Honduras vota en estado de excepción

Los Jucos es el espejo donde se refleja la cara de la Honduras que lidia con sus demonios: la pobreza, la violencia, la sombra del crimen y la omnipresencia militar. “¿Ustedes andan en carro?“, cuestiona un vecino. ”Es que esta parte es segura, pero dos calles más allá no les recomiendo pasar", dice al lado de un vehículo con un cártel elocuente: “Se buscan LADRONES. Recompensa: 30.000 lempiras (cerca de 1.000 euros)”. Es la cotidianidad de una gente que el domingo está llamada a votar en una elección muy reñida entre la continuidad de la izquierda que representa Rixi Moncada, el cambio que reclama Salvador Nasralla o a la vuelta a la derecha de la mano de Nasry Tito Asfura, el apadrinado de Donald Trump. En este barrio de Tegucigalpa, cuyo nombre en jerga hondureña significa desaseado o sucio, la elección del domingo se vive con lo único a lo que los hondureños más desafortunados se aferran: la esperanza de que algo cambie para bien.

Porque Los Jucos ha sido siempre protagonista de malas noticias. Cuando las lluvias torrenciales del trópico descargan su furia en esta ciudad y bajan en forma de torrentes de barro de sus laderas y montañas, los vecinos de este barrio capitalino engordan las listas de damnificados. Todo se inunda y hay que comenzar de nuevo. Por eso Laura Rivera, de 36 años, asegura que votará a Libre, el partido del oficialismo de la presidenta Xiomara Castro, porque, dice, el Gobierno no los ha desamparado: entrega a esta gente 7.000 lempiras, unos 230 euros, en ayudas. “Se llama bono climático y nos lo dan a las personas que somos afectadas por la quebrada. Si ve esas casas que están ahí, eran inundaciones completas”, dice la mujer al señalar las viviendas frente a su casa. “Todo se perdía. Ahorita el Gobierno está entregando el bono porque, por el tiempo de las lluvias, anotaron a las personas y fuimos beneficiadas”, explica. Para los opositores, se trata de clientelismo. Y para quienes votan a la derecha, un derroche de dinero público para asegurar el voto.

En Honduras ha predominado históricamente un conservadurismo social y político fuerte intercalado con momentos de reformas y tensiones internas. El expresidente Manuel Zelaya fue depuesto por un golpe militar en 2009 y aunque Estados Unidos, que siempre ha tutelado la política hondureña, afirmó que la acción era ilegal, evitó declarar formalmente que se trataba de una acción militar. Washington ha defendido sus intereses en el país, visto como base para mantener su influencia en Centroamérica. A mediados de los pasados años ochenta construyó el complejo militar de Palmerola (a hora y media en coche de Tegucigalpa), que sirvió de plataforma logística para desplegar sus tropas en la región. Se dice que ahí recibió entrenamiento la contra, la guerrilla que intentó derrocar al Gobierno sandinista en Nicaragua. “El país más leal a Estados Unidos, el portaaviones estadounidense, el cuartel central del SouthCom (Comando Sur)”, lo ha llamado con sorna el actual vicecanciller Gerardo Torres.

Washington ha mantenido esa tutela y, cuando el oleaje generado por el golpe se calmó, aprovechó la reinstalación de los gobiernos conservadores y leales del Partido Nacional para apoyar la lucha contra el narcotráfico que, sin embargo, ha extendido sus tentáculos a lo largo del territorio hondureño y ha contaminado todas las esferas de la vida pública, incluso el Gobierno. El expresidente Juan Orlando Hernández fue condenado el año pasado en Estados Unidos a 45 años de cárcel por asociarse durante más de una década con narcotraficantes que pagaban sobornos para asegurarse de que más de 400 toneladas de cocaína llegaran a territorio estadounidense.

El golpe de Estado, por otra parte, generó también un cambio en el país, que es palpable en Los Jucos. “Este barrio”, dice uno de sus vecinos, “era un bastión nacionalista”. Ahora, en las puertas, ventanas y balcones de sus casas cuelgan las banderas rojas del izquierdista Libre. “Usted puede observar esas banderas. Esta zona apoya a Libre más que todo porque nos ha ayudado, antes ningún Gobierno se nos acercó para poder brindarnos esa ayuda”, comenta Laura Rivera. Pero acota: “A la gente la están atemorizando, más que todo el partido contrario, para que no se acerque a votar”.

Sus comentarios son una muestra de la profunda polarización que vive el país, a lo que ha contribuido una campaña electoral cargada de insultos, señalamientos de corrupción y descalificaciones por parte de las tres principales candidaturas. Un informe del Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS) de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) ha registrado, además, 302 casos de violencia política hasta el de noviembre. Honduras sigue siendo uno de los países más violentos para los activistas y periodistas, como demostró el asesinato de la ambientalista Berta Cáceres, que pesa en la memoria colectiva.

El país votará este domingo bajo en un estado de excepción ordenado por la presidenta Castro como medida extrema para intentar controlar zonas ahogadas por la violencia de las pandillas que controlan amplios territorios y el avance sin tregua del crimen organizado. La mandataria también ordenó a la policía que emprendiera una operación con allanamientos, capturas y retenes en zonas como San Pedro Sula, importante ciudad industrial del país, y ha dado amplias atribuciones al Ejército.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha alertado a Honduras sobre el estado de excepción: “La seguridad no puede estar en manos del Ejército”. La medida, que copia la política de mano dura de Nayib Bukele en El Salvador, aspiraba aliviar a los hondureños de los homicidios, las extorsiones y asaltos a cambio de suspender garantías constitucionales como la libertad de circulación y de asociación, registros y detenciones sin orden judicial con el objetivo de facilitar la investigación de los delitos. Castro generó más controversia a finales de octubre cuando le asignó a los militares una función que la ley no les atribuye: el aseguramiento de la transmisión y resguardo de las actas de resultados.

“¿Por qué hay que cederles aún más de lo que ya está establecido en la ley? Su rol constitucional es asegurarse de que la custodia de las maletas electorales llegue a donde debe de llegar y no más", dice Lucía Vijil, coordinadora de Observación Electoral, del Centro de Estudios Para la Democracia (Cespad). “Hemos hecho infinidad de comunicados solicitando que, para los días de elección, se quite el estado de excepción”, afirma. Vijil explica que la medida vuelve más compleja esta elección al limitar el derecho a la protesta y la movilización ciudadana. “El estado de excepción realmente funciona como herramienta de seguimiento y vigilancia y siempre está el temor al uso de la fuerza indiscriminada, el desalojo de algunas personas de los espacios o centros de votación”, argumenta. ¿Puede persuadir a la gente para no votar? “Totalmente”, responde. “Un gran contingente militar genera miedo, la gente puede decir me retiro, la situación va a estar complicada”.

Quien ha decidido no votar en esta elección es Miguel, un joven de 25 años que se gana la vida conduciendo coches a través de aplicaciones. Se muestra cansado de una política señalada por corrupción y que, en sus palabras, solo vela por sus intereses. A pesar de ello, dice simpatizar con Nasralla, porque representa “una cara nueva” en medio de los políticos tradicionales. Nasralla es un popular presentador de televisión y una de las voces más visibles contra la corrupción de las élites tradicionales. No es la primera vez que aspira a la presidencia. En 2017 denunció un fraude en su contra en un proceso de por sí muy cuestionado. Su figura carismática atrae al voto joven. “Si votara, lo haría por él”, afirma Miguel, quien vive en Comayagua, a 80 kilómetros al norte de Tegucigalpa, donde se despliega la base militar estadounidense. El joven critica al Gobierno: “El costo de la vida y la delincuencia han aumentado, hay pocas fuentes de empleo y las oportunidades son pocas, alguien que se gradúa de la universidad no tiene garantizado que conseguirá trabajo”, explica. Con todo, dice, no apoyaría a los “cachurecos”, como llaman en Honduras a los nacionalistas, los conservadores. “Han sido muy corruptos”, dice. “Yo voté por Xiomara Castro como castigo a ellos”.

La corrupción carcome al sistema en Honduras y es una de las principales preocupaciones de sus habitantes tras la pobreza, salud y desempleo. “Nos encontramos todavía en una situación de captura por parte de los intereses de la clase política, de los grupos de poder que lastimosamente tienden a ver el Estado y a la población como un botín, como algo que se pueden repartir para mantener un estatus quo”, explica César Espinal, coordinador del Observatorio de Política Criminal del Consejo Nacional Anticorrupción. “Cada cuatro años cambian las autoridades, pero se mantiene la corrupción sistémica, estructural, que ha sido muy difícil de eliminar”, lamenta. La corrupción es latente en Tegucigalpa, donde las autoridades anunciaron como símbolo de progreso la construcción del llamado Trans-450, una obra de 150 millones de dólares para aliviar el endemoniado tráfico capitalino y ofrecer una vía de transporte público decente para una población que lo reclama. El proyecto no fue terminado y las estaciones del metrobús se muestran olvidadas y vandalizadas como señal del cáncer que hace metástasis en este pequeño país centroamericano.

Algunos hondureños, pese a todo, se aferran al voto como acto de fe. Es el caso de John Cabrera, de 26 años. El joven, que intercala sus tutorías de Matemáticas con la venta de banderas y camisetas de fútbol en un puesto de calle frente al estadio nacional —otra obra nunca terminada en su totalidad— dice que asistirá a votar el domingo desde temprano. “Soy de las personas que dedico mi tiempo a ver propuestas y analizar bien cómo está la situación”, comenta. “Hay mucha incertidumbre, porque los tres candidatos tienen bastante población que los apoya”, matiza. Las encuestas muestran que la del domingo será una elección reñida entre la oficialista Moncada con Nasralla y Asfura. El oficialismo advierte de un posible fraude y ha adelantado que no reconocerá una derrota. Estas elecciones, ha dicho el Consejo Nacional Electoral, serán las más observadas de la historia del país, con un gran despliegue de observadores locales y extranjeros. “Uno escucha a la gente en la calle y está entusiasmada, vienen con todo. Muchos de mis vecinos estarán desde las cuatro de la mañana haciendo fila en el centro de votación”, dice. ¿Incluso con el estado de excepción? “Sí, el pueblo hondureño está decidido. Va a ser tremendo. Será una gran participación”, vaticina el joven, con esa esperanza a la que se aferran los hondureños: la de que algo cambie para bien.