¿Adiós al poder colegial?

Para sus defensores son centros de servicios encargados de amparar las profesiones de riesgo, las que al tratar bienes delicados como la salud, la justicia y la seguridad necesitan velar por las buenas prácticas en beneficio de la sociedad. Para sus críticos evocan un anticuado interés gremial resistente a la libre competencia y aferrado a la afiliación obligatoria como barrera para ejercer la profesión. La pasada legislatura se cerró dejando en el aire un proyecto de ley que prometía cambios en las barreras a la prestación de servicios. Con la Ley de Servicios Profesionales pendiente de aprobación, los colegios profesionales intentan redefinir su papel en un mercado cada vez más desregulado.

 “La Constitución española es la única del mundo que menciona la creación de colegios profesionales”, recuerda Luis Berenguer. Cuando ingresó recién licenciado en el Colegio de Abogados de Alicante, el turno de oficio, que era gratuito y opcional, encontraba pocos voluntarios entre los colegiados. Para regular esa carencia, la junta de gobierno, que presidía su padre, estableció que fuera obligatorio para todos. Era 1968. Aquel decano poco pudo imaginar entonces que su hijo traería de cabeza a los colegios profesionales cuatro décadas más tarde. Hasta el pasado otoño Berenguer presidía la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), organismo que encarna al enemigo en su rol liberalizador del poder de los colegios. “El peso del corporativismo es muy evidente, pero siempre la CNC puede alzar su voz. Esas batallas para proteger su recinto restringen la competencia y encarecen los precios o empeoran los servicios”, señala Berenguer.

Competencia publicó en 2008 un informe que tambaleó los cimientos intocables de los colegios cuestionando el acceso a la profesión, la afiliación obligatoria, el visado de edificación, la orientación de los honorarios y las reservas de actividad. Parte de sus recomendaciones se incluyeron en la llamada Ley Ómnibus, la que, siguiendo la Directiva europea de Servicios, modificó 47 leyes estatales para eliminar trabas a la libre circulación de servicios. Los principios que quedaron fuera iban a ser recogidos el año pasado por el nonato proyecto de Ley de Servicios Profesionales, el cual, según Berenguer, “va a llevarse a efecto, si se hace caso de portavoces del partido en el Gobierno”.

Solo la Constitución española menciona la creación de este tipo de colegios

Aunque la Ley Ómnibus fijó un plazo de 12 meses para su aprobación, uno de los aspectos que quedan en el aire es quizás el más espinoso: definir qué profesiones tendrían que regularse por la colegiación obligatoria. Para Berenguer, los colegios viven en una contradicción: “Los colegios son asociaciones de empresarios, por eso es contradictorio exigir la colegiación a quien está en nómina en una empresa o trabaja exclusivamente en la administración pública”.

En el terreno de las batas blancas, el Sindicato de Médicos de Asistencia Pública (Simap) ha reivindicado durante más de una década la afiliación voluntaria para los médicos de la Seguridad Social, una batalla que llevó, sin éxito, hasta el Tribunal Supremo. “En una profesión como la abogacía, defensora por excelencia de los colegios profesionales, el pequeño grupo que trabaja para la administración pública ha conseguido por ley estar exento de colegiación obligatoria. ¿Por qué los médicos del sector público no podemos estarlo?”, observa Juan Benedito, responsable del Simap. Esa demanda vio cierta luz en el borrador de la Ley de la Función Pública Valenciana, el cual contemplaba que los funcionarios de carrera estarían exentos de colegiación. Sin embargo, aquellas esperanzas se esfumaron al ver que aquella disposición desapareció del texto final aprobado en 2010.

El sindicato Simap reclama desde hace 10 años la afiliación médica voluntaria

En otras Comunidades como Andalucía, Extremadura, Asturias y Canarias la afiliación colegial de los médicos es voluntaria. “El número de colegiados en esas Comunidades no ha descendido, sino que el movimiento colegial es más fuerte que en el resto de España”, asegura José Antonio Herranz, decano del Consejo de Colegios de Médicos de la Comunidad Valenciana. El registro de los ejercientes es para Herranz un valor clave de los colegios “en una sociedad en la que cada vez hay más intrusos”. Sin embargo, reconoce que a pesar de existir la doble supervisión de la Administración y de los colegios no se han podido evitar casos de intrusismo en nuestra Comunidad: “El papel moneda cuenta con más controles de seguridad, pero muchos delincuentes se los siguen saltando. ¿Cómo no van a ser capaces de hacerlo con títulos universitarios?”.

Para el abogado Luis Miguel Romero Villafranca, el control deontológico sobre la profesión es inherente a la colegiación obligatoria: “Los expedientes disciplinarios colegiales van más allá de la mera exigencia legal, ya que en muchos de ellos ha recaído una sanción que un juzgado nunca condenaría, porque los colegios actúan sobre bienes como la libertad, el honor y el patrimonio que requieren de una sutileza importante”. Según este reconocido letrado, que durante diez años fue decano del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia, la esencia de los colegios reside en su función social: “En España nadie se queda sin médico ni abogado cuando lo necesita. Ésa es una función social que cumplen los colegios, con altos costes de dinero y organización que los colegiados han sufragado durante muchos años”.

Un informe hizo tambalearse en 2008 los cimientos de los colegios

Fundador y Presidente de honor de Unión Profesional de la Comunidad Valenciana, la entidad que agrupa 34 colegios profesionales y más de 100.000 colegiados, Romero Villafranca cree sensato que la creación de colegios debe restringirse a las actividades del derecho y la sanidad como profesiones de riesgo: “El concepto se ha manejado de manera muy amplia y han aparecido colegios de casi todo. Como sociedades privadas o asociaciones pueden ser útiles, pero hay colegios que no tendrían sentido fuera de España”.

“Las Comunidades Autónomas, presionadas por determinados lobbies, han creado colegios, a pesar de que lo prohibiera la Directiva de Servicios”, señala Luis Berenguer. A la espera de que se apruebe la Ley de Servicios Profesionales, el expresidente de la CNC insta a que se aplique a los colegios profesionales mayores dosis de libertad de competencia. “En unos tiempos de reformas estructurales, si a todos se nos pide beneficios para superar la crisis, ¿por qué hay quien desde una concepción anticuada de la protección del interés gremial quiere quedar al margen de la lucha competitiva? Competir es más duro que tener un recinto protegido, pero el principio de libre competencia es el que debe regir”.

La crisis ha afectado más que los cambios legislativos

Obligatoria para los arquitectos, voluntaria para los ingenieros. Para el arquitecto Ramón Monfort, decano del Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad Valenciana, tanto la colegiación obligatoria como el visado son una necesidad. “Nosotros velamos por la seguridad del ciudadano, pero un ingeniero de caminos puede decir lo mismo de un puente”, reconoce. En el mundo de los colegios profesionales una disparidad que llama la atención es el ámbito de la técnica. Hasta el año 2009, arquitectos e ingenieros debían colegiarse y pagar el visado al colegio para levantar una obra. Esa situación cambió con la entrada en vigor de la Ley Ómnibus, pero sólo para los ingenieros.

“La gran diferencia es haber pasado de la obligación al derecho, y eso agiliza que nos adaptemos mejor a las nuevas circunstancias”, explica Mercedes Aviñó, decana del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Comunidad Valenciana. Esta ingeniera y empresaria ve en la colegiación voluntaria una oportunidad para reflexionar y mejorar las prestaciones del colegio. Tras haber celebrado la semana pasada el Congreso de Ingeniería Civil en el que se ha debatido el futuro de la profesión. Aviñó aseguraba que la crisis les ha afectado más que los cambios legislativos: “El número de colegiados no ha descendido, aunque sí el número de visados, que en 2008 comprendían el 52% de los ingresos y en 2011 se han reducido al 38%, como consecuencia de la bajada de la inversión en infraestructuras".