La presidenta Xiomara Castro impone un toque de queda tras 21 asesinatos en un día en Honduras

La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, ha lanzado una nueva ofensiva para hacer frente a la violencia que desangra al país centroamericano y que ha dejado al menos 21 muertos en las últimas 24 horas. Tras una nueva masacre registrada el sábado en el interior de un billar en el sector de Choloma, en el norte de Honduras, que dejó 13 muertos, la mandataria ha decretado un toque de queda en esa ciudad y en San Pedro Sula, la más importante del país, y ha anunciado una operación policial que incluye allanamientos, capturas de posibles criminales y retenes. Otras ocho personas han sido asesinadas en otros crímenes en el norte del país. Las nuevas medidas se dan cinco días después de que 46 reclusas murieran en una reyerta entre integrantes de pandillas rivales, registrada en una cárcel. “He tomado medidas para darles seguridad ante el brutal y despiadado ataque terrorista a que están sometidos por los matones a sueldo entrenados y dirigidos por los cabecillas del Narcotráfico que opera impunemente”, ha escrito la presidenta en una cadena de mensajes publicados este domingo en su perfil de Twitter.

La matanza del sábado ocurrió en el barrio Victoria mientras las víctimas celebraban una fiesta de cumpleaños. La prensa hondureña ha informado que hombres armados ingresaron a la celebración y abrieron fuego contra los invitados. Las autoridades han afirmado que la masacre dejó al menos 13 muertos. Los cuerpos han sido trasladados a la morgue de San Pedro Sula, la mayor ciudad del país, donde los forenses practican las autopsias para identificar a las víctimas. Entre ellas está Xiomara Cocas, presidenta del sindicato de trabajadores de una empresa ensambladora.

Honduras sufre una ola de violencia que se cobra víctimas todos los días. Además de la presencia de las pandillas Mara Salvatrucha y Pandilla 18 que imponen el terror en las ciudades y mantienen el control de amplios territorios, el país centroamericano sufre la violencia del crimen organizado, principalmente el narcotráfico, cuyos grupos ven en la nación un importante centro de operaciones y tráfico. Las autoridades han denunciado el control de estas agrupaciones en el estratégico valle de Sula, localizado al norte de Honduras, donde se ubica San Pedro Sula, considerada una de las ciudades más violentas del continente. En esta región se ubica más del 80% de la industria manufacturera y textil del país.

La presidenta Castro ha lanzado este domingo la operación Candado Valle de Sula dentro del plan de seguridad que ha llamado Solución Contra el Crimen y el Estado de Excepción, que ya había implementado desde noviembre para lograr la recuperación de zonas controladas por las pandillas. La operación está dirigida por el ministro de Seguridad, el general Gustavo Sánchez, quien cuenta con el respaldo de altos cargos militares y policiales. “Se inician múltiples operativos, allanamientos, capturas, y retenes durante las 24 horas, aplicando a partir de este día un toque de queda especial para Choloma, en un tiempo de 15 días prorrogables”, ha informado Castro.

La mandataria también ha informado que las autoridades entregarán una recompensa de 800.000 lempiras (unos 33.000 dólares) para quienes faciliten la captura de “asesinos en masacres de Choloma”. Ha dijo, además, que en las próximas horas anunciará nuevas medidas. “Pido su colaboración para desmontar el crimen que opera impunemente en Honduras”, ha solicitado la mandataria.

Estas nuevas acciones contra el crimen se dan apenas cinco días después de la masacre ocurrida en la una cárcel de mujeres al norte de Tegucigalpa, que dejó 46 reclusas asesinadas, varias de ellas calcinadas, después de que iniciara un ataque de integrantes de la Pandilla 18 contra reclusas de la Mara Salvatrucha. Las investigaciones apuntan a que un grupo de mujeres de la Pandilla 18 amenazaron con armas de alto calibre, redujeron a las guardias penitenciarias, atacaron las celdas donde se ubican sus rivales y luego les prendieron fuego.

La presidenta Castro, tras lamentar la matanza, informó que “tomará medidas drásticas”, en un contexto en el que su Gobierno ha diseñado una política similar a la de su vecino salvadoreño Nayib Bukele para hacer frente a la violencia de las pandillas. Castró anunció en noviembre una polémica política de seguridad, que incluye estados parciales de excepción para combatir el crimen en 120 comunidades, donde además ha desplegado militares y policías para retomar el control de esas zonas y se han suspendido las garantías constitucionales de los ciudadanos. “Conmocionada por el monstruoso asesinato de mujeres en Cefas, planificado por maras a vista y paciencia de autoridades de seguridad. Mi solidaridad con familiares. Convoco a rendir cuentas al Ministro de Seguridad y la presidenta de la Comisión Interventora. ¡Tomaré medidas drásticas!”, dijo la mandataria a través de Twitter tras la matanza en la cárcel de mujeres.

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