El Ministerio de Cultura rechaza la construcción de un rascacielos en el puerto de Málaga
Un informe de departamento que dirige Miquel Iceta dictamina que el inmueble afectaría negativamente al paisaje histórico de la ciudad, mientras que el Ayuntamiento defiende su edificación. La decisión última corresponde al Consejo de Ministros
El proyecto para levantar el mayor rascacielos de la ciudad en el puerto de Málaga es cada vez más una utopía que una realidad. El Ministerio de Cultura cree que su construcción significaría la “expoliación” del patrimonio de la capital malagueña por su gran impacto en el centro histórico, catalogado Bien de Interés Cultural en los años ochenta. Por ello, ha emitido un informe contrario a la edificación y ha iniciado un expediente de denuncia por ese expolio. La llamada...
El proyecto para levantar el mayor rascacielos de la ciudad en el puerto de Málaga es cada vez más una utopía que una realidad. El Ministerio de Cultura cree que su construcción significaría la “expoliación” del patrimonio de la capital malagueña por su gran impacto en el centro histórico, catalogado Bien de Interés Cultural en los años ochenta. Por ello, ha emitido un informe contrario a la edificación y ha iniciado un expediente de denuncia por ese expolio. La llamada Torre del Puerto es un hotel de 27 plantas y 116 metros de altura en el extremo sur del dique de Levante, cerca del barrio de La Malagueta, que desde el día en que se anunció en 2015 ha causado una gran polémica en el municipio. Con el Ayuntamiento y la autoridad portuaria a favor, pero parte de la ciudadanía en contra, la última palabra la tiene el Consejo de Ministros, que debe dar luz verde al inmueble. El documento de Cultura no es vinculante, pero permite prever el sentido de la decisión del Gobierno.
La Torre del Puerto, que de construirse sería el edificio más alto de la Costa del Sol, es una iniciativa de un fondo de inversión relacionado con la familia real de Qatar, que anunció ―mediante la intermediación de Ramón Calderón, expresidente del Real Madrid― la inversión de 200 millones de euros. El Ayuntamiento de Málaga dio su beneplácito a la construcción y a las modificaciones urbanísticas necesarias para ello, ya que para que el hotel sea posible se debe multiplicar la edificabilidad de la parcela donde está dibujado. El alcalde, Francisco de la Torre (PP), lo considera la guinda al proyecto turístico de la ciudad y lo ha defendido públicamente en numerosas ocasiones. La última, esta misma mañana, cuando ha dicho que sigue viendo un proyecto con “más ventajas que inconvenientes” y que “la realidad” es que el inmueble “no afecta al centro histórico”. Por eso, ha pedido un trato “no distinto” al de Barcelona para su hotel Vela.
El pasado mayo, el Ministerio de Cultura abría un estudio informativo para estudiar el impacto del edificio en Málaga. Un trimestre después, el informe de la Secretaría General concluye que existen “indicios suficientes de expoliación” del proyecto sobre el patrimonio cultural de la ciudad de Málaga, “pues alteraría de manera irreversible el paisaje histórico y natural que caracteriza el centro histórico” y su relación directa con el mar, base de su declaración en 1985 como Bien de Interés Cultural. El texto insiste en que el impacto vulnera “las especificaciones establecidas en el Convenio Europeo del Paisaje de Florencia (del año 2000) y ratificado por España”.
Firmado por Javier García, secretario general de Cultura hasta la llegada de Miquel Iceta al ministerio hace unas semanas, el texto indica que se inicia un expediente de denuncia de expoliación y “la realización de cuantos trámites sean necesarios” y que para ello se recabarán los datos e informes técnicos y consultivos necesarios. Según el portavoz municipal del PSOE en Málaga, Daniel Pérez, el ministerio ha solicitado cinco informes más a otros tantos organismos, entre ellos la Escuela Superior de Arquitectura de la Universidad de Málaga y el Instituto de Patrimonio de la Junta de Andalucía. El decano del Colegio de Arquitectos de Málaga, Francisco Sarabia, ha reiterado en diversas ocasiones que el problema del edificio no es tanto la altura como su ubicación en un suelo “sensible y privilegiado”. En el organismo, de hecho, entienden que los rascacielos no son malos en sí mismos, y que la valoración depende de distintos factores como su localización. Málaga cuenta actualmente con varios bloques de viviendas en construcción que rozan el centenar de metros de altura sin que hayan generado apenas debate.
La resolución del Ministerio de Cultura pone fin a la vía administrativa, por lo que cualquier recurso en su contra debe llegar hasta los juzgados. Es precisamente la vía que han anunciado tanto el alcalde de Málaga como el presidente del Puerto de Málaga, Carlos Rubio, que ha mostrado su “absoluta disconformidad” con un informe que, además, asegura que supone un “ninguneo a la Junta de Andalucía” por la falta de competencias urbanísticas del ministerio. En el diario SUR, además, ha asegurado que la conclusión del documento “es una valoración tan subjetiva, tan fuera de la realidad y tan interesada” que no la comparte. “Como funcionario me sorprendo de cómo unos técnicos se han prestado a eso. Huele a manipulación tendenciosa, no sé cómo unos funcionarios se dejan manipular de esa forma. No son criterios técnicos, clarísimamente, porque no se sostienen”, ha añadido en el mismo medio.
Este no es el primer informe negativo respecto a la Torre del Puerto. El Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS), que asesora a la Unesco, ha destacado en dos documentos ―uno datado en 2018 y otro el pasado mayo― que el rascacielos tendría consecuencias “irreversibles” en la ciudad. Son algunos de los argumentos que ha defendido parte de la ciudadanía que, desde la plataforma Defendamos Nuestro Horizonte, pidió una consulta popular, denegada por el Consistorio. La entidad considera un “atentado” contra el paisaje histórico malagueño el edificio. Su presidente, Juan Antonio Triviño, afirma, con reservas, que el informe es “una buena noticia” y cree firmemente que el proyecto urbanístico “será parado en vía administrativa o en tribunales”. Mientras, queda todo a la espera de la decisión del Consejo de Ministros, aún sin fecha.