La alcaldesa de Sanxenxo se declara víctima de chantajistas urbanísticos

La alcaldesa de Sanxenxo, Catalina González, del PP, achacó ayer a un supuesto intento de chantaje las denuncias que dieron lugar a que la semana pasada la Guardia Civil reclamase documentación sobre la gestión urbanística del Ayuntamiento pontevedrés. Acompañada de cinco de los ediles del grupo de gobierno, González compareció ante la prensa para echar la culpa de los recientes quebrantos judiciales a que la ley de ordenación permita que los particulares puedan denunciar y ser parte en casos de ilegalidad urbanística.

 “Tristemente, por determinadas personas a veces se utiliza esta posibilidad para intentar forzar a Gobiernos a conseguir licencias a las que no se tienen derecho", se quejó la alcaldesa, y pasó a acusar a los denunciantes, a los que no identificó por el nombre. “De las personas que denunciaron, dos son hermanas y la tercera está muy vinculada a las anteriores", dijo de entrada. Después dio más detalles: “No es alguien ajeno al urbanismo ni que no tenga relación con el Ayuntamiento”, y a continuación reveló que se esperan nuevas denuncias. “Hay requeridos más de 200 expedientes por distintas personas, algunas de ellas despedidas de la Gerencia de Urbanismo en los últimos días y otras a las que se han denegado licencias, porque legalmente no se les pueden conceder, y quieren revisar los expedientes en busca de irregularidades para denunciar al gobierno y forzarle a obtener algo que no les corresponde”.

Sobre la investigación judicial, la regidora dijo estar “tranquila”, y como prueba facilitó el escrito de diligencias previas del Jugado de Instrucción de Cambados que pide documentación sobre cinco expedientes: la construcción de un edificio sin salida a la vía pública; la autorización y después rechazo de la construcción de unos chalés junto al cementerio de Dorrón; la licencia para unos chalés con acceso a la vía pública igualmente dudoso y el expediente sobre las obras que el aparejador municipal ejecutó el pasado otoño en su casa antes de tener licencia. Si hubo algún actuación sospechosa en esos casos lo fue, defendió González, por errores y siempre por culpa de la complejidad de la normativa urbanística. “Se legisla mucho pero a veces la seguridad jurídica queda en el aire”, dijo.

“Gente despedida de Urbanismo está reclamando expedientes”

A la derecha de la alcaldesa se situó durante la comparecencia José Luis Rodríguez, socio de Gobierno de los populares a través de VIPS, partido del que es único representante en la corporación y que pactó con el PP tras una legislatura de constante acoso, precisamente a raíz del urbanismo. “La investigación debería retrotraerse hasta poco antes de que se gestase el plan de ordenación”, envidó, en referencia al periodo de Telmo Martín como alcalde. Acto seguido aseguró que dimitiría “si tuviese el menor indicio de que un miembro de esta corporación está manchado por esos expedientes”. Durante toda la intervención planeó el enfrentamiento con el partido SAL, escisión del PP que privó a González de la mayoría absoluta en las últimas elecciones municipales. La alcaldesa los señaló aunque sin responsabilizarlos directamente de estar detrás de las denuncias.