los pueblos y el patrimonio”.

Maisterre expone que en su caso la Iglesia no se implicó “al no ser BIC, en muchos casos el propietario es el Arzobispado y en la mayoría de los pueblos pequeños la iglesia con problemas se acaba cayendo”. Ellos se comprometieron mediante los micromecenazgos coordinados por Hispania Nostra, campañas traducidas en unos 100.000 euros y dos de las tres acciones más exitosas de esa plataforma. Tras ese aldabonazo, la Junta y la Diputación invirtieron formalmente: “En muchos pueblos el dinero se gasta en pistas de pádel. No somos diferentes, muchos pueblos no hacen lo que podrían, la mayoría solo se mueve si tiene una subvención teledirigida por el partido que manda en la Diputación”.

Hasta 427 de los 1.426 bienes españoles en peligro, recopilados en la Lista Roja del colectivo Hispania Nostra, se encuentran en Castilla y León, lo que supone un 30%. Víctor Antona, miembro de la entidad, admite que sin el latir popular difícilmente sobrevivirá el patrimonio porque “las Administraciones no llegan a todo y tienen que priorizar; o se movilizan ellos o no lo hará nadie”. “Los problemas son el patrimonio privado y mucho es de la Iglesia. No puede ser que el dinero vaya solo donde hay culto, la Administración también tiene que hacerse cargo”, añade.

La restauradora Autora Galisteo, especializada en retablos de iglesias en Zamora, conoce decenas de ellos amenazados por humedades, grietas y daños. Galisteo distingue entre los pueblos con cierta población, donde la conciencia social y algunos convenios de colaboración ayudan a mantener los bienes, y los menores, “los grandes olvidados”. “Sería necesaria una mayor inversión hacia estas zonas que verdaderamente lo necesitan, el mantenimiento de los templos es difícil de asumir”, reitera.

El hastío embarga al soriano David Ortega, que narra en las redes sociales el deterioro de iglesias o palacios que luego, en visitas posteriores, se encuentra derrumbados o expoliados: “Es una ramificación de la despoblación, que es mucho más grave más allá del romanticismo de pueblos vacíos, que antes custodiaban territorios y patrimonios. Hay que buscar nuevas formas de conservación, especialmente en una comunidad tan rica culturalmente”.

Ortega razona sobre las vías de crecimiento en una comunidad en declive demográfico pero con ocho hitos declarados Patrimonio de la Humanidad (es la región que más alberga del mundo) y un sinfín de monumentos en cualquier paraje: “Si nuestra gran riqueza, que es el patrimonio cultural, no se cuida, la rueda de la despoblación se hace imparable. Hay que pensar en el patrimonio como palanca de desarrollo”.