Testigo de todas las vidas de Nicolás Maduro
Tenía 23 años cuando conocí a Maduro y a Cilia Flores como periodista. Y ahora que vuelvo a verlos en persona, durante la audiencia que se celebró en Manhattan, tengo casi 50 y una mezcla de incredulidad, pérdidas y amarguras que se me han ido acumulando por largo tiempo


Quisiera decir que Nicolás Maduro es el único que ha envejecido. Él, que tiene más canas que cuando lo presentaron por primera vez ante el tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York, hace casi tres meses, traído por la fuerza en una operación militar de Estados Unidos y acusado de delitos relacionados con narcotráfico, posesión de armas y corrupción, con el uniforme caqui de reo federal. Él, que se pone los lentes de la presbicia para revisar papeles y tomar notas de la segunda audiencia ante el juez, donde se discute si Estados Unidos debe autorizar o no que use fondos venezolanos para pagar su defensa privada. Pero han pasado más de 25 años desde que nos conocimos, un cuarto de siglo desde que su partido y las fuerzas militares gobiernan Venezuela, mi país. Yo tenía 23 años cuando conocí a Nicolás Maduro y a Cilia Flores: ambos eran integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente que se instaló en Venezuela en 1999 y yo trabajaba como reportera de política para diarios venezolanos. Y ahora que vuelvo a verlos en persona, durante la audiencia que se celebró este jueves en Manhattan, tengo casi 50 y una mezcla de incredulidad, pérdidas y amarguras que se me han ido acumulando por largo tiempo.
En el transcurso de estos casi treinta años he sido testigo como periodista del auge y las horas bajas de la pareja, que nació y se abrió camino en el entorno más cercano de Hugo Chávez, hasta heredar la presidencia después de su muerte y atornillar aún más al chavismo en el poder a costa de las libertades de los venezolanos y de las riquezas petroleras de la nación. Una dinastía que había logrado sostenerse a fuerza de represión hasta que este 3 de enero fueron desalojados del poder y Maduro fue reemplazado por su vicepresidenta, Delcy Rodríguez, bajo el tutelaje de Estados Unidos. Aunque el país sigue bajo el mismo régimen, su caída ha dado esperanzas de un cambio político, especialmente a los venezolanos en la diáspora que han sufrido persecución y destierro y que también vinieron a verle en el banquillo, como público general.
Algunos de los venezolanos asilados, que han viajado desde varias ciudades de Estados Unidos y han logrado entrar a la sala, ven en este proceso la primera oportunidad de saborear un poco de justicia. Desde que llegó a la presidencia en 2013, Maduro endureció la represión de la disidencia. “Candelita que se prenda, candelita que se apaga”, llegó a ordenarle a los grupos armados en defensa del obierno, “los colectivos”, y a las Unidades de Batalla y a los Consejos Comunales que sostienen un complejo mecanismo de delaciones y control social que aún hoy en día pueden llevar disidentes a la cárcel al más mínimo pretexto: por protestar, por postear un tuit contra el régimen. El Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) también se abocaron a investigar y apresar cientos de civiles y militares señalados de rebeldes.

Una misión del Consejo de Derechos Humanos y de las Naciones Unidos ha investigado y documentado las violaciones de los derechos humanos cometidas por el Estado desde 2014. En Estados Unidos, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC) también ha emitido una serie de sanciones contra Maduro y contra decenas de funcionarios y entidades alineadas con el gobierno. Entre otras consecuencias, estas medidas han impuesto restricciones al sector petrolero venezolano, congelando activos y bloqueando transacciones con entidades estadounidenses. Y aunque no hay cargos de violaciones de derechos humanos sino de narcotráfico y corrupción en la acusación de la Fiscalía que ahora revisa la corte del juez Alvin Hellerstein. César Coello, un joven militante de un partido opositor que pidió asilo en Estados Unidos en 2019, mantiene la expectativa: “Tengo la esperanza de ver algo nuevo en Venezuela. En tres meses han ocurrido cosas que no habían pasado en más de 20 años. Esto es surreal, historia viva que estamos presenciando”.
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El poder de Maduro y Flores dentro del régimen chavista se fue construyendo de a poco a base de obediencia. Ambos eran parte del movimiento político que comenzó a formarse alrededor de Hugo Chávez, un militar que había intentado dos golpes de Estado y que después de un breve paso por la cárcel llegó a la presidencia de Venezuela en 1998 a través de elecciones. Ellos se conocieron visitando a Chávez en prisión, según dijo Nicolás Maduro en una entrevista que me concedió en noviembre de 2003 para el diario venezolano El Mundo. “Cilia era una profesional, ama de casa, que jamás se había metido en política y fue abogada del mismo Chávez y de varios presos (...) Nos encontramos en el proceso y nos fuimos acercando. Tenemos una relación profunda y de identidad plena”, dijo Maduro, que entonces era diputado y presidente de la bancada del partido de gobierno en la Asamblea Nacional.
En esa época Flores también era diputada y ambos se presentaban como una pareja afable, que conversaba con los periodistas y compartía detalles de su vida personal y espiritual con cierta candidez. Decían que se habían encontrado en la política y en la senda de Sathya Sai Baba, a quien llegaron a visitar un par de veces en la India. “Cosas de las que no hay que hablar mucho”, dijo Maduro durante la misma entrevista, mientras mostraba una medalla con el rostro del gurú que llevaba colgada al cuello en una cadena de oro, junto a un crucifijo. Los dos llegaron a ser presidentes del Parlamento venezolano e impulsaron la cesión de poderes legislativos al presidente Chávez, que le ayudaron a construir el entramado legal del régimen mediante la aprobación de decenas de decretos ley -el control de la economía y de los demás poderes públicos–, en medio de una bonanza petrolera sin precedentes.

Luego Maduro renunció al Parlamento para unirse al gabinete ejecutivo, primero como canciller y luego como vicepresidente, y se convirtió en una figura política casi inalcanzable. “Miren dónde va Nicolás, el autobusero. Era chófer de autobús en el metro, y cómo se han burlado de él”, decía Chávez, recién proclamado para un cuarto mandato consecutivo en la presidencia, en octubre de 2012. Maduro era uno de los hombres de mayor confianza del presidente. Durante esa última campaña electoral Maduro conducía de vez en cuando el camión en el que viajaba Chávez, ya enfermo de cáncer, durante sus recorridos por el país. Fue una de las pocas figuras que le acompañó en la convalecencia durante sus hospitalizaciones en La Habana. Y cuando el desenlace era inminente, el fundador del chavismo lo nombró como su sucesor, durante un mensaje transmitido “en cadena” por todas las emisoras de radio y televisión.
Nicolás Maduro fue declarado presidente de Venezuela en las elecciones de abril de 2013, con una ventaja de 1,49% sobre el candidato único de la oposición, Henrique Capriles. Formó un gabinete lleno de oficiales de las Fuerzas Armadas y él, que siempre fue un civil, poco a poco comenzó a vestir chaquetas de camuflaje y uniformes de campaña.
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La última vez que pude trabajar en Caracas como reportera fue entre abril y mayo de 2017. Hacía cuatro años que Chávez había muerto, pero la estación estatal Venezolana de Televisión seguía transmitiendo las viejas ediciones del programa Aló, Presidente,clips de discursos en los que Hugo Chávez pedía lealtad revolucionaria para superar tiempos difíciles. La inflación de ese año fue de 438% y en las calles de la ciudad había enjambres de gente hurgando en los basureros en busca de comida. Hasta ese momento, las protestas callejeras del último mes sumaban veintinueve muertos y más de mil doscientos heridos.

El 1 de mayo de ese año, Nicolás Maduro decretó otra convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente para legislar a través de ella y disolver de nuevo el Parlamento, donde la oposición tenía mayoría desde 2015, e incorporar a la Constitución la figura del Estado Comunal, que cada día tomaba más cuerpo en operaciones como la distribución de comida y gasolina en medio de una feroz escasez de productos. Maduro también siguió adelante con la política de expropiaciones que había iniciado Chávez, pero ya no solo de grandes empresas sino de pequeños emprendimientos: “Empresa que se pare, empresa expropiada”.
Aún desde antes de asumir la presidencia, denunció más de una decena de supuestas conspiraciones para derrocarlo, sin presentar mayores pruebas, pero seguro de que los soldados y generales estarían de su parte, “rodilla en tierra”, para defenderlo. Como Chávez, encabezaba cada año las paradas militares, mostrando toda su inversión en fusiles, tanques y baterías antiaéreas traídas de Rusia, que en teoría estaban listas para ser usadas en caso de una invasión extranjera pero que no se activaron la madrugada del 3 de enero, cuando Estados Unidos sí desplegó una operación comando en Caracas para llevárselo detenido. De acuerdo a la acusación de la Fiscalía de Estados Unidos, con la que la administración del presidente Donald Trump justificó su plan de intervención, Nicolás Maduro sí ha utilizado esas armas para amenazar su seguridad y su política exterior en América Latina.
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“Este es un caso que va más allá de lo normal”, dijo el juez Alvin Hellerstein durante la audiencia de una hora, donde le tocó discutir el bloqueo de fondos venezolanos, como consecuencia de las sanciones de la OFAC, que le impide al actual régimen de Delcy Rodríguez pagar los abogados privados que escogieron Maduro y Flores. La Fiscalía alega que las circunstancias en las que fueron emitidas las sanciones persisten en Venezuela, pero el juez considera que ahora que Maduro y Flores llevan casi tres meses encerrados en Estados Unidos “el Gobierno venezolano (de Delcy Rodríguez) no está involucrado en ese tipo de atrocidades”. “Eso lo corregimos ya”, ha dicho el juez, de 92 años, a pesar de que continúan las detenciones y las represalias contra los disidentes que se atreven a celebrar la intervención de Estados Unidos, y a que casi ninguno de los venezolanos desterrados que han acudido a la audiencia ven claro el horizonte para poder regresar al país sin sufrir consecuencias.
Con Rodríguez al frente de Venezuela, la OFAC ha otorgado licencias que le han permitido generar ingresos de hasta 18.000 millones de dólares por las ventas de petróleo a precios que serán administrados bajo el control de Estados Unidos. Y los abogados del exgobernante venezolano creen que de allí podría salir el dinero para costear sus honorarios y el gasto que conllevaría reunir las pruebas de un proceso judicial que podría tomar años. Una idea que indigna a los asilados venezolanos presentes en la sala que han venido en busca de alguna forma de reparación por daños que ni siquiera van a ser considerados en un eventual juicio contra Maduro y su esposa. “¡Hasta cuándo nos van a meter la mano en los bolsillos! El dinero que ellos tienen es robado y también es nuestro. No tienen derecho a gastar más dinero del país. Hay que seguir presionando”, se queja una de ellas al terminar la sesión, en medio de pequeños grupos de manifestantes que se han juntado en la calle enfrente de los tribunales para seguir el proceso.
Pero también hay quienes dicen: “A veces tenemos que ser agradecidos y conformarnos con lo que Dios nos está dando, aunque ellos se merecen más”. Mientras, los helicópteros sobrevuelan la corte y una caravana de autos blindados escolta a los acusados de vuelta a celdas en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn, hasta que les toque presentarse de nuevo ante el juez.
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