La inhabilitación de María Corina Machado amenaza la apertura internacional de Venezuela

La inhabilitación de María Corina Machado amenaza la apertura internacional que Venezuela ha experimentado en los últimos meses. La Casa Blanca ha dado este lunes un plazo de dos meses para que el Gobierno de Nicolás Maduro permita la participación en las elecciones presidenciales, previstas para este año, de los candidatos opositores eliminados de la carrera. Washington también ha revocado una de las licencias de explotación de oro firmadas después de los acuerdos alcanzados entre el chavismo y la oposición en Barbados. Esta es la respuesta de Estados Unidos a la decisión del Tribunal Supremo de Justicia en la que se reiteraron los vetos a María Corina Machado, la candidata opositora ganadora de las primarias, y el exaspirante presidencial Henrique Capriles.

El plazo de abril está sujeto al vencimiento del paquete de decretos firmados en noviembre pasado, en los que se otorgaron licencias a compañías petroleras de Estados Unidos. Eso fue lo que concedió Washington para lograr que el chavismo volviera a sentarse a negociar con la oposición una salida electoral a la crisis venezolana. Un alivio que, en la práctica, poco impacto ha tenido en la situación económica del país, pero que suponía un primer paso significativo.

El chavismo ha hecho su interpretación de los acuerdos de Barbados. Abrió el camino a cuatro candidatos de menor alcance durante los procedimientos acordados en las negociaciones y bloqueó a Machado, que lidera las encuestas, y al veterano Capriles, que ya enfrentó a Maduro en las elecciones de 2013. Estados Unidos no ha quedado satisfecho con la respuesta y ha jugado a alargar la negociación con un repliegue gradual de las concesiones. “Tienen decisiones que tomar: permitir a los partidos y candidatos de la oposición participar adecuadamente y liberar a los presos políticos. Tienen hasta abril”, ha manifestado en rueda de prensa el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby. A la par, el Departamento del Tesoro hizo una actualización de una licencia que involucra a la Corporación Venezolana de Guayana y Minerven, que controlan la comercialización del oro y toda la producción en las minas del sur de Venezuela. Antes del 13 de febrero deben cerrarse las operaciones con la empresa estatal.

La cuerda está tensada al máximo para volver a otro estancamiento de la crisis en Venezuela. Machado mantiene, por ahora, su candidatura. El chavismo aspira a pasar página y seguir adelante, aunque su interlocución directa con Washington corre el riesgo de resquebrajarse. Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento y jefe de la delegación que negocia con la oposición y Estados Unidos, ha reiterado que la inhabilitación es irrevocable. Venezuela ha suspendido los derechos a postularse de Machado, a quien acusa de ser parte de una trama de corrupción generada durante el interinato de Juan Guaidó, por la que ya fue inhabilitada en 2021, como parte del mismo expediente que le abrió la Contraloría en 2014 por supuestas irregularidades en su declaración jurada de patrimonio de cuando fue diputada.

En los movimientos de los últimos meses, el chavismo logró el alivio de sanciones que hicieron que petroleras de todo el mundo volvieran a establecer negocios con PDVSA. También consiguió canjear al empresario Alex Saab por estadounidenses detenidos en Venezuela y un grupo de presos políticos. Saab estaba detenido en Miami señalado de supuesto lavado de dinero. Para el Gobierno es una ficha clave y el propio Maduro ha dicho que operó como “enviado especial” para gestionar insumos para Venezuela en medio del bloqueo financiero que implicaron las sanciones. Ahora, cuando nuevamente podría endurecerse ese cerco, está en primera línea al frente del Centro de Internacional de Inversiones de Venezuela. Estados Unidos, por su parte, habilitó los vuelos de deportación a Venezuela, como una medida para atender el tema migratorio, uno de los puntos más álgidos para Joe Biden, que este año se someterá de nuevo al escrutinio electoral.

La oposición siguió recibiendo mazazos judiciales y hostigamiento desde el poder. El Gobierno ha denunciado cinco conspiraciones y ha vinculado al equipo de Machado en esos expedientes, sin mayores pruebas, y llevado a la cárcel a varios de sus colaboradores. Esos supuestos planes de magnicidio le han servido para acusar a la oposición de violar los acuerdos de Barbados, mientras arrincona aún más a la principal candidata de la coalición de partidos que está peleando por un cambio de Gobierno tras 25 años de chavismo. Machado ha dicho que se mantiene al tanto de las negociaciones que se están dando entre Estados Unidos y el Gobierno de Maduro. Su intención en desafiar la decisión del poder judicial y mantenerse en la carrera electoral, en la que lidera por mucho las encuestas que se han hecho públicas, tensa la cuerda en un asunto en el que el chavismo no ha demostrado estar, al menos por el momento, dispuesto a ceder.

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