Costa Rica, un paraíso de impunidad para agresores sexuales

Este reportaje ha contado con el apoyo del Howard G Buffett Fund for Women Journalists de la International Women’s Media Foundation para mujeres periodistas. Los nombres de las activistas de Unidas Talamanca y las víctimas de agresiones han sido cambiados para proteger su identidad.

“Dígame la verdad, ¿se puede hacer algo?”, le preguntó Paula a la oficial de policía que tomaba su declaración. “Ella respiró hondo y me dijo: ‘Honestamente, la mayoría de estos casos queda sin resolver porque las víctimas turistas se van rápido del país, y las locales tienen miedo de amenazas’”. Esta costarricense de 40 años había sufrido una violación en Puerto Viejo de Talamanca, un conocido destino turístico en el Caribe sur de Costa Rica, en una noche de temporada alta.

En la otra costa del país, en las playas del Pacífico, Lynn Segev, de 19 años, recuerda una conversación que tuvo hace años con un conocido. “Me habló de un muchacho que llevaba en su auto a mujeres que drogaba en fiestas para ‘follárselas’ y yo le dije: No se las está follando, las está violando”. Años después, ese chico acabó preso en una condena histórica fruto del trabajo del grupo feminista del que ahora forma parte.

Estas historias evidencian una crisis palpable en estas zonas remotas, donde el acoso callejero está a la orden del día y la falta de educación sexual desdibuja los límites del consentimiento. La cultura de la violación, la falta de recursos del Estado y el turismo sin apenas control subsume esas agresiones en una espiral de silencio e impunidad. Los datos del Ministerio Público reflejan que, solo en 2023, 68 mujeres fueron víctimas de delitos sexuales al día, 76% más que el año anterior. Del total de las denuncias de 2023, apenas 15% resultaron en acusaciones formales.

La fama mundial de país verde llevó a Costa Rica una cifra récord de 2,5 millones de turistas en 2023. Pese al flujo económico que esto supone, muchos destinos turísticos apenas cuentan con servicios públicos, como sucede en el Caribe sur y en Santa Teresa de Cóbano. Este abandono estatal se suma a una cultura de la fiesta que atrae a visitantes jóvenes, pero también a depredadores sexuales y narcotraficantes. “Es un paraíso para agredir”, lamenta Segev, vicepresidenta de la Asociación Cóbano Pro Derechos de las Mujeres (ACOPROM).

El calvario de la denuncia

Un día después de poner su denuncia por violación en Puerto Viejo, Paula recibió una llamada anónima con amenazas de muerte para que la retirara. Azorada por el miedo, accedió. Mientras, el sistema judicial la sometía a una revictimización que la desprotegía aún más. Diez días después, la psicóloga que le asignaron le aconsejó simplemente que pensara en su lugar feliz. “Yo no comía ni dormía y esa frase de mierda fue el tratamiento psicológico que recibí”, recuerda con indignación.

Para Gerson Quirós, subjefe de la Delegación del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en Bribri, el mayor desafío para investigar estos delitos es su carácter privado. “Sin denuncia, no hay delito”, reconocen fuentes policiales. Una mujer debe denunciar y seguir el proceso hasta el final, pero las trabas que encuentran son muchas. “Las extranjeras no quieren hacerse las pruebas forenses, los procesos duran años y la mayoría no los siguen”, explica Quirós. No obstante, las extranjeras no residentes pueden realizarlos a distancia.

Una veintena de entrevistados coincidieron en que la dificultad de denunciar radica en la ineficiencia del sistema judicial y la poca aplicación de justicia con perspectiva de género, que se traduce en revictimización y soledad para las denunciantes. Además, estas zonas turísticas no tienen recursos suficientes para garantizar la eficiencia del cumplimiento del Protocolo interinstitucional de atención integral a víctimas de violación sexual en las primeras 72 horas.

Y al ser ataques que ocurren principalmente de noche, la inmediatez de la atención se ve comprometida, ya que no hay transporte público, traductores ni policías disponibles fácilmente. Además, una víctima debe someterse a exámenes médicos forenses, sin lavarse tras la agresión para no borrar las evidencias. En Santa Teresa, por ejemplo, no hay centros que puedan hacer estas pruebas, por lo que la víctima debe desplazarse hasta la ciudad de Puntarenas en un trayecto de entre tres y seis horas.

Lucila, una chilena de 41 años, sufrió una agresión verbal por un hombre desconocido en un gimnasio de Puerto Viejo. Según su relato, fue revictimizada por la policía cuando fue a denunciar. Cuando estaba en la estación, su teléfono empezó a vibrar. “Me llegaban mensajes de mujeres alertándome de agresiones físicas y sexuales que había cometido mi agresor y aun así la policía no hizo nada por mí”, rememora. Al no poder denunciar en la policía, acudió al OIJ.

Allí se enteró de que su agresor tenía tres causas más. Días después, el dueño del gimnasio le confesó a Lucila que le había dado al hombre el video de las cámaras de seguridad –que antes le había negado a ella– y este lo publicó en un grupo de Facebook llamado ‘Puerto Viejo Open Forum’, con más de 14.000 miembros. La publicación culpaba a Lucila del incidente y dejaba expuesta su identidad. Ella comenzó a ser víctima de ciberacoso. “Él sigue libre y por eso las mujeres no quieren denunciar”, espeta.

De la indignación a la acción

Los feminicidios de la turista mexicana María Trinidad Matus y la española Arantxa Gutiérrez en 2018; el de María Luisa Cedeño en 2020, o la violación de dos turistas danesas en 2022 fueron algunos de los casos más mediáticos que hicieron brotar en redes sociales a grupos feministas como respuesta indignada ante la inoperancia estatal y la creciente inseguridad que azota a las mujeres en Costa Rica. Dos de ellos han sido Unidas Talamanca y el Movimiento Feminista de Santa Teresa, ahora formalmente constituido como ACOPROM. Lucila y Paula han encontrado sororidad en UT y, mediante un grupo de WhatsApp de cerca de 150 integrantes, se alertan diariamente de todo tipo de casos de violencia de género.

Julia, quien lleva media vida en el Caribe, fue una de las pioneras de UT. “A veces parece que logramos muy poco, pero conseguimos que los dueños del gimnasio echaran al agresor de Lucila –contra quien ya antes habíamos fracasado en un intento de armar un caso por varias violaciones. Esa victoria jamás hubiera sido posible sin UT”, sentencia. Ella se ha convertido en uno de los contactos de emergencia de las víctimas. “La sostenibilidad del activismo pesa más porque hacemos un trabajo que debería hacer el Estado”, afima esta mujer que asegura haber atendido al menos a 50 mujeres en los últimos años. Según datos de la Unidad de Monitoreo y Gestión de las Fiscalías (UMGEF), solo en Bribri se registraron 893 delitos sexuales entre 2021 y 2023.

Sin embargo, en la zona existen choques culturales no resueltos que limitan una actuación más conjunta frente a la violencia sexual. UT se compone de extranjeras y capitalinas, y las afrodeindígenas locales reprochan sus metodologías. “No creemos en el feminismo y nos molestó muchísimo que dijeran que representaban a las mujeres de Talamanca sin preguntarnos a nosotras”, explica Celia Muré, una lideresa comunitaria. Pese a sus desavenencias, algunas ven una lucha común. “Yo he aprendido mucho de las afroindígenas y, aunque odien el término ‘feminista’, para mí lo son y mucho, porque luchan incansablemente por su comunidad”, expresa Julia.

Wanda Patterson es propietaria de la discoteca Salsa Brava. Para ella, la comisión de delitos sexuales se debe a la falta de presencia policial y la desintegración comunitaria. “Después de las 2:00 am, esto es tierra de nadie. Y antes nos conocíamos todos, pero ya no”, explica. Tanto ella como Muré consideran que las extranjeras se exponen a sí mismas. “Las mujeres se pasean semidesnudas y no respetan nuestra moralidad religiosa”, espeta Muré. UT discrepa con esta visión que “culpa a las víctimas” y piden redoblar esfuerzos. “Cuando señalamos los lugares peligrosos nos atacan, pero los propietarios de negocios no son contundentes en actuar para evitar la violencia”, sentencia Adria, activista de UT. Casi todos los carteles informativos que ellas han colgado para prevenir a las mujeres de estos lugares han sido arrancados.

Las mujeres afro no niegan la existencia del patriarcado, pero temen que estos señalamientos exacerben el racismo que históricamente ha afectado a la provincia de Limón, cuna de la afrodescendencia costarricense. “Nos ha costado mucho quitarnos la fama de lugar peligroso y por eso no quieren que ahuyentemos el turismo”, explica Adria.

El gran triunfo de las feministas de Santa Teresa

Unos 400 kilómetros separan a Santa Teresa de Puerto Viejo, pero comparten los mismos problemas en materia de violencia de género. Es sábado por la noche en Kooks, uno de los epicentros de fiesta de la zona. A medianoche, una decena de chicas entra al bar, la mayoría, turistas. Varios hombres las siguen. “El modus operandi acá es ir a los bares, escoger mujeres a dedo, emborracharlas, drogarlas y después abusar de ellas”, explica Florencia Santoni, una de las fundadoras del MFST. Así operaba Andrés Picado, alias Bala, un violador serial de la zona. Tras un largo proceso judicial, fue condenado a 24 años de cárcel. “Tras cinco años de trabajo llegamos a juicio por la labor que realizamos el MFST y yo, no por el buen trabajo de la fiscalía”, asegura el abogado Walter Brenes, que trabajó ad honorem con las activistas.

Brenes y el MFST reprochan la poca eficiencia y empatía de las autoridades. “Ni la fiscalía de Cóbano ni la de Puntarenas consideraron necesarias las tres solicitudes de medidas cautelares de prisión preventiva, nunca entendieron que un depredador suelto generaba la posibilidad de nuevas víctimas”. Bala llegó a tener hasta siete denuncias. Dos de ellas en 2019, con víctimas menores de edad, y el resto en el 2022. “De haberse encontrado en prisión preventiva desde el inicio, los otros cinco casos nunca hubiesen ocurrido”, lamenta el letrado.Tras el feminicidio de la mexicana María Trinidad Matus –que quedó impune– y las constantes violaciones en la zona, las feministas de Santa Teresa acudieron a las redes sociales para visibilizar testimonios de víctimas, fotografías de los agresores y a los establecimientos permisivos de conductas machistas. Sufrieron amenazas de muerte, pero su hartazgo superó al amedrentamiento y consiguieron que establecimientos como Kooks vetasen el ingreso de sujetos con denuncias.

El abogado admite que, tras la condena de Bala, se ha percibido un cambio positivo en Santa Teresa. De hecho, según la fiscalía de Cóbano, este año han entrado apenas cuatro casos de delitos sexuales, frente a los 318 casos que hubo entre 2021 y 2023, según UMGEF. “La sentencia demuestra que, bien manejado, el sistema judicial costarricense sí puede lograr una condena”, celebra.

Pero la carrera de fondo es consolidar los esfuerzos a largo plazo. “La violencia machista está asociada al entorno y estas zonas la sufren más porque apenas hay trabajo de prevención”, apunta Ana Hidalgo, activista de la Red de Feministas Contra la Violencia hacia las Mujeres. “El gran impacto del MFST es precisamente cambiar la cultura local”. El principal reto ahora es la saturación del sistema judicial.

Falta de funcionarios

Según UMGEF, apenas hay 440 fiscales auxiliares en todo el país para investigar estos delitos. “Cada fiscal maneja un flujo de casi 350 causas, la carga laboral es enorme por el incremento de la criminalidad y por el impedimento de la creación de plazas para fiscalías y el OIJ”, explica Andrey Guerrero, fiscal de Puntarenas.

Además, solo hay 25 fiscalías Adjuntas de Género, y ni Cóbano ni Bribri cuentan con ellas. “Hay mucha mala praxis en las fiscalías, tienen malas condiciones laborales y algunos, incluso malas formaciones”, explica la abogada Amanda Segura. Que un caso obtenga una condena acusatoria depende en gran medida de que la fiscalía tome la denuncia adecuadamente. Y, salvo que las mujeres contraten abogados privados, la gran mayoría se enfrenta al proceso judicial sin asesoría jurídica. Al contrario que los agresores. “Todos los imputados en delitos sexuales tienen un defensor público o abogados privados, pero las mujeres van solas, es muy intimidante”, explica Hidalgo.

Las cifras oficiales de los delitos sexuales de las instituciones públicas tienen un problema: no cuadran entre sí. “No existe un sistema informático unificado en el Ministerio Público, por lo que no hay trazabilidad para contrastar los datos que entran por el OIJ o por la fiscalía y estos se pierden”, explica Fabiola Luna, fiscal jefa de UMGEF. Y esto, dice, revictimiza, ya que los distintos intervinientes en una causa (peritos, médicos, etc.) manejan información diferenciada, lo que obliga a repreguntar a las víctimas por la agresión. Además, la falta de cifras fiables dificulta la creación de políticas públicas eficientes.

Es algo tan engranado en el sistema que, para la fiscal adjunta de Género, Debby Garay, es inevitable. “La revictimización es necesaria e inherente a un proceso penal, porque hay que preguntarle a la víctima qué ocurrió, lo ideal es que se reduzca y sea humanizado”. Hay algunos avances: la reforma del artículo 293 del Código Procesal Penal permite un anticipo de la declaración de la víctima en casos de delitos sexuales. “Así evitamos que declaren muchas veces y que abandonen el país y el proceso”, explica Luna.

Legitimación del discurso de violencia

Rodrigo Cháves llegó a la presidencia de Costa Rica en 2022, cargando con varias denuncias de acoso sexual durante su época laboral en el Banco Mundial. Tanto los movimientos feministas como los expertos consultados coinciden en que este hecho y su discurso “legitiman” la violencia contra las mujeres. Esto se suma al desmantelamiento progresivo del Instituto Nacional de las Mujeres, (INAMU), según Hidalgo. “Este Gobierno no ha impulsado la política pública de Estado en materia de violencia contra las mujeres”.

Cindy Quesada, ministra de la Condición de la Mujer, asegura que la institución está en un proceso de reestructuración y lamenta “cargar con el estigma de la administración que acarrea que muchas personas no quieran trabajar” con su ministerio. El INAMU ha desarrollado la iniciativa Espacios Seguros con cerca de 780 negocios inscritos. También se han implantado 32 Puntos Violeta, pero atienden en horario de oficina, y no son fáciles de encontrar, ya que no aparecen en los buscadores digitales.

Pese al problema, el trabajo de los movimientos feministas da sus pequeños frutos. Florencia Santorini, quien nunca se imaginó que el MSFT lograría una condena, trabaja impulsada por las palabras de la legisladora argentina Ofelia Fernández. “‘Lo que combate al odio es la rabia bien organizada’ y eso es lo que nos representa, porque estamos furiosas por tanta impunidad”, dice. “Hoy en día estamos trabajando con las instituciones, que apenas ahora, tras años de lucha, comienzan a hacernos caso”.