Los archivos de la dictadura uruguaya enfrentan al Gobierno con asociaciones de víctimas

A casi 40 años de la recuperación democrática, la opacidad que predomina sobre lo ocurrido durante la dictadura uruguaya (1973-1985), sigue avivando los recelos en la sociedad y cortocircuita las relaciones entre el oficialismo y las organizaciones de víctimas. En las últimas semanas, las desavenencias han escalado a raíz de la aprobación en una comisión del Senado de un proyecto de ley enviado por el Ejecutivo con el fin de permitir el acceso universal a los archivos disponibles relacionados con ese periodo. “Para que se conozca toda la verdad”, insisten desde el Gobierno formado por una coalición de centroderecha. La asociación Crysol, que congrega a 7.000 expresos políticos del régimen dictatorial, discrepa con el proceder de las autoridades y denuncia que no fueron recibidos ni escuchados por los legisladores, en una nota enviada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 4 de octubre.

El ministro de Defensa, Javier García, defendió el proyecto en la comisión de Derechos Humanos y Educación del Senado, asegurando que durante “muchísimos años” esos archivos estuvieron en poder de “muy pocos”. “Hubo una especie de apropiación de algunas pocas personas y no hubo voluntad política para que se conociera toda la verdad. Que no hubo voluntad política es un dato concreto, objetivo, porque si usted tiene durante 15 años los archivos y no hace nada para que tengan conocimiento público, quiere decir que no es por falta de tiempo, es por falta de voluntad política”, señaló García en alusión al Frente Amplio (FA-centroizquierda), que gobernó entre 2005 y 2020. Para el ministro, este proyecto apela a que “nadie, por más encumbrado que sea”, diga a los uruguayos “qué se puede leer y qué no”. “Las censuras son de dictadura”, remarcó ante la prensa.

Con este proyecto el Gobierno busca crear en el Archivo General de la Nación (AGN) una sección destinada a “reunir, organizar y conservar” los documentos relativos al pasado reciente y a las violaciones de los derechos humanos. Abarcaría 153 conjuntos de documentos que en 2011 fueron declarados reservados por el AGN, según publicó el periódico El Observador. No obstante, una parte de estos archivos ya fue revelada por un anónimo en abril de este año en el sitio web archive.org, otra fue publicada por el semanario Brecha en 2017, mientras que otra parte está disponible al público en el Repositorio Luisa Cuesta. Los diferentes archivos de la dictadura hasta ahora conocidos se encuentran dispersos en 17 instituciones públicas y 13 privadas, de acuerdo con una investigación coordinada por los historiadores Álvaro Rico y Vania Markarian, citada por ese periódico. Contienen fichas personales, actas de detenidos políticos, interrogatorios bajo tortura y escuchas telefónicas, entre otros miles de documentos.

“El proyecto del gobierno es muy breve y amplio, habla de la voluntad de hacer públicos los archivos, teniendo en cuenta la protección de los datos sensibles, pero es poco preciso”, dice a EL PAÍS Fabiana Larrobla, excoordinadora del Equipo de Investigación Histórica de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, entre 2015 y 2020. Larrobla señala que no tiene conocimiento de que exista un índice claro y ordenado de estos documentos, qué contiene cada uno, qué es lo que está disponible y lo que no. “El manejo de los archivos ha sido poco claro durante todos estos años y lo sigue siendo”, apunta. Con respecto a qué hacer con ellos, asegura que el objetivo tiene que ser el acceso universal, siguiendo tres pasos fundamentales: control civil, sistematización y protocolos de uso ético, tal y como lo ha expresado el historiador uruguayo Gerardo Caetano al ser preguntado por estos archivos en la radio Sarandí.

Desde el Frente Amplio criticaron el tratamiento “exprés” que se le dio a este proyecto, aprobado en la comisión del Senado el 11 de septiembre, el mismo día en que comparecieron los ministros de Defensa y Educación para explicar su cometido. Por esta premura, señalan en el FA, la comisión no pudo recibir a las delegaciones de la sociedad civil para escuchar sus opiniones. Asimismo, los legisladores sostienen que lo expresado en esta iniciativa del Gobierno ya está previsto en la ley 18.435 que creó el Archivo Nacional de la Memoria en 2008 [nunca implementada hasta ahora]. “¿Por qué no la hacen funcionar en vez de derogarla?”, preguntó la senadora Lilián Kechichián, según consta en la versión taquigráfica. Frente de las críticas del ministro de Defensa, la legisladora defendió la gestión del FA: “No vamos a aceptar que se diga que la fuerza política [FA] que hizo cosas concretas como, por ejemplo, entrar a buscar los enterramientos [de detenidos desaparecidos], quiere ocultar la verdad”.

Gastón Grisodi, presidente de Crysol, asociación de expresos políticos, sostiene que “nunca se opusieron a que se conocieran y difundieran” los archivos del pasado reciente [como lo deslizó el ministro García ante la prensa], mientras se respeten la protección de los datos personales y la dignidad de las víctimas. Pero hace hincapié en que estos archivos no muestran “toda la verdad” sino “la verdad de los servicios represivos”. “Es la verdad de los terroristas de Estado”, remarca. El miércoles 4 de octubre, Crysol envió una carta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la que expresa su preocupación por el hecho de que se les “impidiera” dar su opinión sobre este proyecto de ley que cuenta con los votos para ser aprobado en el Parlamento. “En el marco de una sociedad democrática, Crysol considera que en las comisiones parlamentarias se debe escuchar a todas las partes involucradas, de manera directa o indirecta”, dice la carta.

Para la organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos la propuesta del Gobierno es “absurda y engañosa”, porque lo razonable hubiese sido, sostienen, darle los recursos económicos a la ley que creó el Archivo Nacional de la Memoria en 2008. “El proyecto busca demostrar una voluntad que no existe”, dice a EL PAIS Elena Zaffaroni, integrante de la organización, en referencia a la búsqueda de las 197 personas desaparecidas durante la dictadura uruguaya. En ese sentido, recuerda que la agrupación ha pedido al Gobierno que exigiera información a los altos mandos militares y aportaran los archivos de inteligencia con las operaciones de detención y destino final de cada desaparecido. “No entregaron ninguna información sobre los desaparecidos”, señala.

“Toda la verdad no está contenida ni en uno ni en cien archivos. La verdad es compleja y es interpretable. Los documentos no hablan por sí solos, sino que dialogan con testimonios, contextos o circunstancias”, dice la investigadora Larrobla. Insiste en que se debe permitir el acceso a la ciudadanía a todos estos archivos, porque hasta ahora la “compartimentación y el secreto” han generado “malentendidos, confusiones y sospechas”. “Es muy difícil conversar sobre este tema sin que esté teñido por ideas o creencias acerca del otro. Entonces no conversamos, sino que disputamos quién tiene la razón. No se trata de eso, sino de comprender qué sucedió, para qué y cómo, si es que el objetivo que tenemos como humanidad es que estos hechos no se repitan”, sostiene.