El aborto en Argentina es un derecho fortalecido que garantiza la libertad
Con Milei como presidente, un ‘outsider’ de la política que descree de la democracia y el Estado, las argentinas tenemos certezas apoyadas por datos para rebatir las noticias falsas del discurso oficial
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En la Argentina de hoy, con Javier Milei como presidente, un outsider de la política que descree de la democracia y el Estado, las argentinas tenemos certezas apoyadas por datos, que permiten rebatir las noticias falsas, gran sustento del discurso online oficial.
Una de esas certezas es que, a más de tres años de la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo en el país, disminuyó la mortalidad materna por abortos, y también los embarazos de niñas y adolescentes, estrechamente relacionados con abusos sexuales.
Y esos datos se logran con democracia y Estado presente, y surgen del último informe oficial de final de gestión de la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva del Gobierno saliente, publicado en diciembre de 2023.
Allí también se informa que 250.000 personas accedieron a un aborto legal y seguro en instituciones públicas de salud en todo el país desde que entró en vigencia la Ley 27.610 de interrupción voluntaria del embarazo (IVE), que fue promulgada el 14 de enero de 2021 y hasta octubre de 2023.
Rendir cuentas de cómo se implementaba la ley era una práctica sistemática de la Dirección que estaba a cargo de Valeria Isla. Por eso sabemos que 1982 efectores de salud garantizan abortos en todo el país, cuando en 2020 eran solo 907, gracias a un trabajo realizado desde el Estado de capacitación, concientización e información sobre el derecho que es ley.
La legislación argentina regula la interrupción del embarazo bajo un modelo mixto de plazos y causales. Así, reconoce el derecho de las mujeres, adolescentes y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar a interrumpir su embarazo hasta la semana catorce, inclusive, del proceso gestacional sin tener que dar motivos. Esta práctica se llama interrupción voluntaria del embarazo (IVE).
La ley también reconoce el derecho a la interrupción legal del embarazo (ILE) si es el resultado de una violación o si estuviera en peligro la vida o la salud de la persona gestante, siendo un modelo de causales con el mismo alcance vigente desde 1921 en el artículo 86 del Código Penal y confirmado en el fallo “F.A.L.” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 2012.
La normativa argentina resalta en la región Latinoamérica por tener protocolo de implementación del derecho, una política pública que distribuye insumos e informa sobre la aplicación de la norma, y la posibilidad de la autogestión de la práctica con medicamentos, según el estudio “Leyes y Sombras. Las regulaciones de aborto en América Latina y el Caribe”.
Para ejercer el derecho se necesitan insumos, como los medicamentos misoprostol y mifeprestona recomendados por la Organización Mundial de la Salud, los cuales se entregaban desde la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva a todo el país. Y además, el sistema privado de salud, también debe garantizar la práctica.
Ahora, en julio de 2024, no hay certezas oficiales, porque como otra característica de la actual Administración, es sumamente complicado acceder a información y gestionar no es un verbo activo en la actualidad argentina. Sabemos que en abril se designó a la médica Marisa Picollo como directora de Salud Sexual y Reproductiva, pero nada más.
Son las organizaciones sociales las que hoy monitorean qué está pasando y consiguen información que certifica que desde que asumió la nueva gestión nacional, no se han repartido insumos para garantizar abortos. El marco es acorde a los permanentes reclamos de personas que conviven con distintas enfermedades y que no están recibiendo medicación por parte del Estado nacional.
Esos monitoreos sociales posibilitan saber que casi el 50% de los estados provinciales están haciendo un gran esfuerzo para garantizar el acceso a abortos.
“Es que, según nuestra experiencia en talleres que realizamos en varias provincias, estos tres años de ley de aborto nos han dado indicadores, cifras y evidencias de que, como política de salud pública, la ley IVE es muy beneficiosa. Entonces, hay voluntad de autoridades provinciales en cumplir con la ley, porque económicamente les sirve mucho más prevenir los embarazos no intencionales”, aporta Pate Palero, directora ejecutiva de Católicas por el Derecho a Decidir.
Esas fortalezas provinciales también las identifica el proyecto Mirar, una iniciativa de CEDES e Ibis Reproductive Health, que monitorea la aplicación de la ley en el país.
En un nuevo informe que saldrá en agosto, las autoras incorporan respuestas a solicitudes de acceso a la información pública que hicieron a las provincias. Se trata de un mecanismo de rendición de cuentas del que dispone la sociedad civil para hacer seguimiento de las acciones, decisiones y resultados de las políticas de Gobierno.
De esta manera, pudieron identificar que la tasa nacional de IVE ILE fue de entre siete y ocho intervenciones cada 1.000 mujeres en 2023, que nueve de cada 10 personas que acceden al aborto tienen 20 años o más, y que los procedimientos con medicamentos son los más utilizados.
Por eso la importancia del compromiso de las políticas locales para sostener estos avances.
Es histórica en Argentina la actividad de Socorristas en Red que acompaña a personas que quieren abortar de manera segura e informada. Una de sus referentes es Ruth Zurbriggen.
La activista cuenta que “las definiciones de Nación de vaciar y no proveer insumos para abortos complica y obliga a acciones artesanales de profesionales de salud. Se incrementan los problemas y laberintos. Notamos acciones más trabajosas para que se logre el acceso. Sucede que atienden, recetan y les dicen a quienes quieren acceder a un aborto que compren en farmacias de modo particular”.
Una caja de misoprostol en Argentina cuesta 180.000 pesos (unos 200 euros), en un país con inflación constante y un índice de pobreza cercano al 50%.
Cuando el sistema público funcionaba, en 2023, se distribuyeron 166.164 tratamientos para abortos, cuando en 2020 fueron solo 18.590, aporta el informe del proyecto Mirar.
Hoy, no hay cifras.
Otro eje interesante que resume Mirar es el rol de Poder Judicial: entre 2018 y principio de 2024 se presentaron 38 demandas contra el derecho al aborto legal y seguro en el país.
De ese total, 35 fueron resueltas a favor de mantener las normas vigentes y las restantes siguen pendientes de respuesta sobre su admisibilidad en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
“Algunas sentencias reconocen el valor democrático del proceso de aprobación de la ley, y consideran que la vía para disputar un derecho que tuvo un proceso tan participativo es el Poder Legislativo y no la vía judicial”, destaca una de las autoras del proyecto, la abogada Agustina Ramón Michel.
Y resalta que los tribunales “han sido un espacio para cuestionar la Ley 27.610 con casi nulo éxito, pero también para protegerla”.
“No está en discusión un proyecto de ley en el Congreso de la Nación, ni hay un debate explícito sobre la IVE en el gabinete nacional ni en los medios de comunicación. Aún más, el propio presidente aseguró que el tema no está en su agenda”, agrega otra de las autoras, la socióloga Silvina Ramos.
En Mirar se habla de “amenazas latentes” para el derecho al aborto y las resume así: “La militancia libertaria contra el movimiento feminista y sus logros, las manifestaciones del presidente contrarias al aborto, la ausencia de información sobre la continuidad de las políticas públicas nacionales sobre derechos sexuales y reproductivos, el desmantelamiento del Plan ENIA”.
Todos indicadores amenazantes.
El ENIA fue una política pública que redujo en un 50% los embarazos adolescentes, contribuyó a prevenir los abusos y violencia sexual en la infancia y adolescencia, pero el Gobierno de Milei lo desmanteló. Ahora, se está intentando que sea reconocido por ley para asegurar que se retome.
El rechazo al movimiento feminista “tiene un lugar destacado en el discurso libertario y presidencial, identificado como la última vanguardia militante. La ley IVE es una prenda de disputa política de máximo valor simbólico”, resume el texto de Mirar.
A más de tres de años de aborto legal, el acceso al derecho está garantizado, con disparidades según el lugar del país que miremos, pero está la libertad de elegir, protegida por ley, con indicadores auspiciosos para la salud y en la prevención de abusos a las infancias.
La libertad se sostiene y avanza cuando hay democracia, información pública y gestión estatal.
Hay libertad de decidir. Es ley.
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