La exfiscal peruana Patricia Benavides intenta tomar el Ministerio Público por la fuerza en medio de una cuestionada restitución

A empujones, resguardada por una comitiva, la exfiscal de la nación Patricia Benavides ingresó la mañana de este lunes en la sede del Ministerio Público a la fuerza, en una acción que ha sido calificada por diversos colectivos ciudadanos como un golpe a la democracia. Benavides fue destituida en mayo de 2024 por valerse de su cargo para beneficiar a su hermana Enma, una jueza superior que falló a favor de narcotraficantes a cambio de sobornos. Este lunes, tras un cuestionado fallo de la Junta Nacional de Justicia que ordenó su restitución, la abogada se dirigió con una actitud beligerante hacia el noveno piso del Ministerio Público para ocupar el despacho de Delia Espinoza, la fiscal de la nación en funciones.

El incidente trajo a la memoria las épocas más oscuras de los años noventa, cuando se capturaron las instituciones. Benavides estaba preparada: en la avenida Abancay la respaldaba una portátil, con una banderola que decía: “Patricia dignidad”. No se trataba de simpatizantes espontáneos, sino de La Resistencia, la fuerza de choque de la derecha. Mientras la turba bailaba al son del Ritmo del Chino —el jingle característico de Alberto Fujimori—, los trabajadores de la Fiscalía paralizaron sus labores y se plantaron frente a los usurpadores. No hubo conatos de bronca, pero sí momentos de tensión.

Finalmente, impotente por la respuesta del personal, Patricia Benavides se quitó del cuello la medalla de fiscal de la nación y retrocedió en su avanzada. La Fiscalía de Prevención del Delito preparaba un acta por su intento fallido de recuperar el cargo. “Ha ocurrido un grave atentado contra la autonomía y la institucionalidad del Ministerio Público y el Estado de derecho”, señaló Víctor Cubas, vocero de la institución. Su principal cuestionamiento es que la Junta Nacional de Justicia no tiene entre sus competencias la elección de la fiscal de la nación.

“La Junta no puede disponer algo que no está dentro de sus facultades. La única autoridad que puede elegir quién desempeña el cargo de fiscal de la nación es la Junta de Fiscales Supremos”, explicó Cubas. Patricia Benavides se cansó de esperar sentada, y no le quedó de otra que salir por la puerta posterior. “Se han cometido delitos y habrá consecuencias”, advirtió Delia Espinoza, la máxima autoridad del Ministerio Público hasta el 2027. Y fue más allá: “¿Se pretende dar un golpe de Estado?”.

Para la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), lo ocurrido fue un “ingreso prepotente e ilegal”. “Esta actitud, impropia de una democracia, vulnera los procedimientos institucionales”, señalaron en un comunicado. Además, destacaron que la Junta Nacional de Justicia tiene atribuciones definidas en el artículo 154 de la Constitución y en ninguna parte se contempla su facultad para nombrar ni reincorporar a un fiscal de la nación. Los fiscales superiores coordinadores de las fiscalías especializadas se sumaron a la defensa de su institución. Para ellos, es evidente que lo ocurrido es parte de una “estrategia más amplia de los sectores políticos que buscan copar las instituciones autónomas del Estado para profundizar un modelo autoritario y antidemocrático”.

Esta no es la primera vez que Patricia Benavides desafía los límites. En noviembre de 2023, afrontaba una denuncia por presuntamente liderar una organización criminal, luego de que se conocieran conversaciones vía WhatsApp de su asesor Jaime Villanueva en las que pactaba votaciones en el Congreso de la República. En medio de esta acusación, Benavides hizo el anuncio más arriesgado de toda su carrera: denunció constitucionalmente a la presidenta Dina Boluarte y al entonces premier Alberto Otárola por homicidio calificado, en agravio de las víctimas de las protestas que iniciaron en diciembre de 2022. Luego de casi un año de la tragedia, mostró repentinamente interés por el caso. No por justicia. Por sobrevivencia. Ese mismo año también se supo que había obtenido un diploma de especialización en combate contra la corrupción en una academia que entregaba títulos a fiscales a cambio de 230 soles, según reveló el medio Hildebrandt en sus Trece.

Si bien hasta ese momento parecía que su relación con Boluarte era distante y lejana, podrían haber sido solo apariencias. Una reciente investigación fiscal revelada en el dominical Cuarto Poder señala que a mediados de 2023, ante la necesidad de Dina Boluarte de que se archivara el caso en su contra por la violación a los derechos humanos en las protestas, su hermano Nicanor Boluarte se reunió con Jaime Villanueva para negociar una salida que beneficiara a ambas partes. La entonces titular del Ministerio Público tenía una gran preocupación: su esposo. El empresario chileno Luis Hernán Espinoza tenía deudas con el fisco por 127.000 soles. Para que las denuncias contra Boluarte se archivaran, la presidenta debía remover de su cargo al entonces jefe de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat), Luis Vera, quien acabó presentando su renuncia.

La jornada terminó con una escena que no debe haberle hecho mucha gracia a Patricia Benavides: Delia Espinoza liderando una vigilia en el Ministerio Público con todos sus trabajadores bajo la luz de las velas.