Enviar fotos, moderar sermones y no orar por Nicaragua: así controla Ortega a los sacerdotes

En la Cuaresma y la víspera de Semana Santa, una de las conmemoraciones culmen del catolicismo, el padre Fabricio se siente “castrado”. Ha recibido advertencias directas de la policía de Daniel Ortega y Rosario Murillo que “sabe”, dice a EL PAÍS, no puede ignorar; hacerlo implicaría cárcel o destierro: “Me dijeron que nada de sacar procesiones del Via Crucis los viernes, que modere lo que digo en el púlpito y que no ande pidiendo por el bien del país, porque el país anda muy bien con el comandante y la compañera”, dice el párroco, que pide anonimato y ocultar el sitio de Nicaragua donde presta sus servicios pastorales por terror a ser represaliado.

El padre Fabricio dice que no teme a la prisión o el destierro que han sufrido otros sacerdotes como él. Pero ha optado por “moderarse” porque la feligresía “queda huérfana y en el desamparo” cuando un cura cae en las garras del Gobierno. “Hacer caso a la fuerza es horrible, porque nosotros somos pastores, como dice el papa Francisco; pastores que nos debemos al rebaño de Dios que sufre. En este tiempo de Cuaresma, de pasión y resurrección de nuestro señor Jesucristo, uno se siente como castrado. Observado cuando uno dice la misa, porque sabemos que hay celulares grabando lo que decimos”, dice el párroco.

El temor del padre Fabricio está sustentado por los hechos: en noviembre de 2024, el obispo de Jinotega y presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, Carlos Enrique Herrera, fue detenido y trasladado al Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino en Managua, desde donde fue desterrado a Guatemala. Sucedió dos días después que el prelado en su sermón criticase al alcalde sandinista Leónidas Centeno por ordenar un acto partidario recurrente y bullicioso que solía interrumpir las misas en la Catedral de Jinotega.

Ese hostigamiento contra el credo católico fue recogido por un Grupo de Expertos de Naciones Unidas (que lo cataloga como crimen de lesa humanidad) y ahora un informe de la organización Christian Solidarity Worldwide (CSW) que por primera vez revela la imposición de “medidas cautelares” de facto por parte de la policía sandinista para los religiosos, especialmente los curas romanos. CSW registra en el periodo estudiado 222 casos de violaciones a la libertad de religión o creencias.

“El martes 27 de agosto de 2024, agentes de policía encabezados por el capitán Wilber Montenegro Martínez llegaron a la rectoría de la parroquia de Nuestra Señora de Fátima, donde interrogaron y tomaron fotografías al padre Luis Eduardo Benavídes”, ejemplifica CSW. “Se le informó al sacerdote que, a partir de ahora, la policía lo visitaría todos los martes para entrevistarlo y tomarle una fotografía, y que no se le permitía salir del municipio sin autorización policial. El sacerdote huyó a Honduras en las primeras horas del día siguiente”.

A lo largo de 2024, CSW recibió nueve informes adicionales de sacerdotes sometidos a estas medidas. No obstante, el padre Fabricio asegura que son más. “Lo que pasa es que todo el mundo vive con miedo y no habla. Por ejemplo, yo no hablé con esa organización del informe que me menciona, pero fui advertido por los oficiales”, dice.

En cada uno de los nueve casos recogidos por CSW, los sacerdotes fueron detenidos e interrogados. Se les asignó un oficial de policía local específico y se les ordenó presentarse ante el oficial cada semana. “También se les impuso restricciones a su libertad de movimiento, prohibiéndoles salir de su municipio sin un permiso previo de las autoridades. Algunos denunciaron que se les advirtió que, si no acataban las medidas cautelares, serían detenidos o desterrados”, resalta el informe.

Misas vigiladas

En 2024, CSW registró 46 casos de detenciones de líderes religiosos. Algunos fueron liberados en pocas horas, pero otros “permanecen detenidos en condiciones inhumanas”. Uno de ellos es el padre Frutos Constantino Valle Salmerón, de 79 años. Está bajo arresto domiciliario en el Seminario Nacional Interdiocesano Nuestra Señora de Fátima. “Nos sentimos solos, porque el Cardenal [Leopoldo Brenes] no dice nada. Es como que a él lo tienen enmudecido”, reclama el padre Fabricio.

“Las comunidades y los individuos religiosos siguieron denunciando amenazas y acoso por parte de funcionarios del gobierno o sus representantes, en forma de activistas progubernamentales y paramilitares”, prosigue el informe de CSW. “Tanto los protestantes como los católicos romanos denunciaron con frecuencia la infiltración y el uso de informantes en congregaciones de todo tipo, para vigilar e informar sobre el contenido de sermones, oraciones y otras actividades, lo que indica que el Gobierno ve a las comunidades religiosas o de creencias con creciente sospecha y las vigila de forma activa y sistemática”.

Esta vigilancia no es aislada. Forma parte de un entramado de vigilancia y control total diseñado por la pareja presidencial para imponer en todos los niveles de la sociedad un ojo que todo lo ve totalitario, ha denunciado recientemente el grupo de expertos de Naciones Unidas.

“El 7 de mayo del año pasado, la policía cerró el Santuario de Nuestra Señora de Cuapa y bloqueó el acceso de fieles que llegaron de todo el país. Será lo mismo esta otra Semana Santa con los Nazarenos bajo iglesia por cárcel y nosotros, como pastores, castrados. Ahora súmele el tema de los impuestos”, critica el padre Fabricio, en referencia a los intentos oficiales por asfixiar económicamente a la Iglesia Católica con la eliminación de exenciones fiscales históricas. En 2024, se les revocó la exoneración del impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) a instituciones religiosas y las obligó a pagar altos montos por sus propiedades y templos. Además, los prelados han denunciado que el Ministerio de Hacienda ha comenzado a fiscalizar y gravar las donaciones que reciben las iglesias, incluso aquellas destinadas a labores sociales.

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