La Furia Bolivariana, el arma de Maduro para intimidar a sus críticos

El chavismo ha bloqueado por la vía judicial a María Corina Machado, la principal líder opositora escogida en primarias para la carrera a las presidenciales de este 2024. Con una inhabilitación inconstitucional, hecha sin juicio, en Venezuela una vez más se están confeccionando unas elecciones a la medida de Nicolás Maduro, que previo a las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia alzó la bandera de la Furia Bolivariana, un plan de control social al que ha convocado a “la unión cívico, militar y policial” para enfrentar cualquier conspiración para sacarlo del poder.

El Gobierno venezolano ha echado mano de tácticas recurrentes. Logró una interlocución con Estados Unidos para flexibilizar las sanciones petroleras y llegó a unos acuerdos de Barbados bastante inciertos. En las negociaciones se pactó un mecanismo para revertir las inhabilitaciones, usadas por el chavismo para sacar del camino a sus adversarios políticos. Con las presiones de Washington, finalmente se ejecutó un procedimiento y el resultado es el que ha querido la cúpula en el poder. Se han quedado por fuera los competidores de fuerza, como Machado y también Henrique Capriles Radonski —que ya se enfrentó a Maduro hace una década— y se ha abierto el paso a aspirantes prácticamente desconocidos y de poco respaldo.

Estados Unidos ha dicho este sábado que las decisiones tomadas por el Supremo socavan las posibilidades de una elección presidencial competitiva, por lo que anunció que revisará su política de sanciones que había flexibilizado en noviembre pasado. Pero para el chavismo así ha cumplido con Barbados y con la comunidad internacional. Y en lo interno ha sacado los dientes.

Esta semana, el 23 de enero, una fecha emblemática dentro de la política venezolana en la que se conmemora la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, que gobernó en la década de los años cincuenta, la Furia Bolivariana se dejó ver. En un ataque coordinado, se hicieron pintadas con amenazas y marcaje de fachadas en al menos 20 sedes de partidos políticos, universidades, emisoras de radio, organizaciones sindicales y gremios en todo el país. También se marcaron las viviendas de algunos activistas. Los servicios de inteligencia detuvieron —y desaparecieron durante horas— a cinco dirigentes políticos de Vente, la agrupación de Machado. La operación coincidió con las denuncias de Tarek William Saab, fiscal aliado de Maduro, de cinco supuestas conspiraciones para asesinar al mandatario.

“Lo que vemos ahora es la institucionalización de una política persecutoria desde el Ejecutivo”, señala la activista de derechos humanos Lexys Rendón, del Laboratorio de Paz, ONG que ha hecho un monitoreo de estas actuaciones. “Es un plan para perseguir a quienes protestan, una política de control social que busca meter miedo y limitar las posibilidades de que la gente se organice en un año electoral, algo que violenta la garantía de derechos y libertades”, denuncia.

En 2020, en medio de las protestas que se desataron en pandemia por la crisis generada por la escasez de combustible, aparecieron las primeras pintas de la Furia Bolivariana contra dirigentes sociales. Entonces parecía una intimidación anónima coordinada por colectivos y grupos de choque del chavismo. Pero ahora, Maduro le ha puesto su apellido al desplegar a todo el aparato del Estado en torno a ese objetivo y ordenar a su ministro de Defensa, Vladimir Padrino, “máxima vigilancia”. “Tenemos una gran responsabilidad, militares de Venezuela, tenemos una gran responsabilidad, policías de Venezuela, pero, sobre todo, le digo que tenemos una gran responsabilidad al poder comunal, poder popular, movimientos sociales, para defender el derecho a la estabilidad”, dijo el líder chavista en televisión hace unos días.

En un momento en que las bases de apoyo del chavismo son precarias, la respuesta represiva da cuenta de esas debilidades, agrega Rendón. La movilización que generaron las primarias de la oposición, en octubre pasado, donde participaron más de 2 millones de personas y Machado resultó ganadora con 92% de los votos, en contraposición con la cuestionada votación en el referéndum sobre el Esequibo son dos hitos recientes en los que el chavismo confirmó que está en su peor momento. La oposición, después de una etapa de arrinconamiento, volvió a reconfigurarse en torno a Machado y convertirse en amenaza cierta para una cúpula que no está dispuesta a perder el poder. El chavismo está acusando recibo de ese golpe. “Lo que tememos ahora es que una respuesta más vertical y hegemónica, de control social y persecución por razones políticas, que es por lo que ya se está investigando en la Corte Penal Internacional, esté en un aumento significativo”, dice la defensora.

El Gobierno ha creado una estructura de control social anclada a servicios básicos como en acceso a las bolsas de comida del Clap y la provisión de bombonas de gas para cocinar, gestionadas por los llamados jefes de calle adscritos a las llamadas Unidades de Batalla Bolívar Chávez, que son parte de la maquinaria electoral del chavismo. Es ese el poder comunal al que le hablaba Maduro cuando convocó a la Furia Bolivariana, un organigrama que también está integrado a la llamada Red de Articulación y Acción Sociopolítica, creada por el líder chavismo hace un par de años para hacer trabajo de inteligencia a favor del PSUV (Partido Socialista Unido de Venezuela).

“Después de las primarias del 22 de octubre, el Gobierno entró en un período de suma debilidad, que lo obliga a echar adelante un proceso de mucha violencia y eso es la Furia Bolivariana”, señala Mirla Pérez, del Centro de Investigaciones Populares. La investigadora señala que la penetración de estas estructuras es alta, pero cuentan con un gran rechazo, de acuerdo al monitoreo que hacen en el Observatorio de Comunidades Covivium. “En las primarias pudimos observar que gente a la que amenazaron con quitarles las bolsas de comida si salían a votar igual lo hicieron”, añade. “La coacción existe, el problema para el sistema es que ya no tiene el efecto que espera el Gobierno”.

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