“Ojalá tuviéramos la suerte de alquilar”

El bloque Ruiz Jarabo, más conocido como bloque Portuario, es una mole desconchada de pintura beige y naranja de 168 viviendas. Situado en la calle de Pescadores del barrio de El Cabanyal, su construcción se remonta a 1960, tras la riada que asoló la ciudad en 1957. Actualmente, este edificio de ubicación privilegiada —a dos manzanas del mar— alberga a un centenar de familias que viven entre la ocupación “de patada” y un alquiler básico de alrededor de 150 euros. Desde hace tiempo, estos inquilinos se quejan de la dejadez gubernamental. En los últimos meses han levantado la voz contra identificaciones arbitrarias de gente que vive de forma ilegal y contra las amenazas que les acechan de un inminente desalojo. Unas acciones que contrastan con la permisividad hasta el momento por parte del Ayuntamiento.

Omar es uno de ellos. Tiene tres niñas de cuatro meses, cuatro y seis años escolarizadas. Por eso no estaba cuando la policía “aporreó” su puerta a principios de septiembre. “Las llevaba al colegio”, afirma. Sus dos meses de estancia en uno de los pisos antes de marcharse a otro “más seguro” ya le sirvieron para colocar una habitación de niñas con cuatro discos duros apilados (“es que arreglo ordenadores para sacarme algo de dinero”) y un salón con algunos electrodomésticos de cocina. Delante de un tenderete perfectamente ordenado, Omar cuenta que lleva dos años sin cobrar “nada”, refiriéndose a prestaciones por desempleo. Eso no le impide que venda algo de chatarra para que sus niñas “siempre tengan que comer y vayan bien vestidas”. Pero no lo suficiente para sostener un alquiler caro: “Acabo de pagar 210 euros de material escolar y 230 para arreglar el coche, que lo necesito para trabajar”, señala, “pero no estamos ni a mitad de mes y ya estoy a cero”. Él tuvo suerte. Aunque le merodease la amenaza del desalojo, no fue identificado entre las rondas que la Policía Local hace por las casas.

Este proyecto, antiguamente llamado Cabanyal 2010, tiene entre sus objetivos la “regeneración y revitalización de estos barrios marítimos” o el “reequipamiento dotacional” bajo la “reivindicación histórica” de conectar Blasco Ibáñez con el mar.

Según fuentes de esta empresa pública que gestionan a partes iguales la Generalitat y el Ayuntamiento, en este bloque hay 34 pisos de su propiedad. Del resto, el Ayuntamiento tiene siete, el Instituto Valenciano de la Vivienda (IVVSA) otras 35 y 92 son domicilios particulares. Recientemente, el vicealcalde de la ciudad, Alfonso Grau, se refirió al bloque diciendo que el Plan Especial de Reforma Interior (Pepri) “no trata de rehabilitar las viviendas del Ruiz Jarabo para personas indigentes”. Grau añadió que “este piso está en una situación lamentable y es un bloque injertado allí en los años del desarrollismo que no puede estar ni peor colocado ni con más mal gusto” y que “clama al cielo tener eso metido en el barrio de El Cabanyal”. “El Consistorio está recuperando las viviendas para demoler ese bloque horroroso y realojar a quien lo desee”, concluyó, “porque mantenerlo no se le ocurre ni al que asó la manteca”.

“Yo me sé la estrategia del Gobierno”, asegura Aquilino frente a uno de los descampados que rodean el inmueble. “Quieren abandonarnos y degradarnos hasta que nos vayamos”, sostiene ante un grupo de seis personas que se mueven junto a él en manada. Su tesis no pasa por alto ante una pareja de inquilinos que observa la explicación a pocos metros. Ellos apuntan más tarde que su situación es igual de precaria que los que viven de okupas: “Yo llevo tres años en la casa de un particular”, dice Juan Antonio, el más joven de los dos, de 28 años, “y me van a llevar a juicio”. “Tuve que limpiarlo de ratas y drogadictos. Y ahora no hay jaleos ni riñas”, añade, “porque yo quiero que mis hijos vivan bien”.

Según esgrime el Plan, “el realojo de los residentes en los inmuebles afectados está garantizado en régimen de alquiler o de propiedad dependiendo de la situación del residente”. Sin embargo, estos pisos comprados por la entidad pública apenas han tenido vigilancia. De los 24 tapiados, tres cerrados y nueve ocupados que la empresa contabiliza, solo han realizado un desahucio. Vicente Gallart, vicepresidente de la Associació de Veïns de Cabanyal-Canyamelar, cree que la postura defendida por la asociación es clara: “Nunca hemos alentado o animado a que se haga, pero apoyamos lo que ayuda a la convivencia y no genera molestias entre los vecinos”. “De lo que estamos en contra es de la degradación”, agrega, “y si tú compras algo tienes que estar pendiente”. “Los del Plan Cabanyal Canyamelar no han normalizado ser propietarios. No lo han asumido. Y el problema lo han creado ellos por descuidar sus casas”, zanjaba.

Uno de esos inconvenientes es la ocupación, de la que se han tenido que hacer cargo. Un vecino asegura que advirtió en una ocasión y que no “solo entonces” se pasaron para mirarlo. “Más allá no han hecho nada. Tapian las puertas, pero la gente entra y sale”, opinan. Una coyuntura que a José y Pilar les sirve para dormir bajo techo desde hace dos meses. Él tiene 28 años y ella, su abuela, 73. Ambos recuerdan con pesar el episodio policial. “Entraron sin avisar. Venían un chico y una chica y ella nos dijo que nos fuéramos buscando algo porque no nos iban a dejar estar mucho tiempo”.

No solo eso. Según su versión, los agentes de la Policía Local les insinuaron que buscasen otro piso “que no fuera del Ayuntamiento”. “No tenemos nada y no le hacemos daño a nadie”, repite entre sollozos Pilar. Esta mujer tiene una pensión de viudedad que no le llega “ni a medio mes”. Y él, que insiste en que “necesita su intimidad”, no trabaja. Pilar lamenta que les tiene que pasar dinero a sus cuatro hijas y que ella nunca ha estado en esa situación. “Yo nunca me quedé sin comer”, lamenta. Desde entonces, esta mujer que muestra la cicatriz que atestigua una operación de corazón, confiesa que se sienten “nerviosos, inquietos y angustiosos”. “Ojalá tuviéramos la suerte de pagar un alquiler”, suelta, por fin, José.