La Fiscalía peruana pide más de ocho años de prisión para el expresidente Pedro Pablo Kuczynski por favorecer a Odebrecht

Desde el verano del 2018, cuando renunció a la Presidencia del Perú por presuntos casos de corrupción, la vida de Pedro Pablo Kuczynski ha quedado suspendida por sus líos con la justicia. Este jueves, el Ministerio Público ha formalizado una acusación en su contra por el delito de colusión y pide ocho años y medio de cárcel. Según la investigación, entre el 2004 y 2005, cuando el economista peruano de origen polaco se desempeñó como ministro de Economía y Finanzas (MEF) y presidente de ProInversión —una entidad adscrita al MEF que promueve la inversión privada en servicios públicos— durante el gobierno de Alejandro Toledo, habría favorecido a la constructora brasileña Odebrecht, valiéndose de sus influencias para entregarle la concesión de los tramos viales del Eje Multimodal Amazonas Norte, una megaobra que conecta la costa y la Amazonia.

El caso, conocido como IIRSA Norte, ha representado un perjuicio económico al país que supera los 108 millones de dólares. De acuerdo a las investigaciones, Kuczynski, conocido ampliamente como PPK, sostuvo diversas reuniones con el ingeniero brasileño Jorge Henrique Simoes Barata, representante de Odebrecht en el Perú, que se materializaron en la buena pro y el contrato de concesión. Están coludidos miembros del consejo directivo de ProInversión como Sergio Bravo, Alberto Pasco-Font, José Ortiz, Glodomiro Sánchez, David Lemor, René Cornejo, Vicente Campodónico y Aldo Bresani para quienes se ha pedido hasta nueve años de prisión.

La defensa de PPK niega que haya existido algún trato bajo la mesa con Barata y califica a la acusación de “débil”. “Lo único que se ha conocido en todos estos años de investigaciones es una declaración del señor Jorge Barata que establece un supuesto acuerdo con el expresidente Alejandro Toledo, pero en ningún extremo menciona a mi cliente ni a ningún otro miembro del consejo directivo de ProInversión”, ha declarado el abogado Julio Midolo al diario El Comercio.

Durante la mañana, horas antes del anuncio de la Fiscalía, el economista que gobernó el Perú entre el 2016 y 2018 dio una entrevista al mismo medio, donde rechazó cualquier imputación. “¿Qué cosa he hecho yo? No hay un solo testigo que diga que trataron de influenciarme con plata”, afirmó. PPK, de 87 años, ha sido sindicado de liderar una organización criminal que habría recibido 12 millones de dólares de Odebrecht en sobornos, los cuales llegaron a sus manos bajo el velo de consultorías y asesorías corporativas.

En abril de 2019, el Poder Judicial ordenó 36 meses de prisión preventiva en su contra. Pero a diferencia de otros exmandatarios, el destino de PPK no fue Barbadillo, la prisión donde ahora mismo son compañeros de celda: Pedro Castillo, Martín Vizcarra, Alejandro Toledo y Ollanta Humala. Debido a sus problemas cardíacos, cumplió el fallo bajo arresto domiciliario. Fueron tres años en los que permaneció en su casa, en el distrito residencial de San Isidro, en Lima. En el 2022, la medida fue modificada a comparecencia con restricciones.

En junio pasado, el otrora líder de Peruanos por el Kambio fue detenido en el aeropuerto Jorge Chávez cuando se disponía a viajar hacia Estados Unidos. Agentes de la Superintendencia Nacional de Migraciones le cerraron el paso al tener una alerta vigente. Días después, ante el peligro de fuga, se le dictó 18 meses de impedimento de salida. Aquella vez, PPK denunció maltratos y dijo que solo quería reencontrarse con su esposa, la exprimera dama Nancy Lange, a quien asegura no ver desde hace siete años, cuando las acusaciones comenzaron a cercarlo.

En medio de sus asuntos con la ley y rumbo a los noventa años, PPK pretende alargar su vida política. Ha anunciado que postulará al Senado en las elecciones generales de 2026, con el aval de la alianza Fuerza y Libertad. “Mi esposa no está a favor que yo participe, que sea candidato. Ella dice que de la política en el Perú siempre sales mordido, dañado. Es bien difícil salir de ahí incólume”, ha señalado. Dicha agrupación política es encabezada por Fiorella Molinelli, exministra de Desarrollo e Inclusión social durante su mandato.

Por otro lado, la acusación de este jueves representa la número 31 del Equipo Especial Lava Jato. Contradictoriamente, en los últimos días, el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez ha anunciado que desactivará al grupo de fiscales que ha puesto a raya a los altos funcionarios coludidos con la corrupción y el crimen organizado. “Ya cumplieron su ciclo”, sostiene Gálvez, en referencia también a otros tres grupos que atienden delitos de alta complejidad. La defensa de PPK indica que el pedido de ocho años y medio de cárcel en contra del expresidente es una respuesta a dichas presiones.