La Registraduría entierra la aspiración presidencial de Daniel Quintero

Daniel Quintero, el exalcalde de Medellín que sembró la discordia en la izquierda colombiana en los últimos meses, se ha quedado por fuera de las elecciones presidenciales. O por lo menos así lo señala la Registraduría Nacional, que ha rechazado este jueves su petición de inscribirse por firmas al considerarla “inviable jurídicamente”. Quintero, considera la entidad, debe respetar el resultado de la consulta del Pacto Histórico, en la que se impuso el senador Iván Cepeda. Aunque el exalcalde renunció unos días antes de la votación, el plazo para hacerlo ya había vencido. La jugada política de Quintero, que produjo críticas entre sus antiguos aliados, se ha convertido en un tiro en el pie.

La Registraduría había guardado silencio luego de que el exalcalde anunciara el 27 de octubre que inscribiría un comité de recolección de firmas, un trámite que se hace ante esa entidad y que tiene varios requisitos. Ante la incertidumbre jurídica, había remitido la solicitud al Consejo Nacional Electoral (CNE), el órgano que regula la actividad electoral en el país. “No es competencia de la Registraduría [evaluar si la solicitud es procedente]. El CNE definirá si hay lugar o no a la autorización para la recolección de esas firmas”, había dicho el jefe de la institución, Hernán Penagos. Sin embargo, el órgano electoral respondió el 29 de octubre que la decisión sí era competencia de la Registraduría. Con ese aval, la entidad que dirige Penagos se pronunció de fondo sobre el asunto.

En su argumentación, el registrador delegado en lo Electoral cita la ley 1475 de 2011, que señala que el resultado de las consultas “será obligatorio” para los participantes y que un precandidato es considerado como tal desde el momento en el que “su inscripción ha quedado en firme”. “Quienes hubieren participado como precandidatos quedarán inhabilitados para inscribirse como candidatos (...) por partidos, movimientos, grupos significativos de ciudadanos o coaliciones distintas”, se lee en un fragmento de la ley. Con esto en cuenta, explica la entidad, la recolección de firmas de Quintero constituiría “un acto final ilícito”. “La autoridad no puede permitir la realización de un procedimiento que culminaría en un acto contrario al derecho”, subraya.

Organizaciones como la Misión de Observación Electoral (MOE) y antiguos aspirantes de la consulta del Pacto Histórico, como Susana Muhamad, habían advertido de que las nuevas aspiraciones de Quintero eran inviables. Él, sin embargo, había insistido en que se había inscrito en la consulta con la expectativa de que sería considerada como partidista, lo cual le permitiría participar en otra inter-partidista en marzo. Como ese reconocimiento aún es incierto y el CNE no se pronuncia de fondo, consideró que tenía fundamentos para bajarse sin quedar inhabilitado.

Quintero ha anunciado en la tarde del miércoles que recurrirá a la justicia para intentar salvar su candidatura. “Vamos a usar todos los mecanismos legales, pero también los morales y ciudadanos, porque este país no puede seguir siendo secuestrados por los mismos”, ha declarado en un video publicado en sus redes sociales. Ha definido la resolución como “un golpe contra la democracia” y ha asegurado que es un parte de una maniobra para que “todo siga igual” en la política colombiana, sin los cambios profundos que él dice representar. “[Las autoridades electorales] violan la voluntad popular, así silencian a los que no nos arrodillamos”, ha comentado.

El Pacto Histórico, por su parte, le ha mandado al registrador delegado en lo Electoral una carta en la que señala que no hubo “participación efectiva ni vinculante” de Quintero en su proceso para elegir un candidato presidencial. El movimiento argumenta que un fallo del Tribunal Superior de Bogotá a principios de octubre “modificó las condiciones bajo las cuales se adelantó la consulta”: al desconocerse al Pacto Histórico como un partido unificado, Cepeda y Carolina Corcho optaron por inscribirse el 22 de octubre en otra consulta organizada dentro del Polo Democrático Alternativo. El exalcalde de Medellín ha señalado que él nunca se inscribió como parte de este partido y ha señalado que presentará la misiva del Pacto Histórico en la justicia. “Seré candidato a la Presidencia de la República”, ha asegurado.

La Registraduría ha explicado en la resolución de este jueves que Quintero, Cepeda y Corcho presentaron un acuerdo el 26 de septiembre, suscrito por los representantes legales de la Unión Patriótica, el Polo Democrático y el Partido Comunista. Después, el 3 de octubre, venció el plazo para hacer modificaciones sin que se recibiera “ninguna solicitud” por parte de los implicados. La entidad le remitió el tarjetón a las organizaciones políticas. Allí, figuraban los nombres y las fotos de los tres aspirantes, junto a la leyenda “Voto para la consulta de candidatos a presidente de la República”. La entidad, además, negó haber recibido “comunicación alguna” por parte de los partidos para retirar la inscripción del exalcalde de Medellín.

Un actor disruptivo

La candidatura de Quintero, un político conocido por su estilo estridente y populista, produjo discordia en la izquierda colombiana desde el primer momento. Las bases tradicionales del progresismo lo cuestionaron durante meses por estar imputado en una causa de corrupción por denuncias de su periodo como alcalde de Medellín (2020-2023) y por alejarse de los acuerdos programáticos del partido —propuso cerrar el Congreso, acabar con las notarías, repartir lavadoras—. Cuando parecía que podía ganar la consulta, precandidatos como Gustavo Bolívar, Susana Muhamad y María José Pizarro se bajaron para apoyar a Cepeda. Muhamad, exministra de Ambiente de Gustavo Petro, fue la más contundente en expresar su enojo tras la decisión del exalcalde de retirarse. “Los partidos del Pacto Histórico deben llamar a cuentas a Quintero, que no se puede retirar solo a estas alturas (...). La irresponsabilidad de este señor es gigante”, dijo.

Tras la victoria de Cepeda, el exalcalde intentó retomar la iniciativa con el proceso de recolección de firmas. Estaba corto de tiempo: el plazo para presentar 630.000 apoyos —el 3% de los votos válidos de los comicios de 2022— vence el 17 de diciembre, y los demás aspirantes que buscan presentarse por este mecanismo recorren el país desde hace meses para ello. Quintero aprovechó estas semanas para victimizarse. Acudió a la Registraduría sin una cita, grabó un video cuando no lo dejaron entrar, y anunció en redes sociales que interpondría acciones judiciales. Después, mientras la entidad estudiaba su solicitud, denunció que le estaban quitando tiempo valioso. “La demora de la Registraduría es una estrategia calculada para dilatar el proceso”, dijo el miércoles.

Ahora, que ya tiene una respuesta, emprenderá un largo camino en la justicia. Sin embargo, el inicio no es prometedor: un juzgado de Bogotá ha desestimado este jueves una tutela que había presentado Quintero por las supuestas dilaciones de la Registraduría.