El régimen de Ortega y Murillo excarcela a 38 opositores detenidos en las últimas semanas

La policía del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo excarceló la madrugada de este jueves 12 de diciembre al menos a 38 de los 40 opositores, según ha podido confirmar EL PAÍS, que habían sido capturados entre finales de noviembre y principios de diciembre, en medio de unas operaciones llevadas todo el país, aunque concentradas en las ciudades de León y Masaya. Sucedió mientras el Gobierno sandinista aprobaba en el Parlamento una serie de reformas legales, empezando por un cambio radical a la Constitución Política que, según los críticos, consolidó una “dictadura totalitaria” en Nicaragua. Estas excarcelaciones se produce un día después de que Naciones Unidas exigiera al Gobierno la liberación de prisioneros de conciencia.

Organismos opositores en el exilio contabilizaron casi 40 detenciones de ciudadanos considerados incómodos por el régimen sandinista. Uno de los datos que más alarma despertó fue que casi la mitad de los arrestados eran adultos mayores. Todos ellos pasaron más de 20 días, técnicamente, en “desaparición forzada”, de acuerdo con la Unidad de Defensa Jurídica (UDJ), ya que los oficiales nunca informaron del paradero de ellos a sus familiares.

La treintena de detenidos políticos fueron llevados a sus hogares –de donde los secuestraron a la fuerza y sin órdenes de captura– bajo amenaza. Antes de ser excarcelados, los obligaron a firmar un documento cuyo contenido no ha podido ser precisado por EL PAÍS, a la vez que los conminaron a presentarse periódicamente a delegaciones policiales “a firmar un acta”. Una práctica que ya había usado el régimen Ortega-Murillo con otros excarcelados en 2023: enviarlos a casa, pero con la condición de asistir diariamente a las comisarías a firmar un documento de asistencia. De ausentarse en dos ocasiones seguidas, les advertían que serían devueltos a la cárcel. Una dinámica que resultó extenuante, por lo que muchos de ellos optaron por exiliarse.

Sin embargo, en esta ocasión, las diversas fuentes que confirman la excarcelación de 38 personas fueron muy escuetas, ya que impera el terror de represalias contra los familiares o los mismos detenidos. “No todos fueron liberados”, aseguraron, y mencionan el caso del periodista leonés Leo Catalino Cárcamo, detenido y desaparecido desde el pasado 22 de noviembre. “No se sabe nada de él”, insisten. Fuentes sandinistas aseguraron a EL PAÍS que sopesan desterrar a Cárcamo, tal cual sucedió con otro de los detenidos en estas últimas redadas, el también periodista y empresario Henry Briceño. El hombre, de 75 años, fue apresado el 24 de noviembre pasado. De inmediato fue desaparecido y más tarde abandonado a su suerte por agentes policiales en la frontera, es decir desterrado en secreto y a fuerza hacia Costa Rica junto a toda su familia. Sus propiedades fueron confiscadas en simultáneo y continúan tomadas por agentes policiales.

Quedan más de 46 presos políticos

Organismos defensores de derechos humanos y que acompañan a los presos políticos desde el exilio alertaron de que, a pesar de esta excarcelación, en Nicaragua continúan más de 46 personas detenidas por motivos políticos. Entre ese grupo de detenidos también persiste el patrón de “desaparición forzada”. “De las 46 personas bajo arresto político contabilizadas hasta el siete de noviembre, 26% de ellas permanecen en desaparición forzada”, es decir, 12 personas, denuncia la UDJ. “Pero casi el 100% de las personas que han sido detenidas en 2024 se encuentran en desaparición. Esto demuestra un nuevo y drástico patrón en cuanto a las detenciones ya que, en años previos, si bien las personas capturadas eran incomunicadas, la condición de desaparición no solía exceder los 90 días”.

Organizaciones de la UDJ también hacen referencia a un subregistro en el número de detenidos políticos, ya que los familiares tienen terror a denunciar. “Con las desapariciones forzadas por ocultamiento de paradero como política represiva, el Estado pretende causar un efecto aún más silenciador en la población nacional, no solo en opositores, sino en sus propios funcionarios o ciudadanos ajenos al quehacer político o de organizaciones sociales”, afirma la UDJ.

Entre la treintena de excarcelados figuran adultos mayores, médicos, periodistas retirados, abogados, empresarios y hasta disidentes sandinistas. Las personas detenidas fueron enviadas a sus casas bajo amenaza un día después que un grupo de Expertos de Naciones Unidas instara a las autoridades del régimen Ortega-Murillo “a liberar a las personas detenidas por sus críticas sobre la deteriorada situación de derechos humanos en el país y a informar de inmediato a sus familiares y abogados sobre su suerte y paradero”. Esta misma semana, la Administración saliente de Joe Biden anunció una investigación contra el régimen sandinista por violaciones de derechos humanos y laborales, lo que abre la puerta a una suspensión del país del tratado de libre comercio.