Vuelve el pleito entre Exxon Mobil y Venezuela: historia de una vieja enemistad

Cuando el Gobierno chavista de Nicolás Maduro echa a andar la narrativa de la izquierda clásica sobre la existencia de corporaciones globales tributarias de “el imperialismo” que explotan los recursos de los pueblos, la artillería verbal queda siempre reservada para una sola empresa petrolera: Exxon Mobil.

La multinacional energética, la más grande del mundo, tuvo un duro careo con el Gobierno venezolano hace 10 años que dejó consecuencias definitivas y consolidó una enemistad manifiesta, que todavía hoy tiene ecos.

En octubre de 2014, siendo Rafael Ramírez el presidente de PDVSA, el Comité Internacional para el Arreglo de Diferencias vinculadas a Inversiones Extranjeras, Ciadi, una instancia perteneciente al Banco Mundial, falló a favor de Exxon una demanda que obligaba al estado venezolano a pagar 1.600 millones de dólares como compensación a este gigante corporativo, por la estatización de sus bienes y activos en el país.

Envalentonado con los altos precios petroleros y los millonarios ingresos nacionales del período 2006-2012, Hugo Chávez llevaba adelante, con el objeto de darle forma a su proyecto político, una agresiva ola de nacionalizaciones de la estructura productiva del país que tuvieron graves consecuencias para la economía nacional y un importante capítulo en el terreno energético. El nuevo marco legal en materia petrolera, creado por Chávez en 2005, consagraba la migración de los convenios operativos vigentes a la modalidad de empresas mixtas controladas por el estado, garantizando a PDVSA la mayoría accionaria.

PDVSA asumió el control de operaciones de los pozos y de inmediato tuvo fuertes tensiones con Exxon, que, a diferencia de otras empresas, no aceptó la migración. Exxon reclamaba un incumplimiento de contrato. Por entonces, año 2012, con el precio del crudo trepado a los 100 dólares el barril, los ingresos nacionales por factura petrolera eran millonarios y Petróleos de Venezuela, aun con sus desórdenes administrativos, era todavía una empresa operativa y poderosa.

Luego de la euforia de las nacionalizaciones chavistas, la república ha tenido que enfrentar en estos años costosos juicios en tribunales internacionales con casos similares al de Exxon. Se trata de empresas que reclaman una indemnización por las tomas unilaterales de sus activos en el nombre de la independencia nacional que hicieran Hugo Chávez y sus ministros entre 2007 y 2013.

A partir de 2006, la revolución bolivariana dejaba sin efecto la estructura de la Apertura Petrolera, diseñada en la última etapa de la democracia venezolana, a finales de los años 90. Este fue un modelo de explotación que fomentó inversiones masivas de empresas extranjeras, como Chevron, Exxon, BP o Mitsubishi, para operar junto a PDVSA, con regalías muy bajas, y por primera vez desde la nacionalización del petróleo, en 1976. Este proyecto aumentó mucho la producción y exportación del crudo y sus derivados venezolanos, pero el chavismo lo consideraba lesivo a la soberanía nacional.

En 2007, cuando se concretó la ruptura con Exxon y sobrevino la demanda en los tribunales internacionales, el gobierno venezolano desplegó una agresiva campaña en contra de Exxon en el país, con spots en la televisión y gigantografías en las calles, acusándola de ser enemiga de la soberanía nacional, y retratándola con todos los aditamentos de la discursiva de la izquierda clásica latinoamericana.

“Exxon Mobil es una empresa enemiga de Venezuela, de la historia y del pueblo venezolano”, declaró hace poco Nicolás Maduro, respaldando a su vicepresidente, Delcy Rodríguez, quién acusaba a la empresa de instigar el conflicto con Guyana y menoscabar los derechos de la nación sobre la Guayana Esequiba, que Caracas reclama ahora de manera militante irrestricta. Maduro afirmó que Exxon actúa “queriendo vengarse del país”, adelantando “una persecución y extermino”, en contra de Chevron, la multinacional estadounidense aliada de Miraflores.

Luego de romper con Venezuela, Exxon inició negocios con la vecina Guyana, nación que ha descubierto importantes yacimientos petrolíferos en alta mar en zonas que controla legalmente, pero parte importante de las cuales Venezuela reclama como propios, como integrante de la denominada Guayana Esequiba (territorio que perteneció a Venezuela y que fue colonizado por Inglaterra en el siglo XIX, integrante de la jurisdicción de la actual República de Guyana.)

Mientras Venezuela se hundía en la conflictividad política, el caos económico, la inseguridad jurídica y la corrupción, haciendo decaer escandalosamente su producción en los últimos años, Guayana trabajó a muy buena velocidad con Exxon, empresa que, junto a otras corporaciones, han puesto a producir con gran rapidez el bloque Starboek, disparando la producción guyanesa, país que sigue atrayendo capitales para trabajar estos dotados pozos de alta mar.

Luego de celebrar el referéndum en torno a los derechos del país en el Esequibo, a finales de 2023, el Gobierno de Maduro ha endurecido su postura reivindicativa sobre este territorio, amenazando incluso con penas de cárcel a aquel que cuestione los derechos venezolanos sobre este territorio, que integran las tres cuartas partes de la actual Guyana.

Con el aumento de las tensiones diplomáticas entre Venezuela y Guyana, han proliferado las acusaciones de Caracas en contra de Exxon, presumiblemente por conspirar contra los intereses del país y confabularse con Guayana en este diferendo. “Quién se movió para que sancionara a Chevron fue la Exxon, eso está claro. Así se mueven esas presiones empresariales, los lobbys”, afirmó esta semana Diosdado Cabello, respaldando lo dicho por Nicolás Maduro y Delcy Rodríguez.

Luego de que el gobierno de Guyana denunciara públicamente que un buque venezolano ingresara en las aguas territoriales que controla, y que Venezuela reivindica, el propio Cabello anunció en una rueda de prensa -antes que el propio Consejo Nacional Electoral- que en las próximas elecciones legislativas de mayo la población elegirá 8 diputados de la Guayana Esequiba.