Identificada una nueva víctima de la dictadura uruguaya

“Hoy Amelia vuelve a su casa, a su familia y a su pueblo”. Así expresaron los familiares de los desaparecidos en la dictadura uruguaya (1973-1985) el alivio que ha supuesto la identificación de los restos de Amelia Sanjurjo, víctima de la represión, conocida el martes en Montevideo. Los restos óseos de Sajurjo habían sido encontrados en junio de 2023 en un predio militar del sur de Uruguay, pero su identificación se demoró debido a que no tenía parientes directos con vida. Los familiares de las víctimas recordaron, por enésima vez, que este “proceso lento y doloroso” de casi un año podría haberse evitado si los militares hubiesen entregado la información sobre el destino de los cuerpos de los 197 desaparecidos por el terrorismo de Estado.

Sanjurjo tenía 41 años y estaba embarazada de su primer hijo cuando fue secuestrada en 1977. Era militante del Partido Comunista y se ganaba la vida con la venta de libros. “El 6 de junio se va a cumplir un año del hallazgo de los restos en el Batallón 14 de esta mujer que fue encontrada boca abajo, en un lecho de cal, desnuda, con signos de violencia. Esta mujer que hoy podemos afirmar que se ha logrado su identificación y recuperar su nombre”, dijo en rueda de prensa la antropóloga Alicia Lusiardo, que estuvo al frente del equipo de búsqueda en el predio militar. En el Batallón 14 habían sido hallados en 2011 los restos del maestro Julio Castro, secuestrado en 1977, y en 2012 los de Ricardo Blanco, detenido en 1978. Desde 2005, se han encontrado e identificado en territorio uruguayo los restos de seis desaparecidos.

En la misma rueda de prensa, el fiscal especializado en Delitos de Lesa Humanidad Ricardo Perciballe detalló que este martes recibió los resultados del análisis de ADN hechos en un laboratorio argentino y confirmó que “en un 99,99%” corresponden a Sanjurjo. “Todo se demoró porque las [muestras] de familiares directos no las pudimos obtener”, dijo. Para establecer la identidad, indicó, se debieron buscar muestras genéticas de familiares en Italia y España. “Amelia Sanjurjo Casal fue una militante social y política que por el solo hecho de haber resistido a la dictadura civil y militar fue detenida el 2 de noviembre de 1977 y trasladada al centro clandestino de detención y tortura de La Tablada [en Montevideo]. En ese lugar fue sometida a diversos y aberrantes tormentos que le provocaron su muerte”, especificó Perciballe. El fiscal añadió que en los próximos días se reabrirá la causa judicial sobre la muerte y desaparición forzada de Sanjurjo, que estaba archivada.

“Hoy Amelia vuelve a su casa, a su familia y a su pueblo”, expresó Alba González, integrante de la organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, que participó en la rueda de prensa. González agradeció el trabajo de la Fiscalía, del Grupo de Investigación en Arqueología Forense y del equipo de búsqueda de la Institución Nacional de Derechos Humanos: “Ha sido el trabajo en conjunto el que nos ha permitido poder arribar a la identificación de nuestra compañera en lo que ha sido un proceso lento y doloroso, pero que hoy finalmente nos permite llegar a la verdad de su nombre”. Por otro lado, hizo hincapié en que la espera podría haberse evitado si los militares hubieran roto el “pacto de silencio” que mantienen en torno al destino de las víctimas. “Cuánto más fácil hubiese sido todo si quienes tenían la información la hubieran entregado”, dijo. En ese sentido, insistió en el reclamo que los moviliza desde hace 50 años: “Hoy volvemos a exigir que nos digan dónde están, reafirmamos nuestro compromiso eterno en la búsqueda de memoria, verdad y justicia”.

“Estamos muy felices de darle la identidad a esta persona. Pero mañana seguimos trabajando en el Batallón 14 [donde fueron hallados los restos de Sanjurjo]”, dijo el director de la Institución de Derechos Humanos, Wilder Tayler. Según explicó, próximamente se retomarán las excavaciones en otro predio del Ejército, el Servicio de Material y Armamento, así como en otros terrenos privados. Tayler también recordó que la búsqueda se enfrenta al “pacto de silencio” de los militares, lo que conduce a que la información obtenida sea vaga, de segunda mano, imprecisa. “No contamos con planos o mapas con una cruz. Si contáramos con eso, todo esto se terminaba muy rápido”, agregó.

Consultado recientemente por este periódico, el abogado especializado en derechos humanos Pablo Chargoñia insistía en la necesidad de mejorar las investigaciones que puedan redundar en el hallazgo de los cuerpos de los desaparecidos. “La premisa es que los enterradores no aportan información; apostar a una especie de arrepentimiento o de reserva ética del secuestrador es una quimera”, decía Chargoñia con motivo de la última Marcha del Silencio por los desaparecidos. Para el experto, una de las objeciones que se le puede hacer al Estado uruguayo es la falta de un diseño estatal para que las investigaciones relacionadas con estos casos sigan un plan de mayor eficacia y de mejores resultados. Se necesita, en su opinión, más personal a cargo de las investigaciones, mayor experticia y coordinación en materia de archivos: “La investigación debería desarrollarse en forma coordinada y eso no lo vemos”.

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