Las eléctricas tendrán que pagar la mejora de los tendidos para evitar la muerte de aves

La imagen es tremenda: el suelo sembrado de cadáveres de cigüeña blanca junto a un tendido eléctrico. Los animales, cerca de una veintena, murieron aparentemente electrocutados en un centro de transformación en el municipio sevillano de Marchena, según ha denunciado este martes la organización ecologista SEO/BirdLife. La fotografía sirve para poner de nuevo sobre la mesa del debate público la masiva mortandad d...

La imagen es tremenda: el suelo sembrado de cadáveres de cigüeña blanca junto a un tendido eléctrico. Los animales, cerca de una veintena, murieron aparentemente electrocutados en un centro de transformación en el municipio sevillano de Marchena, según ha denunciado este martes la organización ecologista SEO/BirdLife. La fotografía sirve para poner de nuevo sobre la mesa del debate público la masiva mortandad de aves debido a este tipo de infraestructuras. Precisamente, el Ministerio para la Transición Ecológica acaba de iniciar la consulta pública previa para la elaboración del real decreto en el que se establecerán “medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión y para la reducción de la mortalidad en aerogeneradores”. Entre otros aspectos está previsto que la norma elimine la actual obligatoriedad de que la corrección de los tendidos antiguos deba ser sufragada con fondos públicos, según confirma el departamento de Teresa Ribera.

España cuenta desde 2008 con un real decreto para la mejora de los tendidos de alta tensión para evitar la muerte de aves, que ya contemplaba la modernización de las infraestructuras. Sin embargo, una disposición adicional introducida en aquella norma libró a las propietarias de las líneas de asumir los costes. Se establecía literalmente que el Gobierno sería el encargado de habilitar “los mecanismos y presupuestos necesarios para acometer la financiación total” de las adaptaciones.

Los grupos conservacionistas llevan años quejándose de que esta disposición que supedita las actuaciones a que se liberen partidas de fondos públicos está retrasando e incluso bloqueando la mejora de las líneas. Y ahora insisten en que la nueva norma que prepara el Gobierno, que debe servir para actualizar el decreto de 2008, debe acabar con esta situación. Juan Carlos Atienza, responsable de gobernanza ambiental de la ONG SEO/BirdLife, recuerda además que en los últimos años varias sentencias judiciales apuntan en la misma dirección: deben ser las empresas las que asuman el coste de la modernización para evitar las muertes de los pájaros.

“Así como existe la máxima de que quien contamina, paga; quien electrocuta, también tiene que pagar por adecuar estas infraestructuras”, resumía en marzo de 2021 el entonces senador por Compromís Carles Mulet en una sesión de la comisión de transición ecológica de la Cámara alta. “¿Qué medidas va a adoptar el Gobierno para acabar con este drama ambiental de la electrocución de aves?”, preguntó Mulet. Hugo Morán, secretario de Estado de Medio Ambiente en el Ministerio de Transición Ecológica, anunció en esa misma sesión que el Gobierno destinaba 60 millones de euros dentro del plan de recuperación de la pandemia de covid para medidas de prevención de la mortalidad de la avifauna en los tendidos. Además, Morán aclaró que se estaba ya “trabajando en una modificación de la ley” para “poder trasladar a las compañías eléctricas la responsabilidad en esta materia”. Es la última gran partida de fondos públicos aprobada con este fin.

A finales de 2022, el Gobierno aprobó el plan estratégico estatal del patrimonio natural y de la biodiversidad a 2030 y, entre otros objetivos que se marcaba, estaba la modificación del real decreto de 2008 para “eliminar la obligatoriedad de financiación pública para la corrección de los tendidos antiguos”. Además, se establece como meta que “para 2030 todos los tendidos peligrosos” hayan sido “convenientemente modificados”. Según ese plan estratégico, el nuevo decreto que ha empezado ahora a tramitar el Ejecutivo debería haberse aprobado en 2023, algo que no se ha cumplido. Atienza entiende que el calendario electoral ha podido influir en este retraso, pero sostiene que la norma debería estar aprobada este otoño si el ministerio tiene voluntad para ello.

La causa de mortandad no natural más frecuente en la avifauna está relacionada con las estructuras de conducción eléctrica. Según los datos de SEO/BirdLife de 2023, el 47% de la mortalidad no natural de aves registrada en los Centros de Recuperación de Fauna de España se corresponden con choques con tendidos y electrocución.

Aerogeneradores por primera vez

Que las líneas que trasportan la electricidad sean seguras para la fauna es básico para la necesaria transición del sistema energético, que busca romper con la dependencia de los combustibles fósiles gracias a las renovables y la electrificación de la economía. Lo mismo debe ocurrir con los aerogeneradores. En el texto con el que se inicia la consulta pública previa del decreto se apunta: “otra causa de mortalidad de fauna silvestre que se ha revelado significativa y adicional a la que se produce en las líneas eléctricas es la producida por la colisión y el barotrauma de especies voladoras con los aerogeneradores. Para evitar y corregir situaciones de elevada mortalidad en estas instalaciones es necesario recoger una serie de medidas de reducción del riesgo que han demostrado su validez, y establecer un marco apropiado para el seguimiento en estas instalaciones, estableciendo, a su vez, umbrales de mortalidad que permitan identificar aerogeneradores especialmente peligrosos”. Es la primera vez que se van a incluir medidas de este tipo con relación a los generadores eólicos, explica el ministerio.

Atienza incide en que en el mercado ya existen dispositivos que detectan la cercanía de aves y detienen las palas para que no se produzcan las colisiones. Y afirma que no son sistemas muy caros si se comparan con el coste de un aerogenerador. Pide que todos los molinos dispongan de estos detectores.

Pero este miembro de SEO/BirdLife cree que lo más importante es que el nuevo real decreto obligue a “hacer un seguimiento adecuado de la mortandad” que se da en cada parque, algo que no ocurre ahora. “Se estima que el 20% de los aerogeneradores son responsables del 80% de las muertes”, apunta. Por lo tanto, eliminando o desplazando los molinos que más impactan en la fauna (normalmente porque están en las rutas empleadas por las aves) se consigue un gran beneficio. “Si se acaba con la muerte de fauna ligada a las renovables ya no tendrían tanto sentido los movimientos de oposición a los parques eólicos”, opina Atienza.

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