El Congreso de Brasil analiza equiparar el aborto legal después de la semana 22 al homicidio

La Cámara de Diputados de Brasil aprobó el miércoles por la noche tramitar con urgencia un polémico proyecto de ley que equipara el aborto legal al homicidio si la interrupción se realiza a partir de la semana 22 de gestación. Tres son los motivos amparados ahora por ley: violación, riesgo para la vida de la embarazada y anencefalia (el feto carece de cerebro). La propuesta es parte de una ofensiva ultraconservadora en el Congreso, donde el presidente, el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva y sus aliados están en minoría, y cuenta con el apoyo de las tres bancadas parlamentarias más poderosas: las de la Biblia, la Bala y el Buey, es decir, la evangélica, la del sector agropecuario y los defensores de las armas.

El proyecto de ley, que puede ser votado en pleno tan pronto como la semana que viene, contempla penas de entre 6 y 20 años de cárcel para las mujeres que se sometan a un aborto legal después de la semana 22. La pena actual por una interrupción del embarazo ilegal va de 1 a 3 años. Las activistas en defensa del derecho a decidir de las mujeres alertan de que, si el endurecimiento es aprobado, significaría que una mujer violada podría ser castigada con el doble de cárcel que su agresor porque en Brasil la pena por violación es de 10 años. También superaría a las penas por homicidio no intencionado, robo, hurto, tráfico de drogas y de armas.

Al caer la noche, cientos de mujeres -y muchos hombres- se han concentrado en la avenida Paulista, la principal de São Paulo, para protestar. Entre los lemas más coreados, “la niña no es madre, el violador no es padre”. Para la jubilada Maria, de 80 años, la propuesta “castiga las niñas y a las mujeres, y apoya a los violadores”, dice, antes de apuntar un factor crucial: “Elegimos un Gobierno progresista, pero estamos en absoluta minoría en el Congreso”. La estudiante de matrona Mariana Borges, de 27 años, ha venido con varias compañeras. “Luchamos por la justicia social y reproductiva”, explica, considera que el proyecto en cuestión equivale “negar el derecho a la salud y a una vida plena”.

Los abortos legales (unos 2.000 anuales) son una ínfima parte de los que se realizan, estimados en torno al millón. Más de 150.000 brasileñas fueron hospitalizadas en 2021 por abortos espontáneos o por complicaciones derivadas de interrupciones clandestinas.

La ministra de las Mujeres, Cida Gonçalves, ha criticado el proyecto en una nota oficial. Dice que “revictimiza a las niñas y mujeres víctimas de violación e impone aún más barreras para el acceso al aborto legal”. También ha recordado un dato estremecedor: 38 niñas menores de 14 años son cada día madres en Brasil, es decir, a ojos de la ley tendrían derecho a abortar como víctimas de violación.

Brasil fue pionero en América Latina en legislar sobre el aborto en 1940, pero hace tiempo que sus vecinos le tomaron la delantera. En los últimos años, los derechos reproductivos de las mujeres han tenido importantes avances en los países más importantes de la región, como Argentina, México, Colombia o Chile. Los tres primeros han despenalizado la interrupción voluntaria del embarazo, sea por vía parlamentaria o judicial.

El presidente chileno, Gabriel Boric, acaba de anunciar una propuesta para legalizar el aborto en su país, solo siete años después de que levantara el veto absoluto para permitir tres causales. A contramano de la región en este asunto, en Brasil la batalla no es por ampliar el derecho sino por garantizar que la ley se cumpla. En eso está más alineado con Estados Unidos.

Los parlamentarios evangélicos brasileños impulsan simultáneamente una propuesta para endurecer la ley de drogas. Intentan en este caso y en el del aborto revertir decisiones adoptadas por el Tribunal Supremo, menos conservador que el Parlamento. Es un pulso institucional en torno a dos de las principales banderas de los ultraconservadores, que apuestan por el endurecimiento legal en ambos asuntos impulsados por el creciente poder y feligresía de las Iglesias evangélicas.

Para el presidente Lula y el Partido de los Trabajadores, este es un asunto políticamente tóxico. Aunque en la última campaña electoral defendió que el aborto debe ser tratado como un asunto de salud pública, ahora que es presidente Lula prefiere esquivar el tema.

El trámite de aprobar la urgencia del proyecto de ley sobre el aborto fue de lo más atípico, pese al calado de lo que está en juego. Sus señorías ventilaron el asunto en 23 segundos por asentimiento, sin debate ni votación pese a las protestas de las parlamentarias del Partido Socialismo y Libertad (PSOL), de extrema izquierda. Una de sus diputadas, Erika Hilton, logró movilizar en redes sociales a los principales clubs de fans de artistas como Anitta o Madonna para alzar la voz contra la equiparación del aborto legal al homicidio.

El Congreso brasileño es el más masculino de la región. Las mujeres solo ocupan el 17% de los escaños, una situación que lo coloca a años luz, por ejemplo, del segundo país latinoamericano más poblado, México. Los vecinos del norte acaban de elegir a su próxima presidenta entre dos mujeres y, gracias a las cuotas implantadas y respetadas hace años, las parlamentarias rondan el 50%.

El empujón parlamentario para endurecer las leyes del aborto y de drogas coincide con un momento de debilidad del presidente Lula. El Gobierno y sus aliados sufren para sacar adelante su agenda legislativa. Este miércoles se supo que el ministro de Comunicaciones es investigado por corrupción y el Ejecutivo ha tenido que anular por irregularidades la subasta para importar arroz y suplir el suministro perdido en las devastadoras inundaciones de Río Grande do Sul.

Ana Luzia, una secretaria de 45 años, acude a la protesta de São Paulo indignada. “Mi preocupación es que se vote y se apruebe o que lo guarden para votarlo en un momento en que las luces no estén encendidas o no estemos movilizados”. Todas las entrevistadas esperan que, si el Congreso aprueba la iniciativa, el presidente Lula la vete.

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