La falta de medios paraliza “miles de millones” en los juzgados

El decano de los jueces de Valencia, Pedro Viguer, denunció este viernes que hay “miles de millones de euros paralizados” en procesos judiciales debido a la “patente falta de voluntad política” en modernizar y agilizar la justicia, un desinterés que también afecta a los casos de corrupción. Dinero, agregó, que podría contribuir a la “reactivación” de la economía autonómica.

Viguer enfatizó que la situación de “caos” y “control político” que vive la justicia está llevando a que los magistrados se hayan planteado convocar una huelga, decisión que calificó de “último recurso”.

Los jueces valencianos se han sumado así a la denuncia colectiva que “por primera vez en la historia” han promulgado de forma conjunta “todas las asociaciones judiciales y fiscales” de España para expresar su “malestar” ante la falta de “voluntad” del Gobierno para emprender una “verdadera modernización” de la justicia.

Entre sus reivindicaciones, figura un manifiesto elaborado por los jueces decanos que pide medidas de apoyo a los juzgados sobrecargados y también a los que llevan asuntos de “especial trascendencia social”. En este último apartado se encuentran los “casos de corrupción”, algunos de los cuales requieren “una dedicación exclusiva e intensiva” del juez, y que no se están tramitando “con la agilidad” que los magistrados desearían, agregó.

Tres veces más trabajo

Las demoras en la resolución de deudas, en algunos casos durante meses, acaban “arruinando empresas” y transformando los procesos en concursos de acreedores. En el caso de las demandas de despido, que deberían quedar resueltas “como mucho en dos meses”, se están retrasando “hasta siete meses”, agravando las “tragedias” que personifican cada proceso.

En Alicante, el decano de los jueces, Juan Carlos Cerón, destacó que la falta de medios ha sobrecargado los juzgados de la provincia “de tal manera que algunos soportan un volumen de trabajo tres veces superior al previsto”. Los juzgados de primera instancia superan los 3.000 asuntos anuales, cuando deberían llevar un máximo de 1.200.

Y en Castellón, el colectivo de jueces acordó pedir que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) defienda los intereses de la carrera judicial y la retirada de las reformas legales planteadas, al considerar que suponen un “recorte de derechos estatutarios” y que tienen por objeto el “control” del poder judicial.